Que en alguien quepa la justicia

El Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ayer instó a la Fiscalía General del país y sus instancias, a la Corte Suprema y las suyas, a que den cuenta de las investigaciones y procesos abiertos contra el Gobernador de Tamaulipas.

En un desborde de cinismo, que mueve a indignación e impotencia social, no se diga entre los directamente involucrados, cada que el PAN comete una fechoría, así en, como desde, el Gobierno y el Congreso Local, escupen a sus víctimas: si no te gusta, denuncia.

Los valladares de impunidad tras los que se mueve este régimen corrupto y corruptor, amenazan con prolongarse más allá de la frontera sexenal, que le marcaron los ciudadanos en las urnas del pasado 5 de junio, al cobijo de los renglones torcidos jurisprudenciales.

Un año después de que la Unidad de Inteligencia Financiera evidenció las rutas del dinero y las propiedades malhabidas, que aquí desde el inicio se han escuchado hasta en los ladridos de cualquier perro callejero,

El mismo año de que la Cámara de Diputados le retiró el fuero y los Ministros, que parecen responder más a las complicidades de los expresidentes que los pusieron, que a las primicias de la justicia, siguen ensanchando el espectro de impunidad continuada.

La Suprema Corte, en tanto tiempo, no ha sido capaz de decir que, en efecto, FRANCISCO "N" ha cometido infinidad de delitos y debe pagar por ellos, pero su Consejo de la Judicatura sí se apresuró a desmentir la detención del Juez Federal que le amparó y descongeló cuentas.

 No habían pasada tres horas, entre que el Senador NARRO CÉSPEDES había dictado conferencia de prensa con aquellas "primicias" y el vocero del pleno jucidial salía a desmentirlo.

No faltaron quienes aprovecharon el barco, para decir que las otras afirmaciones del Senador, respecto de una segunda orden de apprehension por delitos electorales, ya en manos de fuerzas federales en vías de cumplimentación, tampoco eran ciertas.

Bueno, pues si no es así, que digan cómo es.

He ahí la excitativa presidencial: que el Fiscal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministro de la causa o el Ministro Presidente, salgan y digan qué pasa con los procesos abiertos contra GARCÍA CABEZA DE VACA.

Porque, mientras en México capital hacen su chamba, acá se gastaron miles de millones de pesos en una campaña, en la que lo menos, pero igual muy grave, fue la compra de votos, a ojos vistos, con boletas marcadas.

Y si le restamos rango, es porque las amenazas, agresiones, insultos, descalificaciones, apertura de carpetas judiciales, publicación de mentiras poniendo en riesgo capital a individuos inocentes hasta provocar su exilio, fueron pan de cada día.

Esos mantos de impunidad total que les ha garantizado la Suprema Corte, son los que mantienen en el control de los tres poderes del estado, a delincuentes delinquiendo cotidianamente, en contra de los ciudadanos tamaulipecos.

La secuencia en el Congreso Local, va del despojo de la Presidencia del Congreso al partido que obtuvo la mayoría de votos en las urnas, la recomposición de las comisiones legislativas para que el PAN las controlara y la persecución judicial de la coordinadora de la fracción mayoritaria morenista, por no entrar en la relatoría de las leyes expedidas para blindar al ejecutivo y los propios despojos panistas.

Faltaría espacio para relacionarlas, pero solo en lo cometido lunes y martes de esta semana, se resume la ignominia cobijada por las instancias jurisdiccionales centrales.

El lunes, los morenistas debieron abortar la sesión, convocada en día y hora inusual, sin explicar razón, sospechando, con razón, que se trataba de otro intento de albazo de los panistas, en contra de la legalidad y el interés ciudadano.

No pudieron los del PAN presentar la iniciativa, para elevar al voto de las dos terceras partes el requisito para cambiar al Presidente –espurio- de la Junta de Gobienro del Congreso, pero ellos como quiera la dieron por presentada.

No solo eso, el mismo lunes, cuando ya los diputados morenistas se habían retirado del recinto –en horas de la comida-, cinco minutos antes de iniciar, les avisaron que había comisión para dictaminar la iniciativa no presentada.

Para cuando llegaron los miembros de la comisión, de MORENA, los del PRIAN ya habían aprobado la iniciatica, y no solo en su contenido original, sino con un agregado que abona a la sinrazón y la impunidad.

Que "toda modificación a la ley que rige los trabajos del Congreso, tenga que ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del pleno", en adición al artículo tercero y un Segundo transitorio "para que quien actualmente funge como Presidente de -la Junta de- Coordinacion Política, se mantenga en su encargo hasta que se logre una votación en los términos de esta reforma".

¿A alguien más se le habría ocurrido tal aberración?, ¿seguirán sin rubor postergando o validando en las instancias jurisdiccionales tales agresiones a la legalidad, la justicia y la simple lógica?

El actual Presidente del Congreso, usurpa el cargo porque su partido no fue el ganador de la elección; las reformas que lo mantienen han sido ilegales en variados frentes y ahora ¿de verdad?... ¿perpetuarlo en el cargo con nombre y apellido con otra acción legislativa ilegítima?

La iniciativa y su dictamen fuera de procedimiento, fueron votados y "aprobados" en otra sesión plenaria ilegal.

Se hizo por la vía virtual, para sortear el bloqueo morenista que pedía el diálgo y vuelta a la cordura y el orden institucional, sin mediar la aprobación de las dos terceras partes del pleno, como lo establece el reglamento.

"Se dieron otro balazo en el pie", cuando al aprobar el acta de la sesión anterior -13 de junio-, leyeron que en esta, solo se dio y aprobó la lectura de la sesión anterior –8 de junio-, confirmando que en efecto, la iniciativa cuyo dictamen ahí se iba a aprobar, nunca fue presentada.

Como quiera, ellos –los panistas- ya dicen que su Presidente es inamovible y que no habrá ley que se mueva, para sancionar los delitos que la pandilla azul cometió y sigue cometiendo en el Estado.

Que hable la Corte, el Fiscal General de la República, la Unidad de Inteligrencia Federal y las instancias jurisdiccionales norteamericanas.