Le ponen cascabel al sindicato

El equipo jurídico de Américo Villarreal dio los primeros pasos para "tumbar" los ilegales decretos del Congreso del Estado, que pretenden limitarle funciones a partir de que tome posesión.

Van igual contra el Gobernador Francisco Javier, autor de las iniciativas y responsable de promulgarlas.

Son cuatro recursos por la vía Tribunal Electoral y una ante la Fiscalía, que se espera no duerman el sueño de los justos y los magistrados resuelvan mucho antes de la toma de posesión para, si hay necesidad, acudir al TRIFE. Respecto a la penal no se espera progreso.

Al expediente de Ava se le dio el número RDC-36/2022 en que protesta porque le quitan la capacidad de veto y funciones que le concede la Carta Estatal. Se turnaron al magistrado Edgar Danés Rojas, mismo que le ha ganado pleitos al gobierno de Cabeza de Vaca, una de ellas cuando lo corrieron con el alegato de austeridad. Lo reinstalaron. Una segunda por la designación ilegal y amañada del contralor.

La acción solicitada va en contra de la publicación de decretos en el POE del uno de julio, por los que se reforman la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública y Ley Orgánica de la Fiscalía.

El artículo 91 de la Constitución Estatal dice que son facultades del Gobernador "designar al Fiscal General de Justicia con la ratificación del Congreso y turnar al titular de la dependencia los asuntos que deben ventilarse en el ámbito de sus atribuciones".

Otra facultad es "cuidar de la seguridad y tranquilidad" del Estado y, adoptar en casos graves las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público y la paz social.

De todas maneras, cuando AVA entre en funciones puede recuperar atribuciones a través de decretos administrativos que no pasan por el Congreso, para deshacerse del lastre de funcionarios panistas que han "sembrado" para el próximo sexenio.

Las otras demandas son firmadas por los secretarios de la directiva del Congreso en contra del agandalle del PAN para quedarse con la Comisión Permanente; de la coordinadora parlamentaria de Morena, Ursula Salazar y el representante de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, por no darles acceso a la Junta de Coordinación Política.

Por la vía penal en contra del pastor Félix Fernando García Aguiar y la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos. Ya dirá Mr. Danés que hace y cuando termina la chambita. Con que no diga que se trata de Derecho Parlamentario y no Derecho Electoral y turne el asunto al coyote al que le encargaron cuidar a las gallinas, es decir, al propio Congreso y García Aguiar.

Por cierto, Rojas es el magistrado que deberá elaborar la propuesta de resolución sobre la impugnación el PAN –Inconformidad 32/2022- en contra de la declaratoria de validez de la elección del cinco de junio, el acta de cómputo a favor de Morena y aliados y su candidato Villarreal.

Ya tiene en sus manos la denuncia de un tal Juan Antonio Pérez López, representante de una hipotética agrupación Tamaulipas en Transformación, porque no le quisieron contestar en el distrito 19 su petición de no recontar votos.

En otros temas, el alcalde capitalino Eduardo Gattás Báez fue quien le puso el cascabel al gato (sindicato), luego de varios trienios en que los ediles le tuvieron miedo a los líderes gremiales abusivos, centaveros, voraces en sus pretensiones y ambiciosos en lo que toca al bolsillo particular.

Ya era tiempo que alguien tuviera el valor de enfrentarse a las extorsiones de líderes que exigen plazas con ingresos superiores al del propio alcalde y regidores, autorizados por los gobiernos priístas y panistas.

Como en la fábula, todos cansados de las agresiones del gato pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel que alertara de su presencia. Ya lo tienen sobre su cuello. Lo que sigue es el derecho de pataleo y demandas laborales que se prolongarán por largos años.

Por cierto, al interior del cabildo comenzaron las traiciones. El primero en mudarse de bando fue el regidor Mario Alberto Chávez. Alguna cruda mal curada lo hizo votar en contra y encabezar protestas callejeras de los líderes.

Reducir de 90 a 30 días el aguinaldo anual de los sindicalizados, permitirá un ahorro de 90 millones de pesos que se destinarán a poyar el sector de servicios públicos.

No son todos sino una minoría de privilegiados, aquellos que han pasado por las mesas directivas del gremio, mientras hay gente que gana seis mil pesos y se parte el alma en la chamba.

Antes de terminar, un comentario que vale la pena al referirse a que la UAT estrecha sus vínculos –se habían perdido en los últimos años- con los sectores productivos. El Rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió reunió con citricultores de la zona centro con el fin de generar propuestas que contribuyan al desarrollo de esa actividad.

La misma se efectuó en el corazón de la región citrícola, Santa Engracia, e incluyó recorrido por huertos con la participación de investigadores de la casa de estudios.

Los productores pidieron prácticas profesionales de estudiantes y creación de laboratorios para agua, suelo y foliares y vincularse mediante el Centro de Innovación Tecnológica.