Seguridad inmediata

Cuando el contrato con la empresa Tres 10, S.A. de C.V., que hizo el Gobierno del PAN, entró en vigor una vez publicado el decreto, el 21 de diciembre del 2018 y firmado el junio del 2019, para instalar cientos de cámaras de videovigilancia desde Reynosa, no parecía una mala señal, por el contrario.

La vigencia del contrato sería de 6 años y terminaría el 27 de diciembre del 2025, y se destaca que el mismo, de APP, representó un importe neto de 4,058 millones 456 mil 110 pesos y la fuente de pago fueron las participaciones federales que corresponden al Estado. 

Es decir, si el gobierno del PAN terminaría en septiembre del 2022, le restaría un par de años a la concesión entregada a la empresa privada, que tendría sujetas las participaciones federales hasta diciembre del 2025.

Por cierto, tanto la Fiscalía General de la República como la Auditoría Superior de la Federación mantienen una investigación abierta y extraña que la Contraloría de Gobierno y la misma Auditoría Superior del Estado no le den seguimiento, pero bueno.

Dos aspectos que no deben pasar por alto es que un gobierno decidió concesionar, entregar, poner en las manos de una empresa la videovigilancia en la frontera del estado, donde los grupos delictivos presionan a cualquier gobierno.

Otro apartado es que se endosó un pago que comprometió al estado pagar mensualmente 58 millones de pesos durante seis años, y con ello heredó la deuda a la actual administración.

Morena, con su mayoría en la 65 Legislatura, decidió cancelar el contrato con la empresa. Se expuso, en ese momento, que el "desarrollador" prestó servicios a partir del de 27 de junio de 2019 al 10 de mayo del 2023, destacando que el contrato conservó su vigencia hasta el 15 de diciembre del 2023, de tal suerte que al iniciar esta administración y después de una auditoría se decidió finiquitar los servicios con la empresa.

La empresa decidió interponer una serie de amparos y desde el 10 de mayo del 2023, dejó de contar con la prestación del servicio objeto del contrato de APP durante un acumulado de 203 días consecutivos, en los que las obligaciones del mismo estuvieron suspendidas.

El gobierno de Américo tuvo que hacer una contratación "emergente" para cubrir el mantenimiento de la infraestructura tecnológica que requieren los C5 y los subcentros regionales.

Los amparos de la empresa fracasaron y el gobierno decidió terminar anticipadamente el contrato de APP No. CAPP-TAM-SGG-1901 y que se notificó a la empresa el 15 de diciembre del 2023, se suscribió el convenio para finiquitar los servicios con la empresa que recibió dos pagos, uno el 31 de diciembre del 2023 y el segundo el 2 de febrero del 2024.

Todo este proceso, meteórico, se frenó que el dinero del estado saliera de Tamaulipas, precisamente, sin olvidar que un particular sabía y monitoreó lo que pasaba en las calles; el control no lo tenía el gobierno.

Pues ahora, con la medida que el Gobierno tomó para el crédito de 1,123 millones de pesos, destaca la ruta que tomó la administración de Américo Villarreal para no endeudarse ni comprometer el 100% de participaciones federales y menos de los Fondos.

Y esto llega, además, porque ayer el vocero de Seguridad, Jorge Cuéllar, fue muy claro: Tamaulipas no se endeuda, por el contrario, el estado accede a recursos de manera anticipada gracias al cumplimiento de reglamentaciones estrictas impuestas por Banobras y la Secretaría de Hacienda, un logro que pocos estados pueden presumir.

Desde la semana pasada, se especuló sobre un endeudamiento para el financiamiento de 15 estaciones de seguridad para las carreteras que unen la ribereña.

Jorge Cuéllar aclaró que el financiamiento es parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, un esquema diseñado para beneficiar a estados responsables y bien gestionados. 

El hecho de que Tamaulipas califique para estos recursos demuestra que la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya no solo tiene sus finanzas en orden, sino que ha sabido posicionar al estado como un modelo de confianza ante instancias federales.

Insistió en que no se trata de una deuda, sino de un beneficio estratégico que sienta las bases de un proyecto transformador. 

Durante al menos 30 años, la carretera Reynosa-Nuevo Laredo ha sido símbolo de abandono, inseguridad e incertidumbre para quienes la transitan. 

Las 15 estaciones de seguridad que se construirán serán mucho más que puntos de vigilancia. Estarán equipadas con tecnología de punta, como antenas transmisoras de radio, telefonía y sistemas de videovigilancia; estas estaciones garantizarán una cobertura de seguridad integral en una de las zonas más transitadas y vulnerables de Tamaulipas. 

Este proyecto no solo busca proteger a los ciudadanos, sino también reactivar la conectividad y el comercio en la región, sentando un precedente para otros estados del país.

Tamaulipas no está para más endeudamientos, a pesar de que la anterior administración sólo dejó en caja 2 millones de pesos, Américo ha tenido que paliar esta situación tocando puertas con la Federación; por eso, ha obtenido una estabilización en su gobierno y ahora para enfrentar la inseguridad se requiere tener una reacción inmediata ¿y en qué momento se hace?, después de esa reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Es una estrategia inmediata que no va a generar deudas al gobierno; ahora, habrá que ver que sea efectiva la estrategia de las Estaciones Seguras.