Los FIAT

Encontrar evidencias de que en el Ipsset, se dieron préstamos a particulares ajenos al Gobierno cobrando intereses del 50 al 100 por ciento, hace evidente la necesidad de investigar desde la misma Fiscalía Anticorrupción y no se diga desde la Auditoría Superior del Estado.

Pero encontrar evidencias de que, estos mismos intereses se les aplicaron a los trabajadores por una serie de empresas agiotistas y relacionadas con el Ipsset, llama mucho más la atención y eso sí merece una investigación como lo comentó la Secretaría de Administración a través de su titular Jesus Lavín.

Aún más, el caso de Geño Hernández, sigue mantienen un claro proceso de persecución política como lo calificaron los abogados del ex mandatario, y el primer que emprendió esta bandera es el actual Magistrado del Poder Judicial Javier Castro Ormachea quien en el 2017 celebró la detención del Victorense y mantuvo las acusaciones e  impulsó nuevas carpetas de investigación en el 2018, 2019, 2020.

Castro Ormachea, puede ser sujeto a juicio político, en caso de que la defensa del ex mandatario buscará tomar una acción en contra de quien lo persiguió para encarcelarlo por cinco años o 1852 días, como lo quiera ver.

Uno de los sectores que se benefició en la anterior administración, fueron los abogados y particularmente quienes recibieron una FIAT de Notaría Pública pero también los que recibieron las patentes de aspirantes en los últimos días del sexenio anterior.

Ahí está un tema que no debe dejar de ser investigado e incluso, a quienes propusieron a esos notarios o aspirantes que se otorgaron y quienes firmaron y autorizaron su entrega.

Pero de paso, debe conocerse porque hubo tantas presiones a los jueces para que se diera una persecución política en contra de los adversarios.

Por ejemplo, hay una ficha de casos de jueces que muestran que, si no hacían lo que ordenaba el Consejo de la Judicatura los despedían o los cambiaban de adscripción, si bien les iba

Por ejemplo fue evidente la intimidación a los jueces de control, por parte del poder judicial del estado, que se negaron a cumplir las instrucciones de resolver los asuntos de manera ilegal de acuerdo a los intereses del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza De Vaca.

Juez de Control José Ricardo Silva Salinas: Puso en libertad a un detenido cuya orden de aprehensión se ejecutó de forma ilegal por miembros de la Fiscalía General de Justicia del Estado toda vez que se ejecutó la orden de aprehensión sin respetar la suspensión que un juez de amparo le había concedido al procesado. Con motivo de ello, el Presidente del Poder Judicial del Estado le exigió la renuncia con la amenaza de no hacerlo llamaría a la Fiscalía para abrirle una carpeta de investigación.

Juez de Control Juan Manuel Ham Cortés: No fue ratificado en su puesto por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas al emitir una sentencia absolutoria en contra de las instrucciones directas de condenar al procesado por parte del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. La sentencia de absolución fue confirmada por la autoridad superior.

Juez de Control Ana Victoria Enríquez Martínez: Se cambió de adscripción al no atender una instrucción de emitir una orden de aprehensión sin estar demostrados los requisitos constitucionales.  

Juez de Control Juan Artemio Haro Morales: Se cambió de adscripción al no atender una instrucción de emitir una orden de aprehensión sin estar demostrados los requisitos constitucionales.  

Juez de Control José Luis Tovias Bazán: Fue cambiado adscripción por no cumplir las instrucciones directas del Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de resolver en beneficio del ex Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Juez de Control Christian Osiris Hernández Cortina: Fue cambiado de adscripción por negarse a girar una orden de aprehensión en un asunto de interés de la Fiscalía Anticorrupción cuando no se cumplían los requisitos constitucionales para su emisión.  

Juez de Control Rosa María Rodolfo Arcea: Fue cambiado de adscripción por negarse a girar una orden de aprehensión en un asunto de interés de la Fiscalía Anticorrupción cuando no se cumplían los requisitos constitucionales para su emisión. 

En los hechos, se deberían de investigar estos casos y saber porqué se hizo y sus fines políticos.