Red Nacional de Refugios pide evaluar recorte del 4.3%

Ante el incremento de violencia contra las mujeres en el último año, la Red Nacional de Refugios (RNR) pidió a los legisladores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de las Mujeres y la Presidenta de México evaluar en qué forma impactará en la vida de las mujeres el recorte presupuestario para repensar la reducción de 4.3% y aumentar los recursos.

Con un aumento del 32% de denuncias de violencia a través de la atención telefónica y redes sociales, así como un incremento del 18.5% en el número de mujeres, niñas y niños atendidos en los refugios, organizaciones no gubernamentales exigieron a las instancias competentes que, durante las discusiones del Paquete Económico 2025, incrementen los recursos propuestos para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias y la sostenibilidad financiera del programa de refugios.

"El gobierno de México ha mostrado la tendencia de no asignar suficientes recursos para este programa. Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Red Nacional de Refugios, A.C. hemos evidenciado las reducciones presentadas en los presupuestos en 2019, 2021 y 2022, así como el estancamiento de los recursos asignados en 2023 y 2024. A esta tendencia se suma la propuesta para 2025, lo que marca una pauta negativa en el compromiso con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia por parte de la nueva Administración.

"Además, la inflación en bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicinas, limita la capacidad de los refugios para satisfacer las necesidades de las mujeres e infancias. La disminución del presupuesto y el aumento de precios generan serios desafíos para la atención y los derechos de las mujeres víctimas de violencias y en su caso, sus hijas e hijos, lo que podría resultar en limitaciones o recortes en servicios fundamentales", explicaron las organizaciones en favor de los derechos de las mujeres en un comunicado.

Señalaron que esta situación contraviene las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, al ir en contra de los principios de progresividad y máximo uso de recursos disponibles, así como el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Remarcaron que la atención a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia y la promoción de sus derechos deben ser prioritarios, especialmente en un contexto de inflación que agrava su situación de vulnerabilidad.

PPEF disminuye recursos para menores de seis años: Amnistía Internacional 

Diversos programas que benefician a la primera infancia registran decrementos en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PPEF), como la Coordinación del SIPINNA que tuvo un decremento del 6%, con $4.5 millones menos; el programa de vacunación con un decremento del 18%, con mil 29 millones menos; el Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social con un decremento del 8%, con mil 89 millones menos.

A través de un comunicado, la organización civil Pacto por la Primera Infancia hizo un llamado al Congreso para que se priorice y fortalezca la inversión en la primera infancia en el Presupuesto de 2025.

"Es fundamental asegurar que los recursos asignados sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de desarrollo de 12.5 millones de niñas y niños menores de 6 años. Invitamos a fomentar un debate informado y transparente sobre la metodología para la asignación presupuestaria, para garantizar que estos recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan", expuso.

Explica que en el PPEF revela que el Fondo de Aportaciones Múltiples-Infraestructura Educativa Básica, con un decremento del 21%, con 2 mil 697 millones de pesos menos; y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con un decremento del 41%, con 10 mil 863 millones pesos menos; y Atención a la salud del ISSSTE con un decremento del 87%, con 16 mil 77 millones de pesos menos.

Estrategia para disminuir índices de violencia el país, ha sido fallida: Amnistía Internacional 

En respuesta a los altos índices de violencia que vive en país, en los últimos 20 años, México ha adoptado una estrategia de militarización de la seguridad pública que ha resultado fallida, ya que no sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública, señaló Amnistía Internacional (AI).

"Esta estrategia se ha traducido en constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional por parte de las instituciones de seguridad y defensa, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias", mencionó.

En su reporte "Cambiando el paradigma de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos", señaló que, como parte de la estrategia de militarización de la seguridad pública, no solamente se ha involucrado a las Fuerzas Armadas, sino también a las policías, que fueron diseñadas y formadas bajo un esquema adoptado desde la doctrina militar en la que se privilegia la obediencia y el heroísmo.

"Éstas últimas fueron conformadas por personal operativo y de mando que tenía antecedentes militares o pertenecía a las Fuerzas Armadas. La decisión de los sucesivos gobiernos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica abordar los problemas de seguridad con una lógica similar a un conflicto armado.

"Esto significa que, a partir de la construcción de un enemigo, se privilegia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas en que se respeten y garanticen los derechos humanos en todo momento", resalta.

Indica que se ha registrado un aumento significativo en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública como patrullajes, vigilancia y detención de personas. El despliegue de agentes militares de la Secretaría de la Defensa Nacional fue de 48 mil 500 en el sexenio de 2006 a 2012; de 53 mil en el sexenio de 2012 a 2018, y de 73 mil 347 en el periodo de 2018 a 2022.

Expone que a pesar de que se ha referido que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y las transformaciones de las policías a instituciones similares a las militares han tenido como objetivo mejorar la seguridad de las personas, los datos reflejan lo contrario: durante este período, entre 2007 y 2024, al menos, 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente.

Asegura que la Guardia Nacional (GN) , creada supuestamente para hacer frente a la inseguridad pública, en realidad, ha sido un instrumento para profundizar la militarización en México.

"El carácter civil de la Guardia Nacional ordenado por la Constitución mexicana ha sido ignorado por las autoridades y es ahora un cuerpo militarizado que está controlado y responde a la Secretaría de la Defensa Nacional", dice.

Refiere que con una estrategia diferenciada de seguridad, se puede lograr garantizar el derecho de todas las personas a vivir sin violencia, ya sea estatal o criminal, el derecho a la integridad personal al reducir la probabilidad de que los agentes de seguridad del Estado cometan actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes al buscar dar resultados a una estrategia que no es significativa para los problemas cotidianos de sus comunidades, así como el derecho a la libertad personal.

"México debe lograr esto sin sacrificar el respeto a los derechos humanos reconocidos, que deben ser atendidos por las autoridades de todos los órdenes de gobierno como lo expresa, por ejemplo, el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", sostuvo.