Demanda pide que funcionarios de EUA declaren sobre deportaciones

En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de Estados Unidos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador.

Un juez federal cuestionó el lunes si el gobierno del presidente Donald Trump ignoró sus órdenes de que los vuelos que transportaban deportados a El Salvador volvieran de inmediato a Estados Unidos, posiblemente violando el dictamen que había emitido apenas unos minutos antes.

El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones del gobierno de que sus instrucciones verbales no contaban, que sólo se debía cumplir a su orden por escrito, que no podía aplicarse a vuelos fuera del país y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.

"Eso es ir demasiado lejos, creo", respondió Boasberg, señalando que el gobierno estaba al tanto que, en el momento en que los aviones despegaban, él celebraba una audiencia para decidir sobre una breve suspensión a las deportaciones que se llevaban a cabo en virtud a una ley del Siglo XVIII rara vez utilizada y que invocó el presidente Trump aproximadamente una hora antes.

"Sólo les pregunto cómo es que creen que mis poderes equitativos no se aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en espacio aéreo internacional", agregó en otro momento.

El abogado adjunto del fiscal general, Abhishek Kambli, sostuvo que únicamente contaba la breve orden por escrito de Boasberg, la cual se emitió aproximadamente 45 minutos después de que presentó su demanda verbal. Esta no contenía ninguna exigencia para ordenar que los aviones regresaran al país, y Kambli añadió que para ese momento ya era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de Estados Unidos.

"Estas son tareas operativas sensibles de seguridad nacional", subrayó Kambli.

La audiencia respecto a lo que Boasberg calificó como una "posible desobediencia" a su orden judicial representa el más reciente paso en una lucha legal que comenzó cuando Trump invocó una ley de 1798 para tiempos de guerra con el objetivo de deportar a inmigrantes durante el fin de semana. También representa una escalada en la disputa sobre si el gobierno federal está violando las órdenes judiciales que han bloqueado algunas de sus agresivas medidas durante las primeras semanas de su segundo mandato.

"Se ha hablado mucho sobre una crisis constitucional, se usa mucho ese término. Creo que nos estamos acercando mucho", advirtió Lee Gelernt de la ACLU y abogado principal de la parte demandante, durante la audiencia del lunes.

Boasberg dijo que registraría los procedimientos y sus exigencias adicionales por escrito. "Voy a exponer esto en una orden escrita ya que aparentemente mis órdenes orales no parecen tener demasiado peso", puntualizó Boasberg.

El sábado por la noche, Boasberg ordenó al gobierno que no deportara a nadie bajo su custodia en virtud de la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros, la cual ha sido utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley de 1798 estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana, Tren de Aragua.

La invocación de la ley por parte de Trump podría permitirle deportar a cualquier no ciudadano que él diga que está asociado con la pandilla, sin ofrecer pruebas o incluso identificarlos públicamente.