Presionan a gobierno de EU para devolver al deportado

Jennifer Vásquez Sura, esposa de Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error a El Salvador, habla en una conferencia de prensa

GREENBELT, Maryland.- Una jueza federal dijo ayer martes que ordenará declaraciones juradas de funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para determinar si cumplieron con sus órdenes de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a una notoria prisión en El Salvador.

La jueza federal de distrito, Paula Xinis, en Maryland, emitió su orden después de que funcionarios del Gobierno federal rechazaron en repetidas ocasiones traer de vuelta a  Ábrego García, diciendo que desafiaron una orden "clara" de la Corte Suprema.

Xinis también desestimó las declaraciones del lunes de funcionarios de la Casa Blanca y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de que no podían traer de vuelta a Ábrego García y señaló que se trataban de "dos barcos muy desorientados cruzándose en la noche".

"La Corte Suprema ha hablado", dijo Xinis y añadió que lo que se dijo en el Despacho Oval el lunes "No fue ante un tribunal".

La audiencia se produjo un día después de que asesores de la Casa Blanca repitieron la afirmación de que carecen de la autoridad para traer de vuelta al salvadoreño de su país natal. El presidente de El Salvador también dijo el lunes que no devolvería a Abrego García, comparándolo con introducir de contrabando "a un terrorista en Estados Unidos".

Una abogada de Abrego García dijo que los procedimientos por desacato podrían ser el siguiente paso lógico después de dos semanas de descubrimiento. "Esto sigue siendo una victoria, y esto sigue siendo un progreso", dijo Rina Ghandi. "Sin embargo, aún no hemos terminado".

La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, dijo poco antes de la audiencia del martes que él estaba trabajando arduamente para lograr el sueño estadounidense para su familia.

"Ese sueño se hizo añicos el 12 de marzo cuando fue secuestrado y desaparecido por el gobierno de Estados Unidos frente a nuestro hijo de 5 años", señaló. "Hoy es el día 34 después de su desaparición... No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida".

Abrego García, de 29 años, llevaba viviendo en Estados Unidos aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó y estaba criando a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.

Un juez de inmigración de Estados Unidos había protegido a Abrego García de la deportación a El Salvador en 2019, dictaminando que probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales que habían aterrorizado a su familia. También se le otorgó un permiso federal para trabajar en Estados Unidos, donde era trabajador metalúrgico y miembro de un sindicato, según los abogados de Abrego, pero el gobierno de Trump lo expulsó a El Salvador el mes pasado de todos modos. Los funcionarios del gobierno señalaron más tarde que se debía a "un error administrativo" pero insistieron en que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13 en Estados Unidos.

Abrego García nunca fue acusado de un delito y ha negado las acusaciones, que incluyen ser miembro de la MS-13 en Long Island, Nueva York, donde nunca ha vivido.

A principios del mes, Xinis ordenó al gobierno de Trump que trajera de vuelta a Abrego García. Y la Corte Suprema federal acordó el jueves que el gobierno debe "facilitar" la liberación de Abrego García.

Pero la Casa Blanca se ha resistido a intentar negociar su regreso, argumentando que los tribunales no pueden interferir en los poderes diplomáticos del presidente.

Xinis ordenó a Estados Unidos el viernes proporcionar actualizaciones diarias sobre los planes para devolver a Abrego García. El gobierno de Trump respondió el sábado que estaba vivo en la prisión de El Salvador. Pero solo ha reafirmado su decisión de no decirle a un tribunal federal si tiene algún plan para repatriar a Abrego García.