ONG's acusan a Garduño de eludir responsabilidad en incendio de INM

A casi dos años del incendio ocurrido en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum justicia por la muerte de 40 migrantes y para los 27 sobrevivientes con lesiones permanentes y 15 mujeres con repercusiones psicoemocionales. Además, denunciaron que Francisco Garduño busca eludir su responsabilidad penal; por lo que buscan su destitución inmediata, así como una reforma al INM.

"Queremos expresar nuestra profunda condena ante lo que consideramos un grave retroceso en el acceso a la justicia y a la verdad para las 82 víctimas y sus familias. Y es que, por tercera ocasión, F. G. y, actual comisionado del INM, ha solicitado un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público", sostuvieron.

A través de una carta pública, más de 100 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos subrayaron que no es su primer intento por evitar la acción penal.

Ya que, en el pasado, dijeron, el comisionado ha propuesto pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para absolverse del delito.

Así, pidieron retirar del cargo de forma inmediata a Francisco Garduño como comisionado del INM para garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023; además de garantizar la reparación integral para las víctimas directas e indirectas del incendio.

Así como asegurar la imparcialidad en la investigación sobre el incendio de Ciudad Juárez: "Es esencial que las investigaciones y los procesos administrativos y penales relacionados con el incendio se lleven a cabo de manera independiente, sin interferencias del Poder Ejecutivo", agregaron.

También piden eliminar la extorsión, corrupción y abusos a los derechos humanos cometidos por personal del INM y reformarlo con el objetivo de que sus funciones se centren únicamente en la gestión eficiente de la entrada y salida de personas al país y en procedimientos de regularización migratoria que sean equitativos y efectivos.

"Cabe destacar que durante la administración del comisionado, de 2019 al 27 de marzo de 2023, se registraron 14 incendios en instalaciones del INM. Es crucial que el INM deje de ser una entidad militarizada y de seguridad nacional y se transforme en una instancia civil, con mecanismos más eficaces para identificar población en contextos de vulnerabilidad, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional", dice el documento.

Lamentaron que la respuesta del INM haya sido deficiente, al no proporcionar información clara y oportuna a la población, en estos primeros días de la toma de posesión del presidente Donald Trump, en los que se han formado diversas órdenes ejecutivas y realizado modificaciones a las políticas migratorias para restringir el acceso a los puertos de entrada de Estados Unidos, como la cancelación de la aplicación móvil CBP One.

Agregaron que el comisionado ha utilizado recursos públicos para cumplir con requisitos judiciales impuestos en su proceso penal, incluyendo su comparecencia ante los juzgados federales de Ciudad Juárez cada 15 días.

"A esto se suma que el proceso penal relacionado con el incendio ha estado marcado por diversas irregularidades, como la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas", expresaron.

Lamentaron que aunque la audiencia para considerar la solicitud de suspensión condicional promovida por el comisionado, Francisco Garduño, ya estaba programada para el 25 de marzo de este año, su defensa solicitó adelantarla al 24 de enero, lo cual fue aceptado por el Juzgado. Esto, señalaron, podría interpretarse como un intento de acelerar el proceso en beneficio de los intereses del imputado, lo que, además, genera incertidumbre jurídica en el desarrollo del caso.