Carecen municipios de infraestructuras para repatriados

Miles de deportados volverán a sus comunidades, en donde no hay servicios básicos para su atención.

Ciudad de México.- Alcaldes, líderes de organizaciones de migrantes y senadores reconocieron que existen carencias por parte de los Gobiernos federal, estatales y municipales, y hace falta un plan para atender en municipios expulsores de mano de obra las posibles deportaciones con programas de empleo; además, no existe una ampliación de la red de salud y no se conoce la forma en que la Secretaría de Educación Pública atenderá a niños y adolescentes que sólo hablan inglés, entre otros aspectos.

Asimismo, se destacó que son cientos los municipios expulsores de mano de obra y, por ende, beneficiarios de las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos, que se encuentran en alerta ante la eventual deportación de cientos de miles de mexicanos, ya que ello repercutirá en la economía de esas poblaciones que sobreviven de los dólares ante la pobreza, el fracaso de programas sociales y el abandono del campo.

• Municipios de estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca, entre otros, son los principales afectados ante la política instrumentada por el presidente Donald Trump a partir de este 20 de enero, con la amenaza de deportar a un millón de migrantes al año, de los cuales, se calcula que al menos 500 mil son mexicanos.  De acuerdo con un estudio de BBVA, en 11 entidades del país las remesas equivalen a más de 50% del total de los ingresos brutos estatales. Destacan Michoacán (96.7%), Guanajuato (80.6%) y Zacatecas (76.6%).

La alcaldesa del municipio de Satevó, Chihuahua, Norma Muñoz, dijo que muchos municipios del país, que son expulsores de migrantes y receptores de remesas, "Se encuentran en alerta porque las economías de esas poblaciones dependen, mayoritariamente, de las remesas que financian a familias, al campo, la ganadería y los comercios.

Hay familias que dependen 80% de las remesas para su alimentación, vivienda, pago de servicios, educación y salud; entonces, la pregunta es ¿qué haremos para hacer frente a una eventual deportación de migrantes que llegarán a los municipios de regreso, pero que, a la vez, dejarán de mandar los dólares que dan vida a estos 

pueblos?" Expuso que Satevó, ubicada en la zona centro-sur de Chihuahua, tiene una población de unos 4 mil habitantes, sumados a poco más de 3 mil que viven en Estados Unidos y que son quienes mandan periódicamente las remesas a sus familias.

"Aquí la población trabaja una parte en la mina, otro tanto en el campo y en la ganadería, pero estas últimas están devastadas por la sequía y son los dólares de los migrantes los que han sostenido a las familias que se dedican a esas dos actividades", dijo la alcaldesa.

La panista reconoció que ese municipio, como muchos otros en el país, no cuenta con la infraestructura de salud para atender a la población deportada, tampoco para dar atención en escuelas a niños y adolescentes que seguramente sólo hablan inglés y mucho menos para dar empleo a quienes vivieron por años en Estados Unidos.

"Es un tema muy preocupante", indicó y agregó que sumado a ello los apoyos que existían, como el Programa 3 por 1 que había hasta 2018, fueron desaparecidos por el entonces presidente López Obrador, aunque generaban empleos con recursos de las remesas, del gobierno federal y municipal. "Ahora no hay incentivos, ni dinero".

La alcaldesa del municipio de Salvador Escalante, en Michoacán, María Dayana Pérez Mendoza, de extracción morenista, destacó los programas anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como México Te Abraza y los propios del municipio como el de vivienda denominado Cuarto Rosa, que ha entregado 30 casas en los últimos meses a familias de escasos recursos.

Sin embargo, reconoció que los recursos para atender a un número aún indeterminado de migrantes michoacanos originarios de ese municipio nunca serán suficientes, pero hay la intención de hacer todos los esfuerzos para la atención en vivienda, salud, empleo y educación.

Aceptó que hasta el momento se carece, incluso, de un diagnóstico certero de qué tamaño es la población migrante de ese municipio en Estados Unidos y menos aún el número o porcentaje de los posibles deportados.

Informó que ya se solicitó formalmente a la Secretaría del Migrante del gobierno de Michoacán dicho informe o diagnóstico, pero hasta el momento aún no se les remite el documento.

Optimista, dijo que "estamos apegados a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum" y se prevé dar 2 mil pesos a cada migrante para su retorno, además de que se solicitará apoyo para dar clases de español a los hijos de los migrantes deportados que no sepan el idioma. 

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Mario Vázquez Robles, indicó que el gobierno mexicano ha tomado "a la ligera" la crisis económica y social que podrían provocar las deportaciones masivas en el tema de la caída de las remesas, que es el sostén económico de muchas regiones.

"La cancelación o caída de remesas por la deportación de migrantes, sobre todo para estados como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, representa una parte importante del ingreso nacional, al perder capacidad de enviar dinero habrá pérdida de ingresos en las familias y obviamente eso llevará a un aumento de la pobreza y la desigualdad".

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó también que repercutirá en un menor consumo local, lo que va a afectar a las economías regionales. 

Hay datos oficiales que exponen que hay familias en algunos municipios y estados con una dependencia de 80% de los ingresos familiares provienen de remesas, sostuvo.

"Todo ello puede llevar a problemas sociales, desempleo, violencia y migración, incluso interna, mayor presión sobre servicios públicos en algunas regiones, sobre todo en el sector Salud, educación y vivienda. Será muy grave la situación para los municipios que son expulsores de mexicanos y, por ende, receptores de remesas", agregó.

Comentó que, sumado a este eventual escenario, en el sexenio de López Obrador el gobierno mexicano eliminó el Programa 3 por 1, que captaba un porcentaje de las remesas y los gobiernos federal y estatal financiaban otra parte, para la realización de obras que generaban empleos en los municipios expulsores de migrantes. "Hoy no existe nada de eso", concluyó.

Virginio Paloma Ramírez, migrante hidalguense y presidente del Consejo Mexicano de la Bahía de Tampa en Florida, expuso que a partir del inicio del gobierno de Trump hay mucha expectación, temor de los mexicanos que no tienen la residencia o visa en Estados Unidos, sobre todo por lo que se está manejando en las redes sociales respecto de eventuales deportaciones y la pasividad en los consulados que no han iniciado ni siquiera una campaña para exponer los derechos de los migrantes. 

Expuso que esta campaña de temor en redes y en algunos medios estadounidenses ya la vivieron los migrantes de Florida con la Ley SB1718 que los criminalizaba y obligó a muchas familias a cambiar de estado, pero finalmente dicha legislación quedó sin efecto, porque la migración es parte esencial en la economía, sobre todo en el campo y los servicios.

Migrante desde hace 32 años, expresó que habrá que esperar el avance del gobierno de Donald Trump para ver si se cumplen las amenazas de deportaciones masivas, lo cual sería un golpe muy fuerte a la economía de municipios y regiones de México que viven y se desarrollan con base en las remesas.

"En promedio un migrante mexicano envía cada mes a sus familias entre 800 y mil 200 dólares, pero hay algunos que tienen mejores salarios, pueden elevar la cifra hasta los 3 mil dólares, lo cual es el principal y a veces único sostén familiar ante la pobreza que se vive en muchos pueblos", expuso el activista.

Propietario de un restaurante y un local que envía remesas a México, dijo que el Valle del Mezquital, conformado por 28 municipios, colapsaría económica y socialmente si se deporta a los hidalguenses que carecen de un estatus migratorio, aunque confió en que se deportará únicamente a quienes tienen un proceso de deportación iniciado o quienes están acusados de algún delito.

"Es un hecho que las remesas sostienen, equilibran la economía de millones de familias en México, de pueblos enteros, de municipios, de estados y del país. Con las remesas compramos la paz social del país", apuntó Virginio Paloma Ramírez.

El dato

* 800 a 1,200 dólares al mes envía en promedio un migrante mexicano a su familia.