Entra Corte en una fase de turbulencia

La Suprema Corte de Justicia de México ha entrado en una de las etapas de mayor tensión con un Ejecutivo federal de los últimos años. El periodo de armonía que significó la presidencia en la Corte del ministro Arturo Zaldívar (2019-2023), aliado de Andrés Manuel López Obrador en el poder judicial, terminó en enero, con llegada de la ministra Norma Piña al frente del Supremo. El arranque de la presidencia de Piña se ha caracterizado por una marcada distancia respecto del Ejecutivo, aplaudida por la oposición y que contrasta con la actitud colaborativa que asumió Zaldívar. El presidente López Obrador ha acusado a Piña de estar en contra de su Gobierno y de mantener un orden de cosas en el Poder Judicial que favorece a criminales y potentados.

• Ciudad de México

La ministra Piña (62 años), que ha recorrido una sólida carrera judicial, no era la favorita de López Obrador para presidir el Supremo. Su candidata era Yasmín Esquivel, una ministra que ha votado asuntos que favorecen los intereses del oficialismo. Pero las revelaciones de que la jueza plagió sus trabajos de titulación de licenciatura y de doctorado descarrilaron sus aspiraciones y han abierto fuertes interrogantes sobre su idoneidad para ser ministra. López Obrador la ha defendido, convencido de que es víctima de una campaña de desprestigio de la derecha, y ella, a su vez, ha decidido negar las evidencias del plagio y aferrarse a su asiento. Su afán de permanecer a toda costa ya ha cobrado factura al prestigio del máximo tribunal, que sigue sesionando para resolver asuntos sobre legalidad, justicia y Derecho con un gigantesco elefante en la sala.

Hasta el pasado viernes, la Corte había recibido 667 denuncias contra Esquivel por no gozar de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro, según ha confirmado una fuente del máximo tribunal a EL PAÍS. El Supremo se encuentra evaluando qué cauce dará a las denuncias para determinar si es posible iniciar un procedimiento de responsabilidades contra la ministra.

Hay un tercer ingrediente que abona a elevar la tensión entre la Corte y el Ejecutivo. Los ministros deberán analizar en próximas semanas las reformas del llamado “plan B” electoral del Gobierno para determinar si son coherentes con la Constitución o si representan una violación a la norma. El “plan B” es un paquete de modificaciones a diversas leyes secundarias que reducen la estructura institucional y las facultades de vigilancia del INE, el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Si el máximo tribunal echa atrás las nuevas leyes, que han sido impulsadas por el propio López Obrador, es previsible que se desate una nueva andanada de ataques del oficialismo contra la Corte y los ministros, a decir de los analistas jurídicos. De acuerdo con la fuente del alto tribunal, dos ministros tendrán a su cargo elaborar los proyectos que votará el pleno: Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, ambos jueces ortodoxos que no están particularmente enfrentados con el Gobierno.

ECOS DEL CALDERONISMO

No es la primera vez que un presidente del Supremo se enfrenta al Ejecutivo. El ministro Juan Silva Meza (2011-2015) atajó constantes descalificaciones al poder Judicial provenientes del entonces presidente Felipe Calderón, que acusaba a los juzgadores de obstaculizar su lucha contra el narcotráfico, en medio de una enorme crisis de violencia e inseguridad. Luego vinieron acusaciones de que los jueces favorecían la impunidad de los criminales, especialmente cuando la Corte ordenó la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, que había sido inculpada en el delito de secuestro mediante un expediente fabricado por la Policía de Genaro García Luna. En marzo de 2012, poco antes de que el Supremo votara la sentencia sobre Cassez, el ministro Silva Meza pronunció frente a Calderón un discurso en el que criticó las presiones a la autonomía judicial. “No al abuso del poder, que es el paso previo al autoritarismo y a la impunidad. Y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos”, dijo entonces.