Reanudan deportaciones bajo ley de Guerra de 1798
Advierte ACLU que Inmigración estaba acusando a otros hombres venezolanos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua
Migrantes venezolanos abordan un avión en Harlingen, Texas, en octubre de 2023.
WASHINGTON, DC
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó el viernes, sin éxito, a dos jueces federales que ordenaran al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump no deportar a ningún venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, argumentando que las autoridades de Inmigración parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones, a pesar de las restricciones de la Corte Suprema federal sobre cómo se puede usar la ley.
Posteriormente, la ACLU presentó solicitudes de emergencia tanto ante el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito como ante la propia Corte Suprema federal para pausar las deportaciones, incluso cuando uno de los jueces dijo que planteaba preocupaciones legítimas, pero que no podía emitir una orden.
El grupo ya ha entablado demandas para bloquear las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de dos venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet y está pidiendo a un juez que emita una orden que prohíba las deportaciones de cualquier inmigrante en la región en virtud de la ley. En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros hombres venezolanos, detenidos allí, de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, lo que los haría sujetos al uso de la ley por parte del presidente Trump.
La ley sólo ha sido invocada tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que les daba poder para remover rápidamente a inmigrantes que identificaban como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
La ACLU y el grupo Democracy Forward presentaron demandas para suspender las deportaciones realizadas en virtud de la ley. La Corte Suprema federal permitió que las deportaciones se reanudaran, pero dictaminó unánimemente que únicamente podrían proceder si aquellos que estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de argumentar su caso en la corte y se les daba "un tiempo razonable" para impugnar sus deportaciones pendientes.
Jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos bajo la ley hasta que el gobierno proporcionara un proceso para que ellos presentaran sus reclamos en la corte. Pero no se ha emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que se encuentra a 38 kilómetros (24 millas) al norte de la ciudad de Abilene en el extremo norte del estado.
El juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negó esta semana a prohibir al gobierno la remoción de los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato. También se negó a emitir una orden más amplia que prohibiera la remoción de todos los venezolanos en el área en virtud de la ley porque, según dijo, las deportaciones aún no habían comenzado.
Pero la solicitud del viernes de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración separados que dijeron que a sus clientes en Bluebonnet se les dio documentación que indicaba que eran miembros del Tren de Aragua y podrían ser deportados para el sábado. En un caso, la abogada de inmigración Karene Brown dijo que a su cliente, a quien identificó únicamente por sus iniciales, se le dijo que firmara papeles en inglés, aunque sólo habla español.
"El ICE informó a F.G.M. que estos papeles venían del presidente, y que sería deportado incluso si no los firmaba", escribió Brown.
El abogado de la ACLU , Lee Gelernt , dijo en una audiencia el viernes por la noche ante el juez de distrito James E. Boasberg en Washington D.C., que el gobierno inicialmente trasladó a los venezolanos a su instalación de inmigración en el sur de Texas para su deportación. Pero, dado que un juez prohibió las deportaciones en esa área, los ha trasladado a la instalación de Bluebonnet, donde no existe tal orden. Dijo que testigos informaron que los hombres estaban siendo subidos a autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.
