Sinaloa enfrenta aumento alarmante en desapariciones

CULIACÁN, Sin.- En el año 2024, el delito de privación ilegal de la libertad tuvo una cifra récord, solo en el último cuatrimestre se tuvo 911 desapariciones, cifra que triplica la suma de registros de los últimos 16 años, por lo que se requiere atender este delito con herramientas institucionales para su prevención y contención.

Miguel Calderón Quevedo, Coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado, al presentar un análisis del comportamiento delictivo que se ha tenido, derivado de las tres fracturas del Cártel dominante en Sinaloa, en los últimos veinte años, destacó que el tema de las desapariciones observa un crecimiento preocupante.

Destacó que durante el año pasado, este delito alcanzó mil 610 denuncias, de las cuales, el 53 por ciento de ellas de concentraron en el municipio de Culiacán; pero, también observó que el homicidio doloso se volvió a incrementar de los 994 casos que se presentaron, 656 se cometieron de septiembre a diciembre.

Otro de los delitos, según cito, que a partir del 2020 observó una leve tendencia a la baja en el estado, fue el robo de vehículos, sin embargo, el año pasado, se volvió a elevar la tasa con un registro de tres mil 985 unidades motrices.

En este nuevo escenario que se presenta, Calderón Quevedo dio a conocer que las recomendaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, es elevar el presupuesto público para seguridad y justicia, ante la evidencia de que Sinaloa, ocupa el último lugar a nivel nacional en este renglón.

Se requiere elevar la incorporación de un número mayor de elementos de las policías municipales, estatales y personal de la Fiscalía General del Estado, tanto agentes de investigación, como ministerios públicos y peritos.

Trasladar casos exitosos a nivel nacional en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a fin de reducir los índices de impunidad y mejorar la efectividad como sucede, con el Sistema Cosmos implementado en el estado de Querétaro.

Se requiere de una reingeniería profunda del sistema penitenciario estatal, con énfasis en la construcción de dos nuevos centros penitenciarios, uno para hombres y otro para mujeres, a fin de atender la grave situación que actualmente existe, con casos de homicidios, contrabando de armas de fuego y evasiones.

Otra de las propuestas son implementar políticas públicas con el objetivo de desmovilizar y reintegrar socialmente a jóvenes que actualmente forman parte del recurso humano de los grupos delictivos.