Votos sin propaganda ni publicidad
El 1 de junio, México vivirá una elección histórica: por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Un proceso sin precedentes que busca dar mayor legitimidad al sistema judicial, pero que también impone retos estratégicos, especialmente en comunicación, posicionamiento y movilización electoral.
Uno de los principales desafíos es que los candidatos no estarán respaldados por partidos políticos ni podrán hacer campaña con inversión publicitaria. Sin acceso a financiamiento público o privado, su posicionamiento dependerá de estrategias alternativas y del respaldo de redes profesionales y sociales. Además, no podrán destinar presupuesto publicitario en redes sociales oficiales o vinculadas con su campaña, lo que reduce aún más las opciones de promoción.
En este contexto, el activismo digital y las redes de influencia jugarán un papel clave. Sin spots, bardas o utilitarios como playeras, gorras o vasos, los candidatos deberán construir su identidad a través de alianzas con líderes de opinión, embajadores de marca y comunidades digitales que amplifiquen su mensaje de forma orgánica. Veremos cómo redes institucionales, grupos de profesionistas y barras de abogados se agrupan en torno a perfiles afines para trabajar conjuntamente, difundir sus propuestas y movilizar el voto.
La ausencia de marcas partidistas será un reto, pero también lo serán las estrictas restricciones de campaña. No podrán contratar espacios en radio o televisión, rebasar topes de gasto, usar recursos públicos ni anticiparse con actos de promoción fuera de tiempo. Funcionarios públicos y ciudadanía también tendrán limitaciones en su participación, evitando influencias indebidas en el proceso.
El posicionamiento en esta contienda no se dará a través del reconocimiento de un logo o de una gran campaña publicitaria, sino de la construcción de identidad propia. Los aspirantes necesitarán generar una narrativa clara que los distinga y conecte con los sectores clave que pueden impulsar su candidatura.
Este proceso también pone a prueba el modelo de independencia judicial. Si bien la elección popular puede fortalecer la legitimidad del sistema, también existe el riesgo de que la justicia quede sujeta a dinámicas electorales y de influencia. El reto será que los perfiles elegidos representen mérito y capacidad, y no solo la habilidad para construir estructuras de apoyo.
Los ciudadanos, por su parte, enfrentarán una elección sin precedentes, con boletas extensas y sin referencias partidistas. Esto obligará a un voto mucho más analítico, basado en la investigación y el conocimiento de los candidatos.
Esta elección no solo definirá quiénes ocuparán los cargos más importantes del Poder Judicial, sino también si este modelo es viable para el futuro. La comunicación política, el activismo digital y las alianzas estratégicas determinarán qué perfiles logran posicionarse en un entorno donde el impacto dependerá más de la estrategia que del presupuesto.
Como dijo Winston Churchill: "Sin una estrategia, la ejecución es solo ruido antes de la derrota."
Y en esta contienda, la diferencia no la hará quien tenga más recursos, sino quien entienda mejor cómo conectar con el electorado en un entorno de reglas completamente nuevas.
El autor es consultor en Comunicación Política
