Reforma Judicial de AMLO, algo rescatable

Desde que inició el presidente López Obrador mostró animadversión a la Suprema Corte. Habría que encontrar de dónde proviene tanto odio. ¿Serán los pajaritos que puso en su cabeza el inefable Genaro Góngora cuando fue su asesor jurídico? Sin disimulo, en su toma de posesión negó el saludo al presidente de la Suprema Corte. Una majadería política, craso desprecio al principio de división de los poderes. El odio presidencial ha permeado, al grado que la promesa de campaña de Claudia Sheinbaum es liquidar al Poder Judicial, propone la elección popular, directa de los ministros de la Corte, así como retirar los apoyos que el Ejecutivo, en acato a la Constitución, debe facilitar al Poder Judicial. 

Si no se es fan de la 4t, es casi imposible, en conciencia, encontrar proyectos atendibles. En lo que propone AMLO hay siempre un contenido sectario, partidista, excluyente. No obstante, ahora el presidente ha formulado una propuesta que merece la atención de todos los legisladores, no solamente de sus incondicionales.  

Ha propuesto la elección popular de los ministros de la Corte, así como la cancelación de la doble presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, a cargo de una sola persona.  La elección popular de los ministros es un desplante demagógico, de lograrse, al obtener Morena en la mayoría calificada en el Congreso (2/3), alterarían principios constitucionales como la división de poderes; la independencia del Poder Judicial y la autonomía de sus integrantes; el Estado de Derecho y la garantía de la supremacía constitucional.  

El único país en el mundo que se atrevió a semejante tontería es Bolivia, en donde se vive un caos judicial. Se habla en ese país de una "captura política´ de los tribunales. ¿Quién defiende a los bolivianos de su gobierno, solamente el propio gobierno? ¿Será ese el destino de los mexicanos?  

La otra propuesta, la de cancelar la doble presidencia de la Suprema Corte y del Consejo, le daría al Consejo de la Judicatura Federal el rango constitucional que debió tener desde 1995 y que nadie ha planteado institucionalmente. Ni siquiera Zaldívar, tan afín al régimen, cuando presidente de la Corte abordó el tema, pues hubiera renunciado al control de jueces y magistrados.  

En México el CJF es un florero (AMLO Dixit). Sus integrantes no pueden designar, como los ministros de la Corte, a su presidente. Tampoco pueden sesionar, sin que esté presente el presidente y tampoco pueden convocar a sesiones extraordinarias o urgentes como acontece con cualquier órgano colegiado. La presidenta de la Corte y del Consejo es juez y parte en los asuntos en que las facultades de ambos órganos se entrelazan. Cuando la presidenta de la Suprema Corte participe en una decisión que afecte al otro órgano, la consecuencia jurídica es que debería excusarse de conocer el asunto en que ya hubiera expresado previamente su criterio. De excusarse no estaría cumpliendo con su responsabilidad, como cabeza de la Corte o del Consejo, según fuera el caso, o bien de externar un criterio diverso al que hubiera expresado anteriormente, además de una aberración, podría incurrir en responsabilidades. 

La propuesta de AMLO no es original. En la primera etapa del Consejo de la Judicatura (1995-2000), dos consejeros habíamos llamado la atención sobre esta inconsistencia constitucional que nadie atendió. Un nuevo Consejo de la Judicatura Federal, autónomo, con su propio presidente, es un paso adelante. La elección popular y directa de los ministros, por el contrario, no es ir para atrás es ir al precipicio. Finalmente: quemar piñatas de la ministra Norma Piña y otras de AMLO no harán que mejore la justicia. (Consejero fundador del Consejo de la Judicatura Federal)