Flaquea apoyo a medidas antimigrantes en Eagle Pass

El Paso, Estados Unidos .-Cuando el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció una iniciativa multimillonaria hace dos años para disuadir a los migrantes de cruzar a Estados Unidos desde México, la ciudad fronteriza de Eagle Pass recibía a mil 200 solicitantes de asilo todos los días, por lo que muchos residentes acogieron con beneplácito la ayuda extra.

 Hugo Urbina, dueño de una finca de nueces junto al Río Bravo, no estaba contento con el tráfico constante de personas en su tierra, a veces decenas de personas por día.

 Jessie Fuentes, propietaria de un negocio de canoas y kayaks, no quería que los migrantes pensaran que Estados Unidos tenía una "frontera abierta".

 El Alcalde de la ciudad, Rolando Salinas Jr., vio cómo la Patrulla Fronteriza estaba sobrepasada.

 "La gente no puede estar llegando por miles sin consecuencias", dijo Urbina.

 Pero con el tiempo, a medida que Abbott ha puesto a prueba los límites legales de la acción estatal sobre la migración -enviando a la Guardia Nacional, decenas de policías estatales a la frontera e instalando alambre de púas y barreras flotantes a lo largo del Río-, parte de ese apoyo popular parece estar disminuyendo.

 Los informes recientes de lesiones y al menos dos muertes cerca del muro de boyas de 300 metros de largo han elevado el nivel de preocupación.

 "Fue demasiado lejos", lamentó Fuentes.

 La escala de las tácticas bajo lo que el Estado ha llamado una operación para "mantener la línea" incluso han generado algunas críticas dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza.

 En entrevistas, algunos residentes de Eagle Pass señalaron que se ha sentido como si su propia ciudad estuviera sitiada, con policías estatales estacionados a lo largo de las orillas del río advirtiendo a los que intentan cruzar que retrocedan.

 Este martes se fijó una audiencia en la corte federal de Austin, Texas, sobre una impugnación a la barrera del Río Bravo por parte del Departamento de Justicia, que sostiene que viola la ley federal.

 El departamento argumentó que una parte significativa de la barrera de boyas estaba ubicada en territorio mexicano. Una encuesta realizada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas encontró que alrededor de 250 metros del muro flotante estaba de lado mexicano, el cual se había opuesto a la barrera.

 En una presentación posterior, el Gobierno federal informó que Texas envió una tripulación la semana pasada para acercar las boyas al territorio estadounidense.

 El Departamento de Seguridad Pública del estado ha dicho que las medidas de control fronterizo están destinadas a disuadir a los migrantes de cruzar en tramos peligrosos del río y entrar al país sin autorización para solicitar asilo.

 En cambio, los funcionarios del departamento, dijeron que la operación estatal insta a las personas que cruzan la frontera a ingresar de manera más segura en un puerto de entrada legal.

 En una carta al Presidente Joe Biden en julio, Abbott señaló que sus oficiales estaban protegiendo la frontera del trasiego de drogas, el tráfico de personas y la violencia de los cárteles, así como de garantizar que los migrantes cruzaran de manera más segura.

 "Sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada", escribió.

 El teniente Christopher Olivarez, vocero del departamento, dijo que se esperaba que los terratenientes que aceptaran cooperar con la iniciativa de control fronterizo prestarían sus tierras a la operación hasta que terminara.

 Los planes para la Operación Lone Star son "indefinidos", dijo Olivarez.

 Pero muchos residentes que poseen terrenos cerca del Río Bravo dijeron que los agentes del estado ya se habían quedado más tiempo del esperado.

 Urbina, que inicialmente accedieron a cooperar, dijo que había visto consternada cómo la Policía estatal se había "apoderado por completo" de su tierra.

 El refugio local para migrantes ha informado que muchos migrantes llegan con graves laceraciones causadas por las barreras de alambre de púas, y a Urbina le preocupa que algunas de esas lesiones estén ocurriendo en su tierra.

 "No queremos que la gente salga lastimada", aseveró.

 Los residentes locales expresaron su frustración este mes a una delegación de miembros demócratas del Congreso y funcionarios estatales electos que viajaron para ver la operación de primera mano.

 El representante Joaquín Castro, que representa a San Antonio, dijo que le preocupaba saber que el programa de Abbott estaba interfiriendo indebidamente en un área que está bajo jurisdicción federal, usando terrenos que pertenecen a ciudadanos privados.

 "Lo que le gusta hacer (a Abbott) es asustar a los texanos de que hay un montón de gente cruzando el río para hacerte daño", indicó Castro.

 Los funcionarios de la ciudad también se han vuelto menos acogedores con la operación estatal.

 Salinas, el Alcalde de Eagle Pass, quien una vez proclamó públicamente su apoyo a la Operación Lone Star y aún apoya una mayor presencia policial en la frontera, señaló que últimamente se había enfadado con las tácticas más agresivas que se han exhibido.

 Salinas aseveró que inicialmente accedió a permitir que la Policía estatal realizara muchos arrestos de migrantes en terrenos propiedad de la ciudad en Shelby Park.

 Pero los residentes locales, hartos de que el parque no estuviera disponible para ellos, presionaron recientemente al Ayuntamiento de Eagle Pass para que revocara ese permiso.

 Salinas señaló que rechazó una solicitud reciente del estado para construir una puerta en una rampa para botes cerca del río.

 "Dijeron: 'Bueno, solo queríamos preguntarte. Lo vamos a poner de todos modos porque estamos bajo una declaración de emergencia por parte del Gobernador. Esa es nuestra autoridad'", dijo.

 Salinas manifestó que las decisiones sobre migración debían provenir de Washington, no solo del estado, y que se trataba de algo más que brindar seguridad adicional en la frontera.

 "No tenemos las respuestas a nivel local", dijo.

 "El Gobierno federal necesita una reforma migratoria. De eso se ha hablado durante los últimos 30 años".