Infonavit y las barbas del vecino a remojar

El Gobierno podrá disponer de miles de millones de pesos para construir vivienda de interés social. El mismo que por seis años no ha podido con el abasto de medicinas

La administración Sheinbaum ha decidido apropiarse de la estructura de gobierno del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Esa es por el momento la única verdad de la polémica en torno a las modificaciones que hará el Congreso de la Unión sobre el organismo creado en 1972. La otra cosa incuestionable es que algunos en el Infonavit vieron por años barbas cortar, y nunca pusieron las suyas a remojar.

Se ha vuelto un lugar común decir que las reformas del llamado Pacto por México del peñismo se frustraron porque no hubo desde la cúpula un esfuerzo decidido para evangelizar sobre los beneficios de ese cambio estructural.

Que una reforma puede frustrarse por las resistencias de la gente que solo ve riesgos, o por la incomodidad natural ante la modificación del statu quo, tiene sentido. Pero qué hay de que los intentos reformadores se mueren porque fueron simulación o gatopardismo.

Al Infonavit se le ve como instituto noble porque nació y tiene un fin ligado a la dignidad. Se estableció para dar, a quienes menos tienen, la oportunidad de hacerse de un techo. Y de una forma u otra a lo largo de su historia corrigió algunos errores. Pero no todos.

Este miércoles en la mañanera, el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó la primera explicación lógica de por qué quiere Sheinbaum cambiar la forma en que se gobierna el Infonavit. Y no es, necesariamente, porque este Gobierno quiera construir casas.

Romero Oropeza dividió su exposición en dos bloques. En el primero dio detalles sobre cosas no muy racionales en la forma que opera el Infonavit: un director general maniatado, remuneraciones estratosféricas a funcionarios y aversión institucional a auditorías externas.

Dicho con otras palabras, la actual manera de gestionar el Infonavit, con representantes paritarios de trabajadores, de la patronal y del Gobierno, dejaba a este en minoría, lo cual no evitó, sin embargo, abusos, locuras o corrupción.

Según lo expuesto por Romero Oropeza, el esquema sirvió para la complicidad interna a la hora de tapar fraudes tan inverosímiles por lo burdo, como inaceptables por su impunidad. De eso se trató el segundo bloque de la exposición: el cuadro del horror.

Ninguna empresa podría validar los escándalos que mostró Romero Oropeza: con complicidad de notarios y gente interna del Infonavit, un mismo inmueble era sujeto de decenas y decenas de créditos; o una indemnización por 5.000 millones de pesos a un proveedor que cotizó en 100 millones un servicio que encima, nunca entregó...

El Gobierno tiene, pues, argumentos para revisar la forma de operar un organismo que guarda más de dos billones de pesos en su panza. Y cuenta con los votos parlamentarios surgidos del proceso electoral donde el Plan C incluía el garantizar la vivienda digna.

Una gobernanza impoluta, lo mismo en su gestión de objetivos que en la corrección de desvíos, habría sido la mejor defensa del Infonavit a un gobierno invasivo. ¿Por qué los mandos no se bajaron sueldos, por qué resistieron la austeridad, por qué toleraron la corrupción?

¿De verdad el actual esquema tripartita del Infonavit funcionaba de manera insuperable a favor de los trabajadores? Sobra decir que en México muchas veces el hecho de tener representantes sindicales no es sinónimo de que se defiendan los intereses de la clase trabajadora.

La reforma que pretende Sheinbaum empodera a la presidenta de la República, que podrá poner o quitar a discreción al director del Infonavit, y da margen de acción al designado, que ahora sí será primo entre pares, no un gestor siempre a merced de lo que acuerden los otros dos sectores.

Ese cambio, que podría concertarse una vez que en Morena resuelvan sus problemas internos y la Cámara de diputados y el Senado trabajen coordinadamente, tiene un claro mensaje: el gobierno es el que manda. Y nadie más. Eso, precisamente, es lo que preocupa a otros.

Porque las modificaciones darán todo el poder a la presidenta Sheinbaum. El Gobierno podrá disponer de miles de millones de pesos para construir vivienda de interés social. Sí, el gobierno del mismo signo del que por seis años no ha podido con el abasto de medicinas.

Con el nuevo esquema, donde además de gestionar los fondos de los trabajadores —para prestar a quienes busquen vivienda— el gobierno se pondrá el casco, hará megacompras de materiales y se convertirá en constructor. Volverá a hacer cosas en las que ya una vez fracasó.

Hasta hoy, como titular del Ejecutivo, la presidenta maneja dinero que las y los mexicanos pagan en forma de impuestos. Fondos de todos, para todos. Con un cambio como el del Infonavit, ahora manejará dinero que sigue siendo de las y los trabajadores.

Sería imperdonable que el cambio de gestión signifique que lo que tanto ha costado a la clase trabajadora termine por dilapidarse, engrosando los anales de las corruptelas que ya vieron en el pasado reciente y no tan reciente, las y los dueños del dinero del Infonavit.

La cúpula del Infonavit se resistió a entender el cambio del 2018. Después de la mañanera de hoy, a ver qué cámara empresarial dice que no se debe tocar el modelo tripartita: los representantes sindicales y patronales se conformarán con que no les persigan.

El nuevo Infonavit no puede fallar. La clase trabajadora merece más: ni lo mismo, ni menos que hasta ahora.