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Inhibe INE a militantes como capacitadores

El INE busca impedir que militantes de cualquier partido sean capacitadores o supervisores electorales en los próximos comicios

Inhibe INE a militantes como capacitadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) busca inhibir que militantes de cualquier partido sean capacitadores o supervisores electorales en los comicios federal y locales.

 En contra de los representantes de institutos políticos, las comisiones de Organización y Capacitación aprobaron que cualquier aspirante a esos cargos que aparezcan en el padrón de afiliados se les restará en automático un punto en su evaluación de contratación.

 La legislación establece que los miles de capacitadores y supervisores electorales, clave en el proceso porque se encargan de instruir a los funcionarios de casilla, trasladar paquetes electorales y coordinar el conteo de votos, no pueden militar en un partido.

 Por ello, en procesos anteriores se estableció como candado que los aspirantes detectados en un padrón de militantes debían demostrar que pidieron su baja en el último año y si fueron afiliados indebidamente presentar una denuncia para que el INE investigara.

 El 25 de agosto, en una votación dividida, el Consejo aprobó que únicamente demuestre su baja.

 Para algunos consejeros, eliminar la queja imposibilita al Instituto tener certeza sobre la afinidad partidista, por lo que al restarles un punto, se da preferencia a los aspirantes que sí pueden demostrar su neutralidad.

 Por ejemplo, en el proceso electoral 2021, se calcula que 23 mil personas eran militantes de un partido, pero con el requisito de la queja, sólo llegaron unos mil.

 "La medida es apta toda vez que la ausencia de una vinculación vigente y real o tangible de los funcionarios electorales con los partidos políticos permite razonablemente suponer, a primera vista, que la o el ciudadano interesado no responde a los intereses de la organización política en la cual milita", indica el acuerdo aprobado que aplicará para personal federal y local.

 Debido a que fue una adenda a la estrategia de capacitación, el acuerdo no pasa al Consejo General, lo que provocó el enojo de la consejera Norma de la Cruz y representantes de partidos políticos, quienes acusaron de pretender dar un albazo, no justificar su decisión o sobrerregular la contratación.



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