Demócratas desafían ley migratoria de Trump: Luchan contra la deportación

En esta foto, facilitada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, un agente de la Patrulla Fronteriza observa el embarque de inmigrantes indocumentados en un C-17 Globemaster III, en el Aeropuerto Internacional de Tucson, Arizona.

NUEVA YORK, NY.- A medida que el presidente Donald Trump endurece las políticas de inmigración del país, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.

Los esfuerzos de resistencia en California, Nueva York y otros estados son un contrapunto a los muchos estados liderados por republicanos que avanzan medidas para apoyar la represión de Trump contra la inmigración ilegal, destacando una división nacional.

Ya se han introducido cientos de proyectos de ley sobre inmigración en los estados y se esperan más iniciativas la próxima semana. Los gobernadores republicanos, Ron DeSantis, de Florida, y Bill Lee, de Tennessee, han convocado sesiones legislativas especiales para comenzar el lunes para apoyar la agenda de inmigración de Trump.

Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawai, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.

Asistencia jurídica para luchar contra la deportación

Mientras Trump intensifica los esfuerzos de deportación, algunas medidas estatales ayudarían a pagar abogados para defender a las personas que se enfrentan a procedimientos de inmigración.

Una líder de tales esfuerzos es la asambleísta de Nueva York, Catalina Cruz, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años desde Colombia y permaneció sin estatus legal durante más de una década antes de obtener la residencia permanente y convertirse en ciudadana estadounidense y abogada.

Cruz ha presentado más de media docena de proyectos de ley para ayudar a los inmigrantes. Uno de ellos haría valer el derecho estatal a la asistencia jurídica en los procedimientos de inmigración en Nueva York, o en cualquier otro lugar si el migrante viviera en Nueva York. Otro autorizaría subvenciones estatales para que las organizaciones contraten, formen y equipen a personal que preste asistencia jurídica a las personas que se enfrentan a la deportación.

"En un mundo donde la amenaza de deportaciones masivas es inminente", la normativa "da a las personas una oportunidad para luchar por su caso, para luchar por sus familias, para luchar por sus derechos", dijo Cruz.

Cruz estima que el 60% de los residentes en su distrito legislativo de la ciudad de Nueva York son no ciudadanos. "La gente está aterrorizada", agregó.

Nueva York está entre varios estados que ya financian ayuda legal para migrantes. Pero los defensores quieren aproximadamente el doble de dinero de lo que ha propuesto la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

"Este es un momento en el que invertir en el debido proceso y la equidad para los migrantes en riesgo en Nueva York es de fundamental importancia", dijo Shayna Kessler, directora de una iniciativa de representación universal en el Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro.

Ayuda a los inmigrantes que buscan un estatus legal

Un proyecto de ley de la senadora estatal por Oregon Lisa Reynolds exigiría al Departamento de Servicios Humanos del estado ofrecer subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas que no son ciudadanas a cambiar su situación migratoria o convertirse en residentes legales permanentes. Proporcionaría 6 millones de dólares para poner en marcha el programa durante el bienio presupuestario que comienza en julio.

"Oregon ha tenido una tradición muy orgullosa de hacer todo lo posible por ayudar a aquellos que han inmigrado recientemente a nuestro estado desde otros países, y especialmente a aquellos que han sido refugiados políticos", dijo Reynolds. "Todos sentimos un poco más de urgencia al respecto".

Un escudo para escuelas

El gobierno de Trump revocó las directrices que durante más de una década habían limitado a las agencias federales de aplicar la ley de inmigración en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y centros de salud. 

En California, uno de cada 5 niños vive en familias donde al menos una persona no tiene estatus legal, según The Children´s Partnership, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.

El asambleísta Al Muratsuchi, presidente del comité de Educación de la cámara, está patrocinando una legislación que dificultaría la entrada de funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)a escuelas y centros de cuidado infantil.

El proyecto de ley requeriría que los funcionarios federales tengan una orden judicial, una declaración escrita del propósito, una identificación válida y la aprobación de un administrador de la instalación. 

Si se cumplen esos criterios, los funcionarios de inmigración federales aún solo podrían acceder a áreas donde no estén presentes los niños.