Oculta Sedena información sobre Pegasus

Morelos, México.-Al considerar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no agotó todos sus recursos para entregar información de los contratos para adquirir el software de espionaje conocido como Pegasus, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) le instruyó a realizar una nueva búsqueda.

 En diversas ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que en su Administración se haya contratado este sistema informático argumentando que sería una pérdida de tiempo. 

Esto, pese a que así lo contradicen los archivos filtrados por la organización internacional de hackers, autodenominada Guacamaya.

 Un ciudadano solicitó al Ejército a través de transparencia todos los contratos celebrados con la empresa Comercializadora Anzua, representante o enlace comercial de NCO Group, compañía que vende el software Pegasus a gobiernos.

 Sin embargo, la dependencia afirmó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, tanto físicos como digitales, no localizó los documentos referidos.

 ¿Búsqueda exhaustiva?

 En sesión semanal, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara presentó ante el Pleno un recurso ciudadano contra la respuesta de la Sedena.

 La ponente indicó que si bien la Sedena aseguró que revisó en diversas unidades administrativas como El Estado Mayor, la Oficialía Mayor, así como las direcciones generales de transmisiones, de administración y de informática, omitió turnar la solicitud a la oficina del Secretario general.

 "Toda vez que dicha unidad administrativa se encarga justamente de autorizar convenios y contratos en los que la propia Sedena es parte, por lo que evidentemente incumplió con lo establecido del artículo 133 de la ley de la materia", expuso Román.

 Aunado a ello, agregó, se halló un contrato reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que también se le solicitó información sobre los contratos celebrados entre la Sedena y la Comercializadora Anzua.

 La comisionada precisó que este se notificó mediante una auditoría de cumplimiento a tecnologías de información y comunicaciones realizado a la Sedena y correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

"Donde observamos que efectivamente, sí se celebró un contrato con la empresa Comercializadora Anzua SA de CV, mismo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, lo cual fue corroborado por la propia Sedena al proporcionar la cuenta por liquidar certificada de los movimientos de pago generados por la referida relación contractual", apuntó.

 Además, informó que se localizó en el portal electrónico de la Sedena un apartado de datos abiertos en donde se publicó otro de los contratos al que se hace referencia en la solicitud, que fue celebrado bajo la modalidad de adjudicación directa e iba dirigido a adquirir refacciones para el sistema de correo electrónico.

 Sumado a lo anterior, dijo, se localizaron diversas notas periodísticas que arrojaron indicios sobre dos pagos que la Sedena efectuó por un monto total de 68 millones de pesos por el servicio de monitoreo de información remota a esta empresa que destacó, es la designada como representante exclusiva de la compañía NCO Group de origen israelí.

 En tanto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas llamó a que no se usen pretextos para entregar lo solicitado.

"Se ha reiterado históricamente, pero ha crecido de manera importante en los últimos años que es esa potestad del Ejército, de la Sedena, de dar a entender que todo lo que toca, en todo lo que le corresponde es hermético y que desde esa perspectiva está todo ello, vamos a decirlo así es 'de seguridad nacional' y eso naturalmente no es ni es posible ni deseable.

 "Se comprobó que Pegasus había sido un arma para perseguir, para espiar no solo a... ya se dijo muy bien activistas y a opositores, los senadores y diputados de oposición, fueron perseguidos periodistas reconocidas como Carmen Aristegui (..) pero también a sus propios, conocidos o algunos otros", agregó.

•  Con base en estos alegatos, los consejeros votaron de forma unánime por invalidar la inexistencia aludida por la Sedena al insistir en que no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado.