La 4T, entre lo técnico y lo político
Muy pronto se iniciará el periodo de 75 días previsto en el T-MEC para dilucidar las diferencias de opinión existentes entre los gobiernos de México y Estados Unidos respecto a medidas a favor de las empresas estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales afectan negativamente a las empresas extranjeras que trabajan en la producción de energía en México. El gobierno de Canadá se ha sumado a las demandas, contribuyendo así al aislamiento de México como aliado económico en la región de América del Norte.
Según palabras del Consejo Editorial del poderoso diario The Washington Post (01/08/22), Estados Unidos no tiene otra opción que oponerse vivamente a las medidas adoptadas por México. Se trata, desde su punto de vista, de un problema en que se mezclan, al mismo tiempo, cuestiones de calentamiento global y medio ambiente, las cuales ocupan un lugar central en el gobierno de Biden, con principios de libertad de comercio firmemente consagrados en el T-MEC.
López Obrador no lo entiende así. Desde su punto de vista, el asunto tiene que ver con la soberanía de México sobre sus recursos naturales y la libertad, reconocida en el T-MEC (capítulo 8), para llevar adelante los cambios constitucionales que desee en materia de energía. Con ese ánimo ha puesto en pie una narrativa nacionalista y patriótica que, aderezada con sorna y algo de burla, ha subido la popularidad entre sus seguidores y ha colmado la paciencia del gobierno de Washington.
El resultado, como bien puede deducirse del mencionado editorial, es un escalamiento de tensiones que coloca la relación México-Estados Unido en uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos
De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, si durante los 75 días de consultas no logran superarse las diferencias, el tema pasaría a un Panel de Solución de Controversias que tardaría varios meses en llegar a una decisión que, según las opiniones de connotados expertos, sería negativa para México.
El objetivo más deseable es, pues, llegar a un acuerdo durante las consultas que se avecinan. Interesa entonces preguntarse: ¿cuáles serían los puntos susceptibles de encontrar una solución durante tales consultas? y ¿cómo se podrían abordar tales puntos sin elevar el costo político que tendría para unos y otros?
Desde el punto de vista puramente técnico es importante advertir que las diferencias tienen distintos niveles de complejidad y ofrecen diversas posibilidades de hacer concesiones favorables para ambas partes.
Las demandas presentadas en la solicitud de consultas se agrupan en diversos rubros. En primer lugar se encuentran los cambios legislativos y las medidas legales que son el telón de fondo para decisiones concretas que afectan la posibilidad de operar a compañías extranjeras. Entre ellas se encuentran: retrasar permisos, revocaciones o negativas para operar en el sector energético; detener o dificultar el aprovisionamiento de tecnologías que contribuyen a reducir la contaminación de diésel a compañías privadas; tomar decisiones relacionadas con la utilización del sistema mexicano de transporte de gas natural que discriminan claramente a favor de Pemex.
En resumen, se ha conformado un panorama en el que, al dificultar la operación de las compañías privadas, se violan disposiciones establecidas en el T-MEC sobre piso parejo entre compañías estatales y privadas. Asimismo se está limitando la contribución de estas últimas a la generación de energías no contaminantes.
No hay duda que hay campo para negociar. Es un hecho que las compañías privadas tienen mejor dominio de tecnologías no contaminantes que Pemex. Es un hecho que la cooperación entre compañías privadas y CFE puede favorecer a esta última. Es un hecho que para México tendría un altísimo costo sufrir represalias económicas por parte del país hacia donde se dirige 80% de sus exportaciones. Finalmente es también un hecho que AMLO ha sido un líder pragmático y realista en lo que toca a la relación con Estados Unidos.
