Acusan a directivos de trámites ilícitos
Giran órdenes de aprehensión después de que obtuvieron una ampliación de 30 años de la concesión del servicios de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo
En los mandamientos judiciales, librados el pasado 16 de diciembre por un juez penal federal con residencia en Cancún, también se acusa a los apoderados de la empresa: Paul Andrew Rangel Merkley y a Diego José Ramos González de Castilla.
Ciudad de México.- Las órdenes de aprehensión giradas contra dos directivos de la empresa Aguakan fue porque, presuntamente, promovieron conductas ilícitas para obtener una ampliación por 30 años de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo.
En los mandamientos judiciales, librados el pasado 16 de diciembre por un juez penal federal con residencia en Cancún, también se acusa a los apoderados de la empresa, Paul Andrew Rangel Merkley y a Diego José Ramos González de Castilla, de haber incurrido, presuntamente, en el delito de lavado de dinero.
Representantes de la empresa, cuya razón social es Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (DHC), acusaron al Gobierno de Mara Lezama de usar las órdenes de aprehensión para presionar a la empresa a renunciar a la concesión y vender sus activos en una cuarta parta de su valor real.
Los mandamientos judiciales derivaron de una denuncia que Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo estatal, presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) contra los directivos, acusándolos de los ilícitos por los que ahora son reclamados por el juez.
Según la denuncia, Rangel Merkley, director general de DHC, y Ramos González de Castilla, presidente del Consejo de Administración de GBM Casa de Bolsa -fondo copropietario de Aguakan-, promovieron en 2014 que el entonces secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y la entonces directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula Guadalupe González Cetina, firmaran un contrato para ampliar la concesión por 30 años.
"Sin que ambas instituciones públicas estuvieran facultadas por algún ordenamiento para hacerlo, y mucho menos para recibir una contraprestación de $1,055,999,962.00 (mil cincuenta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)", señala el expediente.
Conforme la denuncia, el delito de lavado de dinero se configuraría porque, al haberse promovido una conducta ilícita, los recursos derivados de ella serían ilícitos.
Los directivos de Aguakan han defendido la legalidad, tanto de la solicitud de ampliación de la concesión, posibilidad prevista en el contrato, como del pago realizado por concepto de contraprestación que fue ingresado debidamente a la cuenta de la CAPA y después transferido a la Secretaría de Finanzas.
La ampliación de la concesión, como consta en el título otorgado, cumplió con las formalidades previstas en la ley, pues fue aprobada por el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, conformado por el Gobernador del estado y los Presidentes Municipales; fue avalada por cada uno de los Cabildos, fue aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial.
Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuyo origen de los recursos es conocido y en ella, vía un fondo de inversión, participan cuatro afores.