Acusa Corte desacato de FGR por lote millonario de joyas
SCJN ordenó la consignación penal de dos agentes de la FGR por desacato a una sentencia de amparo ligada con un lote millonario de joyas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy la consignación penal de la ex responsable de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UAEF) de la Fiscalía General de la República (FGR), por desacato a una sentencia de amparo relacionada con un aseguramiento de joyas valuadas en 235.7 millones de pesos, que en 2019 fueron transferidas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) por un supuesto abandono.
La decisión deriva del caso del presunto contrabandista turco Apel Celik, y del aseguramiento de 4 mil 569 diamantes, joyas y otras piedras preciosas, ejecutado en diciembre de 2014 por la entonces PGR en cuatro joyerías de Cancún.
El Pleno de la Corte resolvió hoy que Celia Almaguer Hernández, encargada de la UAEF durante 2019, así como Víctor Manuel Munguía Baltazar, Agente del Ministerio Público Federal, desacataron la sentencia dictada por la jueza federal María Dolores Núñez Solorio, confirmada en octubre de 2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Los directorios detallados de funcionarios de la FGR no son públicos, por lo que se desconoce si Almaguer y Munguía aun laboran en la dependencia, pero de ser el caso, ambos también quedaron destituidos.
Es la primera vez que funcionarios de la PGR, ahora FGR, son consignados por la Corte por desacato a una sentencia de amparo.
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Entre 2011 y 2022, los Ministros aplicaron la misma sanción en al menos ocho ocasiones, pero todas fueron contra alcaldes o funcionarios municipales o de la Ciudad de México.
El fallo de la Corte equivale a una acusación penal ante un juez de control, ante el cual deberán comparecer ambos exfuncionarios, para ser procesados por el delito previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que prevé cinco a diez años de cárcel e inhabilitación para el servicio público.
Pierden unas joyas, regalan otras al Indep
El amparo fue promovido por Érika Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián Betancourt, apoderados de varias de las joyerías cateadas, cuyo verdadero dueño era Celik, un exbanquero sentenciado en Turquía en la década de los 90 por quiebra fraudulenta.
En noviembre de 2017, los afectados iniciaron gestiones para recuperar las joyas, pero en junio de ese año, la UEAF les informó que no todas habían aparecido en la bóveda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde supuestamente habían sido almacenadas, pues faltaban piezas valuadas en 53 millones de pesos.
En enero de 2019, la UAEF se negó a levantar el aseguramiento, pese a que los quejosos presentaron documentos para probar el ingreso legal de las joyas a México.
Al conceder el amparo, la jueza y el tribunal colegiado resolvieron que la UAEF no debió rechazar estas pruebas.
"Posterior a reconocer el valor probatorio de las documentales exhibidas por los quejosos, proceda a señalar fecha y hora para desahogar la diligencia de vinculación entre objetos asegurados y las facturas y los pedimentos de importación", fue uno de los afectos del amparo, cuyo cumplimiento fue requerido el 14 de octubre de 2019.
En la Corte, el Ministro Juan Luis González Alcántara narro hoy que el mismo 14 de octubre de 2019, la FGR decreto el abandono de las joyas que aún tenia en su poder en favor del Indep, sin informar de ello al juzgado sino hasta el 27 de noviembre, alegando que por eso ya no podía acatar el amparo.
"Esto denota el ánimo de la autoridad de ocultar datos relevantes que trascendieron a la ejecución de la sentencia", afirmó. "Hubo una gran omisión, una gran complicidad".
Munguía fue quien omitió informar sobre el acuerdo de abandono, mientras que Almaguer fue acusada porque era la superior jerárquica de Munguía, omitió rendir múltiples informes al juzgado y, según González Alcántara, hizo cambios de agentes del MPF responsables del caso para seguir evadiendo la sentencia.
- Loretta Ortiz fue la única Ministra que voto en contra, mientras que Arturo Zaldívar consideró que sólo se debió consignar a Munguía Baltazar.