Demanda a una ciudad por políticas de Santuario
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, interpuso una demanda contra la ciudad de Rochester, en Nueva York, por sus políticas como "Ciudad Santuario", argumentando que violan la Constitución al obstaculizar deliberadamente la aplicación de las leyes de inmigración
La encuesta de abril de AP-NORC encontró que, aproximadamente, la mitad de los estadounidenses dicen que Trump ha "ido demasiado lejos".
BUFFALO, Nueva York
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, interpuso una demanda contra la ciudad de Rochester, en Nueva York, por sus políticas como "Ciudad Santuario", argumentando que violan la Constitución al obstaculizar deliberadamente la aplicación de las leyes de inmigración.
La demanda surge después de que los líderes electos de Rochester dijeron que los agentes de policía locales habían violado la política de la ciudad que prohíbe su participación en actividades de inmigración cuando asistieron a la Patrulla Fronteriza en una detención de tráfico el mes pasado y ayudaron a esposar a los ocupantes del vehículo.
"Para la mayoría de los estadounidenses, eso parecería la aplicación de la ley en su máxima expresión", decía la demanda. "Pero no para quienes lideran la ciudad de Rochester".
El documento presentado el 24 de abril en el tribunal de distrito de Estados Unidos busca que se declaren inválidas las políticas de la ciudad del norte del estado de Nueva York. La demanda se presentó el mismo día en que un juez federal en California prohibió al gobierno de Trump negar fondos federales a las jurisdicciones Santuario.
Rochester se estableció como ciudad santuario en 1986 y reafirmó la designación durante el primer mandato de Donald Trump con una resolución del Concejo Municipal aprobada por unanimidad. La resolución de 2017 dice que la policía "no participará en ciertas actividades únicamente con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, incluyendo no indagar sobre el estatus migratorio" de las víctimas o testigos de delitos a menos que sea necesario para una investigación criminal. También prohíbe a los empleados de la ciudad asistir en la aplicación de la ley de inmigración federal.
Rochester se encuentra a menos de 16 kilómetros (10 millas) del Lago Ontario, que se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
En un comunicado emitido el viernes, los funcionarios de Rochester señalaron que las políticas eran "legalmente sólidas" y dijeron que usarían el desafío legal "para responsabilizar al gobierno federal y asegurar que no se apropie de los recursos locales en violación de la 10ma Enmienda de la Constitución".
"La ciudad de Rochester está comprometida a invertir sus recursos en la seguridad pública para todos, no en hacer el trabajo del gobierno federal de aplicación de la ley de inmigración", decía el comunicado del alcalde Malik Evans, el presidente del Concejo Municipal Miguel Meléndez Jr. y la ciudad.
"A simple vista", decía el comunicado, "la denuncia es un ejercicio de teatro político, no de práctica jurídica".
La acción jurídica se originó a partir de una detención de tráfico el 24 de marzo en Rochester, durante la cual los agentes de policía de Rochester respondieron a una solicitud de emergencia de apoyo de la Patrulla Fronteriza.
