Va ministro por tiro de gracia al Plan B
El Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento, las cuales son suficientes para invalidar el decreto impugnado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este jueves un proyecto que invalida la parte central del llamado "Plan B" de la reforma electoral, impulsado por el actual Gobierno y publicado el pasado 2 de marzo.
Se trata de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, así como una nueva Ley del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, cuyo principal efecto era adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y limitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dichas reformas, que la Cámara de Diputados aprobó el mismo día que le fueron enviadas por el Ejecutivo, no han sido aplicadas porque el Ministro Javier Laynez las suspendió desde el 24 de marzo.
Ahora, Laynez propuso anular las reformas porque, durante el proceso legislativo en diciembre, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
La Corte ya tiene unos treinta precedentes sobre los requisitos que debe reunir un procedimiento legislativo, aunque con matices de varios de sus integrantes sobre cuales son las violaciones graves que ameritan invalidar una norma.
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En este caso, es previsible que el asunto tendrá la misma mayoría de nueve Ministros que, el pasado 8 de mayo, anularon la primera parte de este paquete de reformas, cuando solo las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz defendieron la actuación de Morena y sus aliados en el Congreso.
Una vez anulado el "Plan B", seguirán vigentes las leyes electorales tal y como existían hasta el 1 de marzo de 2023, vigentes desde 2014, y éstas serán las reglas que aplicaran en el proceso 2023-2024.
Lo anterior, porque dicho proceso iniciará en la primera semana de septiembre, es decir, faltan menos de 90 días, y la Constitución prohíbe promulgar y publicar reformas a leyes electorales en ese periodo.
Laynez había cerrado la semana pasada la instrucción de siete acciones de inconstitucionalidad, por lo que era inminente la presentación de este proyecto, máxime que los asuntos electorales tienen prioridad para resolución en el Pleno.