Significados y retos del operativo ´Enjambre´

Falta que las detenciones signifiquen el fin de la pinza que atenaza a familias sujetas a extorsiones de quienes se saben dueños de vidas y bienes

En México impacta, mas no sorprende, que en una redada caigan siete funcionarios municipales, entre ellos una alcaldesa, acusados de facilitar actividades a conocidos grupos delincuenciales. Esto, ocurrido el viernes y que sigue en marcha, ¿es el inicio del fin de la extorsión?

El operativo Enjambre, que implicó a centenares de efectivos de la Federación y del Estado de México, logró ejecutar el 22 de noviembre la mitad de catorce órdenes de aprehensión contra funcionarios de diversos municipios por su presunta complicidad con criminales.

Para resaltar la dimensión del operativo basta echar un ojo a la geografía en donde se detuvo a funcionarios que van, desde una alcaldesa (la de Amanalco) hasta un titular del DIF, cargo honorífico, si tal cosa existe, que ostentaba el esposo de la alcaldesa de Tonatico.

Esa revisión en el mapa obliga a destacar que el operativo alcanza a la Ciudad de México, pues dos de los municipios en donde se llevaron a cabo detenciones son parte de la metrópoli: Naucalpan e Ixtapaluca, en este se detuvo al jefe operativo y a un jefe de región.

No hay que exagerar la importancia de Naucalpan dentro de la dinámica capitalina: residencia y destino de cientos de miles de personas que transitan a diario por la Ciudad de México. Ahí cayó el subdirector de seguridad ciudadana.

Otra forma de decir lo mismo: las detenciones de Amanalco, donde la presidenta municipal y su director de seguridad fueron apresados, implican, por colindancia, a Valle de Bravo, uno de los destinos favoritos de las y los capitalinos, y no solo en fin de semana.

Estamos, pues, ante un golpe no en sitios remotos de geografía poco conocida. Para sorpresa de nadie, han caído funcionarios de seguridad de lugares donde de una forma u otra transcurre parte de la vida cotidiana de quienes habitan la capital de la República.

Empero, la importancia del operativo ha de probarse esencialmente en las poblaciones donde fueron los arrestos. Porque falta que estas detenciones signifiquen el fin de la pinza que atenaza a familias sujetas a extorsiones de quienes se saben dueños de vidas y bienes.

La extorsión es el delito que incluso la autoridad federal reconoce que ha crecido. A falta de conocer cada uno de los expedientes de los acusados y detenidos en esta redada, se informó sin embargo que una de las imputaciones genéricas es por facilitar la extorsión.

De hecho, el director de la policía de Texcaltitlán, donde en diciembre de 2022 murió una decena de presuntos delincuentes a manos de una población harta de ser esquilmada, se suicidó este viernes justo en el momento en que el operativo Enjambre procedía a detenerle.

En lo que se ejecutan otras capturas, es preciso destacar que la espectacular forma de comunicar el operativo acentúa el hecho de que este tiene aún que pasar varias pruebas antes de significar el principio del fin del reino de los criminales sobre poblaciones enteras.

Porque lo más importante hasta ahora es la espectacularidad del operativo. Dicho con todas sus letras: la redada llama la atención por el mensaje de que Federación y estados, en este caso la entidad mexiquense, decidieron elevar la visibilidad a estos arrestos.

Que las detenciones sean informadas por el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, que se realicen no con apoyo de fuerzas federales, sino conjuntamente con estas, y que hasta se le ponga nombre, no puede sino ser interpretado como un cambio de política pública.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido que la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno será uno de sus distintivos, y el operativo Enjambre estaría fijando un precedente. Y en ese sentido, enviando una advertencia.

La República está plagada por autoridades municipales cómplices del crimen organizado por acción u omisión. Esa debilidad institucional no es nueva, baste recordar que en tiempos de Calderón incluso tuvimos un Michoacanazo, donde se detuvo a una docena de alcaldes.

Y precisamente ese funesto antecedente de 2009 obliga a tomarse el espectacular operativo de ayer, incluida la forma cuasicalderonista en que se presentan las fotos de los detenidos, con un grano de sal: no por mucho detener llega la justicia, y menos se acaba la extorsión.

Con Enjambre, García Harfuch apuesta a lo mediático. Porque en lo estrictamente judicial, la autoridad mexiquense llevaba meses trabajando esas carpetas (de hecho, en septiembre hubo detenciones parecidas), pero darle potencia federal eleva la expectativa.

Las detenciones no pueden quedarse ahí. En todos los municipios en donde el o la alcaldesa no fue detenido, y sin menoscabo de su presunción de inocencia, ha de investigarse cuánto sabía la máxima autoridad municipal de los pasos en que andaban sus colaboradores.

Lo mismo aplica para los partidos que postularon a esos ediles, porque desde el proceso electoral mismo, como se sabe, se suele comprometer a los candidatos a cumplir acuerdos sobre nombramientos como, precisamente, los de seguridad pública.

Las investigaciones han de seguir su curso y, también hay que decirlo, probar ante un juez que en efecto los detenidos son culpables de lo que se les acusa, y que las pruebas correspondientes fueron obtenidas en estricto apego al debido proceso.

Por tanto, y contrario al Michoacanazo, es clave que los jueces sentencien la culpabilidad de quienes son acusados; y que se confirme que no son chivos expiatorios detenidos para cubrir las apariencias, sino los primeros eslabones de una cadena que ha de caer entera.

Ese segundo paso es obligado. La extorsión —la captura de todo tipo de mercados, la dominación territorial, y delitos como el homicidio o el rapto como represalia a quienes se resisten—, no puede ocurrir sin la complicidad o negligencia criminal de autoridades de más alto nivel.

En lo que vemos si van más arriba, logro indiscutible del operativo es que todas las autoridades que se saben omisas o comprometidas han de poner sus barbas a remojar, ser proactivas al declarar cuentas en orden, y eso aplica desde luego mucho más allá del Edomex.

Lo mismo para la Federación, que está obligada a ir a fondo en entidades —de Chiapas a Guerrero, de Tamaulipas a Colima, etc,— donde la gente vive con el temor de la extorsión, y de las fatales consecuencias de no atender la ley de plata o plomo de los cárteles.

El operativo Enjambre, además, declara la guerra a todas las organizaciones criminales, pues la acusación que sostiene las detenciones de este viernes no es en contra de un solo grupo. ¿Este escopetazo es el inicio de un nuevo escobazo al avispero?

García Harfuch inaugura así los poderes constitucionales que le otorgó el Congreso de la Unión. Porque Enjambre además tendría otra virtud institucionalmente hablando: al ir conjuntamente las corporaciones, se minimiza el riesgo de que solo una de estas sufra represalias.

Deteniendo con espectacularidad a funcionarios municipales por extorsión. Así arranca el sexenio de Sheinbaum, con una "multitud de abejas con su maestra que juntas salen de una colmena para formar otra colonia", según reza la RAE sobre el significado de Enjambre.

En cuántos municipios estarán rezando para que también vayan tras de sus autoridades, porque en México impacta, mas no sorprende, que quien está en el gobierno también trabaja para el crimen.