Un virtual golpe de Estado

Lo que sucedió en la sesión del Congreso del Estado del pasado jueves 30 de junio y que se extendió, violando la ley hasta la madrugada del viernes primero de julio, fue un virtual golpe de Estado ejecutado por el Grupo Parlamentario del PAN con ayuda de lo que queda del PRI.

Las reformas y las modificaciones realizadas por los panistas y los priistas pasaron por encima de los procedimientos legislativos. Las aberraciones fueron descaradas. La más notoria: la creación de una Super Fiscalía.

Además de asumir responsabilidades que no le corresponden como el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y de 'Los GOPES', ahora resulta que la Fiscalía General de Justicia del Estado aprobará a los proveedores de servicios y de obras del gobierno de Tamaulipas. Eso es un franco disparate.

Todo lo avalado por azules y tricolores se caerá en su momento. No hay forma que se mantenga firme porque, ante la prisa, dejaron múltiples cabos sueltos y, sobre todo, atentan contra la normatividad administrativa gubernamental. Las distintas instancias jurisdiccionales corregirán los abusos y los excesos perpetrados por el partido que todavía detenta el poder ejecutivo estatal.

Lo que quedó claro es que, en particular, Acción Nacional no acepta la voluntad popular expresada en las urnas en la histórica jornada electoral del 5 de junio cuando 731 mil ciudadanos decidieron darle su voto y el triunfo al hoy gobernador electo Américo Villarreal Anaya, que portó la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional en alianza con el Partido Verde y el PT.

Ese es el fondo del asunto: con triquiñuelas, con trampas, con chapuzas, los diputados locales panistas quieren restarle margen de maniobra al gobierno que tomará las riendas de Tamaulipas el próximo primero de octubre.

Eso es lo que quieren los legisladores blanquiazules que obedecen las instrucciones dictadas desde Casa de Gobierno: que Américo Villarreal tenga la mayor cantidad de dificultades y obstáculos en sus primeras semanas de gestión. Ese es el nombre del juego.

Las irregularidades fueron múltiples durante la sesión legislativa que, para comenzar, tuvo que concluir a la medianoche del jueves 30 de junio.

Así lo establece la ley tamaulipeca: el Congreso tiene dos periodos de sesiones por año. El segundo periodo comienza el 15 de enero y termina el 30 de junio. Sin embargo, los panistas extendieron la sesión hasta casi las 5 de la mañana del viernes primero de julio... sin la presencia de los diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano.

Ahí, cuando ya no estaban los legisladores morenistas, el Grupo Parlamentario del PRIAN convocó a una tercera votación para elegir a los integrantes de la Comisión Permanente, violando un acuerdo previo que ya se tenía con Morena y MC. Un robo en despoblado. El agandalle.

Esta Comisión Permanente, cuyas secretarías deberían estar en manos de diputados morenistas, es relevante porque es la que tomará protesta a Américo Villarreal como gobernador en la sesión legislativa del primero de octubre.

Cierto, durante la controvertida sesión legislativa, una diputada de Morena, al jalonear el ánfora donde se depositan los votos, la rompió y provocó que un vidrio pegara en el rostro de la legisladora neopanista Leticia Vargas. Eso no debe suceder.

Fue, sin duda, una actitud infantil e inmadura de alguien que ha tenido destacadas participaciones en tribuna... pero ese hecho es una simple anécdota ante lo que se puede calificar como un virtual golpe de Estado perpetrado desde el Congreso.

Sin la presencia de los alcaldes de Tampico y Ciudad Madero, Chucho Nader y Adrián Oseguera, quienes tienen asiento en el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona Conurbada, tomó protesta Gabriel Guerra Turrubiates como nuevo gerente general.

Al acto protocolario asistieron personajes encargados de dependencias estatales, según indica el boletín oficial que hasta habla de 'la democratización' del organismo tras las reformas aprobadas al vapor por el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Dicha 'democratización' es una auténtica vacilada.

Esas modificaciones caerán en su momento con cualquiera que interponga una controversia constitucional que exija el respeto al artículo 115 constitucional.

Ese artículo es muy claro: la prestación del servicio de la distribución del agua potable es una función de los municipios. Gabriel Guerra, quien es abogado y hasta carga con un título de 'Master', lo debe saber perfectamente.

La constitución está por encima de todo reglamento estatal o local y más si se trata de una aberración legislativa aprobada al vapor. Así de fácil y así de sencillo.

Esa controversia constitucional no solo la pueden interponer los presidentes municipales de Tampico y Madero, sino cualquier grupo de regidores de la ciudad de las jaibas y de la urbe petrolera con la ayuda de un litigante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargará de tumbar en el futuro a quien ayer tomó protesta como gerente general de la Comapa de la Zona Conurbada.

Por cierto, Adrián Oseguera sigue en comunicación directa con los directivos y padres de familia de las escuelas de Ciudad Madero a fin de escuchar sus peticiones y encaminar esfuerzos para invertir y mejorar la infraestructura educativa.

Durante la gestión de Adrián Oseguera en Madero 45 escuelas, de distintos niveles de estudio, han sido beneficiadas con la gestión municipal.

Así sucedió en días recientes con el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) del DIF, ubicado en la colonia Sahop: con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se le dio el mantenimiento que requería.

En el Centro de Atención Múltiple (CAM) que lleva por nombre 'María del Carmen Sinencio Chávez se construyó un comedor escolar que beneficia a 114 estudiantes. Los recursos canalizados también fueron federales.

A estos eventos, Adrián Oseguera estuvo acompañado de su esposa Ana Cristina Organista, presidenta del sistema DIF local.

En Ciudad Madero la educación es prioridad.

Lamentable: Cinthya de la Cruz Martínez, la hija del periodista Antonio de la Cruz, arteramente asesinado el miércoles pasado, finalmente falleció ayer a pesar del encomiable esfuerzo de los médicos del Hospital Civil de Ciudad Victoria.

¿Por qué quitarle la vida a una jovencita de apenas 23 años de edad? ¿Por qué? ¿Por qué destrozar la vida de una familia de bien? ¿Por qué?

Las oraciones de esta columna están con ellos.