De jueces y Justicia

Hay un consenso mayoritario respecto al déficit de justicia que prevalece en nuestro país. La crisis en la que se encuentra sumido el Poder Judicial es profunda y es necesario atenderla

Todo conflicto genera inestabilidad y riesgo. Lo que ahora sucede en la relación entre poderes era inevitable: la falta de conducción, experiencia y pericia adecuadas ha profundizado el diferendo entre el Poder Legislativo y el Judicial, así como entre el Judicial y el Ejecutivo.

Con la renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la presentación de la terna para ocupar la correspondiente vacante, se inscribe un nuevo episodio en la relación entre poderes. Pero, ante la ausencia de diálogo, y la arrogancia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y el Legislativo, era evidente el envío de una propuesta con las características de la formulada y presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando existió una relación afable y respetuosa entre los poderes, estuvo presente la cortesía política, a pesar de no estar inscrita en la Constitución. El jefe del Estado mexicano intercambiaba opiniones y puntos de vista con quien presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso con las directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión antes de enviar ternas al Legislativo, pero en esta ocasión no ocurrió así.

En consecuencia, desde el momento en que se dieron a conocer las personas que integraban la propuesta, estas fueron cuestionadas por su perfil político, partidista y proveniente de la cercanía con el Ejecutivo.

Recordemos la historia del Poder Judicial, en cuyo devenir hemos visto que casi la totalidad de sus integrantes simpatizaban y eran militantes de partidos políticos, principalmente del PRI y del PAN.

Después de la etapa posrevolucionaria, un porcentaje alto de ministros de este alto tribunal de justicia tenían abiertas simpatías por el PRI, y no las ocultaban; es más, paradójicamente, esa parecía una condición sine qua non para poder acceder a un nombramiento de tal jerarquía.

Posteriormente, en los años 80 del siglo XX, derivado de la lucha político-electoral y de los cerrados márgenes en los resultados de los comicios, vinieron negociaciones políticas consistentes en aceptar simpatizantes del PAN para ocupar órganos autónomos y disponer de asientos o espacios en órganos jurisdiccionales. Así fue como vimos en la Suprema Corte y en tribunales electorales, administrativos, agrarios y otros a militantes del partido blanquiazul, orgullosos de su pertenencia.

Las negociaciones políticas se daban en razón de la pluralidad en las Cámaras, dado que, por sí solo, ningún grupo parlamentario afín a partidos reunía las mayorías calificadas que la Constitución exigía.

En 2018, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República detona una nueva era en la que por vez primera mujeres y hombres simpatizantes de la izquierda —o con aparente neutralidad ideológica— empiezan a ser tomados en cuenta para integrar esos espacios. Ejemplos hay muchos y son de fama pública.

De acuerdo con el artículo 96 constitucional, es facultad exclusiva del presidente de la República proponer y enviar a la Cámara de Senadores una terna de tres personas para cubrir la vacante surgida en caso de conclusión de mandato de ministras y ministros o renuncia por causa grave.

Sin embargo, existe la posibilidad de que no se alcance la mayoría calificada necesaria para la designación de la persona que ocupará la vacante. A fin de zanjar cualquier conflicto o crisis constitucional derivada de ello, se abren tres escenarios:

El primero. Si el Senado no resuelve dentro del plazo improrrogable de treinta días, la vacante será ocupada por la persona que —de entre la terna— designe el presidente de la República. Es decir, si el Senado fuera omiso en atender la terna propuesta por el presidente, este nombrará como ministra o ministro, de manera directa, a una de las personas de su terna.

Segundo. Si el Senado rechaza la terna enviada por el presidente —es decir, no elige a ninguna de las personas propuestas—, este presentará una nueva terna, que deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 96 constitucional.

Tercero. Si la Cámara Alta rechaza también la segunda terna propuesta por quien encabeza el Ejecutivo federal, este designará en forma directa —de entre esas tres personas candidatas— a quien ocupará el cargo vacante.

La elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es escalonada, por lo que se advierte que al ratificarse el triunfo electoral de la misma fuerza política que ahora gobierna, las siguientes ternas de aspirantes a esos cargos serán similares y tendrán la misma naturaleza política. A nadie debe extrañar. De ahí la insistencia en una profunda reforma al Poder Judicial en materia constitucional.

Así, podemos prever también que los desencuentros continuarán, porque es legítimo y presumible que el presidente de la República siga ejerciendo las facultades que la Constitución le confiere, aun cuando ello no agrade a las y los integrantes de ese órgano colegiado de Justicia.

Cuando la soberbia y la arrogancia se imponen, todos perdemos. Representar a un poder obliga a tener como acompañantes permanentes la sensatez, el diálogo y el buen juicio. Pocas veces en la historia del Poder Judicial federal se había puesto en riesgo la institucionalidad. Es impostergable actuar, privilegiando el interés del Estado nacional.

Hay un consenso mayoritario respecto al déficit de justicia que prevalece en nuestro país. La crisis en la que se encuentra sumido el Poder Judicial es profunda y es necesario atenderla.