Agua: ¿El destino nos alcanzó?
La escasez de agua en diversos lugares del centro del país ha estado en primeras planas en los últimos días. Hace algunos meses, le tocó a la ciudad de Monterrey padecer este problema, ahora a la CDMX y al Estado de México. El problema, sin embargo, de ningún modo es nuevo. Lo que peor: desde hace décadas varias voces se han alzado para hablar de este problema no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional.
Hemos señalado en diversos momentos el problema no sólo del agua, sino del medio ambiente como un todo. Lamentablemente parece que no estamos haciendo nada para resolverlo. Es tiempo de que gobierno, sector privado y ciudadanos nos pongamos de acuerdo y tomemos medidas para resolver el problema. No hacerlo, puede provocar inviabilidad a la misma nación.
En diversos foros se ha mencionado hasta el cansancio que el agua, si bien es un recurso renovable, es muy escaso. Al paso del tiempo la población total del país sigue creciendo, al igual que la economía, por lo tanto, la demanda del líquido vital también lo ha hecho, pero la oferta no, no solo eso: se ha reducido como consecuencia de la contaminación de las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. Adicionalmente, la falta de tratamiento de las aguas residuales ha provocado que la contaminación sea aún mayor.
El problema tiene muchas aristas: ambientales, sociales y económicas, por decir lo menos. Nadie puede cuestionar la legitimidad del derecho humano al agua, pero cuando se utiliza este discurso, generalmente se omite el costo de llevar el agua al consumidor final. El agua, al tratarse para consumo humano, genera costos, que alguien debe pagar. En un mercado ordinario, de cualquier otro bien o servicio, el precio al consumidor final incluye todos los costos de la cadena productiva, así como de los respectivos impuestos. Pero no necesariamente ocurre así con el agua, pues al tratarse de un bien que es a la vez un derecho humano, no se puede negar la disponibilidad del recurso aún si el consumidor final no cubre los costos desde la extracción hasta su uso final.
El costo, ahí está. Nos guste o no. Al dejar de pagarlo en efectivo se paga de otro modo: con un mal servicio, con fugas, con agua que contiene partículas por no ser tratada adecuadamente. Si el sector público destina recursos a este sector, lo pagamos a través de menos recursos disponibles para otros servicios públicos. Pagar por el uso del agua es responsabilidad de los ciudadanos y ahí tenemos el primer problema.
La adecuada gestión y cobranza del agua puede ayudar a generar recursos que permitan un mejor tratamiento tanto de agua potable como residuales. En este último tema tenemos otro problema: Conagua no cuenta con suficiente personal para asegurarse de que las aguas residuales sean tratadas adecuadamente antes de ser devueltas a los cuerpos del líquido vital. El no tratamiento de las aguas ha provocado que lo que antes eran ríos donde abundaba la flora y fauna hoy sean de aguas negras. Una verdadera tragedia provocada por la inadecuada gestión de las aguas residuales. En este problema jugamos todos: ciudadanos, empresas y gobierno, en sus tres niveles.
En no pocas ocasiones se menciona que las empresas privadas son, en gran medida, responsables del abatimiento de las fuentes de agua, así como de la contaminación de la misma. Esto es cierto, pero es una verdad parcial. Como consumidores determinamos, al menos en parte, los bienes que se producirán en la economía; así, al demandar agua embotellada, jugos, refrescos o cerveza, estamos fomentando la explotación del líquido vital. Al consumir artículos no indispensables para la vida, pero que sirven como lucimiento personal como es todo lo generado con metales preciosos como oro y plata a través de collares, pulseras anillos y demás, igualmente fomentamos la explotación y contaminación del agua.
Podría ser que el destino nos haya alcanzado. Sin embargo, por tratarse de un recurso renovable, hay esperanza. Se puede arreglar el problema, pero no corresponde sólo a una parte de la sociedad sino a todos: ciudadanos, empresas y gobiernos.
