La administración de justicia y la revocación del mandato

A vuelo de pájaro aludo a dos temas. Uno, de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en tribunal de constitucionalidad y de cómo la Suprema Corte se ha convertido en un tribunal de casación. El otro, ¿es o no aconsejable participar en la consulta de revocación de mandato a celebrarse el 10 de abril próximo? Comienzo por éste.

En diferentes medios se invita a la ciudadanía a no prestarse a la farsa de consulta. De que es una farsa, no hay duda; de que no hay que participar, hago una acotación. Los promotores de la "abstinencia" dan sus razones. No las cuestiono, las considero válidas. Aquí sugiero hacer una excepción:

¿Qué sucedería si en la Ciudad de México la ciudadanía votara en forma mayoritaria por la revocación? Esta posibilidad, que es real, significaría un nuevo revés a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, la candidata de AMLO a la Presidencia de la República. Este golpe, unido al que recibió el año pasado, pudiera poner fin a sus aspiraciones o convencería a su padrino de haber hecho una mala elección. Una gallina que no controla su gallinero sólo sirve para hacer caldo.

Hay ironías: la Suprema Corte de Justicia, que formalmente es un tribunal de constitucionalidad, se ha convertido en una instancia de casación, entendido este término como la anulación de lo actuado por un tribunal de justicia ordinaria.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue creado y existe para resolver cuestiones relativas a la materia que le da nombre, con conocimiento de la ley, seriedad, objetividad y, sobre todo, con celeridad, ha resuelto cuestiones de constitucionalidad como nunca lo ha hecho la Suprema Corte.

Cuando menos en materias que le competen, el electoral se ha convertido en tribunal de constitucionalidad y lo ha hecho muy bien. Invoco dos casos: uno, la resolución de finales de diciembre de 2021, por virtud de la cual revocó y rechazó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el cual acordó aplazar la consulta para la revocación del mandato por falta de presupuesto. Resolvió bien y pronto.

El otro caso lo resolvió esta semana: declaró que el Instituto Nacional Electoral es el único competente para promover la realización de la revocación del mandato.

La Suprema Corte, con su proverbial pachorra, he declinado la alta responsabilidad de resolver cuestiones de constitucionalidad.

En cuanto a su funcionamiento interno, la Corte también se ha convertido en un tribunal de secretarios de estudio y cuenta. Son éstos, en los más de los casos, los que conocen los expedientes de las controversias, acciones y amparos que llegan a la Corte. Los señores ministros que la integran están muy lejos de conocer a fondo los asuntos que se someten a su consideración. Se enteran de ellos a través de las tarjetas que elaboran sus secretarios de estudio y cuenta.

En la Corte se llegó al colmo de la desvergüenza en el momento en que, en violación de la independencia judicial y del principio de división de poderes, una ministra fue señalada de pasar una tarjeta informativa al presidente de la República respecto de un asunto que tiene a su cuidado (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, 28 de marzo de 2022) y que con su silencio admitió que ello es cierto.

Si la Corte, en ejercicio de su facultad de atracción, está conociendo de asuntos que corresponden a los tribunales inferiores, es un signo muy grave:

Por una parte, indica que los tribunales inferiores, jueces de distrito y tribunales colegiados no son confiables.

Por otra, que por no conocer la Constitución Política se hallan más a gusto resolviendo materias de casación. Hay que tomarles la palabra a los señores ministros: una vez que el gobierno absolutista que padecemos entregue el poder, convirtamos a la actual Corte en tribunal de casación y elevemos a los actuales magistrados del Tribunal Electoral a la calidad de ministros de una Corte de Constitucionalidad. No debemos desperdiciar los conocimientos, valor, experiencia e independencia que los magistrados del Tribunal Electoral tienen. En su momento debemos promoverlos.

Estoy seguro de que, de los ministros que actualmente integran la Suprema Corte, salvo uno o dos, ninguno de ellos ha leído completa la Constitución Política y que tampoco conocen a fondo el sistema federal, los principios que lo regulan y las limitantes que tienen los poderes federales y los locales.

En México en lo relativo a administración de justicia y la elección de los ministros de la Corte, todo es aparentar cumplir con el expediente de selección. Hay negligencia e irresponsabilidad de por medio; esto es común en quienes se encargan de proponer, de elegir y de ser electos.

Para dar una idea de lo graves que están las cosas, me permito referir una experiencia que viví a principios de 1995. En ese año, por circunstancias de la vida, fui invitado a estar presente en las comparecencias que hicieron ante el Senado los candidatos a ocupar los 11 sitiales de ministros que compondrían la nueva Corte.

Un conocido me dijo: "Maestro, nos cayó como enviado del cielo. Tenemos un gran problema para seleccionar a los señores ministros que integrarán la Corte. No sabemos qué preguntarles a los candidatos. Le pido, por favor, se sirva elaborar las preguntas que les serán formuladas".

Por tratarse de un amigo, sobre la marcha elaboré y le entregué una serie de preguntas. Cuando lo hube hecho, al retirarme, mi amigo, interponiéndose en mi camino, me dijo: "Maestro, los señores senadores me piden que se quede y oiga las respuestas de los candidatos y nos diga si son o no correctas".

Lo anterior es absolutamente cierto. Los senadores no tenían idea de qué preguntar y si las respuestas eran correctas.

México es el país de las apariencias y del fingimiento. En lo relativo a ministros de la Corte: el presidente de la República aparenta que integra una terna; los senadores fingen que examinan y que seleccionan al mejor; los candidatos a ministros, sabiendo uno que es el bueno y los otros que son una comparsa, aparentan que responden y saben. Al final, hecha la selección, todos son felices. Cubrieron las apariencias. ¡Abran las puertas!

Estoy seguro de que en 1995 mi interlocutor y los señores senadores ya sabían quiénes iban a resultar electos; querían cubrir el expediente de selección.  (Proceso)