La fiesta de los billetes rojos y cuellos blancos

Ciudad de México.

La Fuerza de Tarea El Dorado, integrada por agentes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, rastreó durante meses las rutas mediante las cuales los narcos mexicanos y colombianos lavaban dinero en el sistema financiero de ese país en la primera década de este siglo.

Años de trabajo policial y de inteligencia financiera produjeron un resultado al finalizar 2012: el HSBC de México era entre 2006 y 2010 uno de los bancos recomendados por los propios traficantes y lavadores de dinero por sus laxos controles y su proclividad a hacerse de la vista gorda con tal de mantener un flujo constante y elevado de negocios.

El hallazgo de las múltiples fallas y omisiones del banco para evitar el lavado de dinero ilícito derivó en la multa más cuantiosa que se halla impuesto a una institución financiera tanto en EU como en México: allá la penalización fue de mil 900 millones de dólares; acá, de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares).

Quinto Elemento Lab obtuvo mediante la Ley de Acceso a la Información Pública el vasto expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual muestra en más de 20 tomos con 10 mil hojas que la alta dirección de HSBC México incurrió en fallas consideradas graves, entre las cuales están las siguientes:

• Omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas.

• Permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a EU.

• Dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales.

• Mantuvo hasta el último momento posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves.

Los hallazgos de las autoridades mexicanas iban en sintonía con lo que un auténtico escuadrón de fiscales y agentes especializados de EU revelarían seis meses después, el 11 de diciembre de 2012: el Departamento de Justicia informó que HSBC había aceptado su responsabilidad plena en la comisión de delitos que afectaban gravemente el funcionamiento del sistema financiero de Estados Unidos y que el banco aceptaba la mayor multa jamás impuesta en ese país.

Al HSBC y a sus filiales, remarcadamente HSBC México, las acusaron de, entre otros, cinco señalamientos graves:

• Fallar deliberadamente en mantener y ejecutar estrictos controles que evitaran el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

• Mantener “pasmosas y evidentes pifias” de supervisión que permitieron que narcotraficantes de México y Colombia lavaran al menos 881 millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos en el periodo 2006-2010.

• “Hacerse de la vista gorda ante el lavado de dinero” que ocurría en “mero enfrente de sus ojos”.

• Fallar intencionalmente a la hora de poner en marcha un programa eficaz para monitorear operaciones sospechosas realizadas en HSBC México.

• Contar con un sistema tan débil de controles antilavado en HSBC México que los narcos depositaban diariamente cientos de miles de dólares a granel en las cuentas del banco.

El acuerdo de las autoridades de EU con HSBC sólo validaba lo que el Congreso de ese país había documentado por su parte en una exhaustiva investigación realizada durante el primer semestre de ese año.

El reporte elaborado por el equipo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EU, con el título “Vulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la hisrtoria del caso HSBC”, sentaba las bases para las conclusiones a las que llegaría el Departamento de Justicia medio año más tarde.

De las 334 páginas de la investigación del Senado de EU, una cuarte parte se dedicó a examinar las múltiples fallas y deficiencias en el desempeño antilavado de HSBC México.

Y en las 77 páginas del segmento dedicado a revisar las prácticas del banco en México, se menciona en 59 ocasiones el nombre de un ejecutivo mexicano cuyo desempeño fue cuestionado severamente.

Esa misma persona es hoy un alto funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus tareas son, impensablemente, las de prevenir desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el lavado de dinero.

Tan impensables como que HSBC México sea un banco reincidente: desde que le impusieron la histórica multa, ha recibido 19 sanciones más por lo mismo: sus fallas para prevenir el lavado de dinero.

Día tras día, durante casi seis meses entre 2007 y 2008, un compacto equipo encabezado por Lorena Campia Acevedo se hizo presente en la torre HSBC ubicada sobre Paseo de la Reforma, casi enfrente del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

El objetivo de ese grupo de auditores era documentar lo que entre las autoridades mexicanas de inteligencia financiera era casi una certeza: el HSBC era el banco favorito de diversos grupos de narcotraficantes por sus débiles medidas para evitar el lavado de dinero y su disposición a mantener relaciones de negocio con personas y empresas sobre las que existían continuas alertas de que utilizaban el sistema financiero nacional para limpiar recursos procedentes de operaciones ilícitas.

Durante cientos de horas se dedicaron a revisar estados de cuentas, expedientes de los clientes, reportes de operaciones inusuales, sistemas de monitoreo de actividades de alto riesgo, entre decenas más de documentos.

El trabajo realizado durante seis meses produjo aproximadamente 20 tomos integrados por unas 10 mil hojas en total, al cual los autores de este texto tuvieron acceso completo gracias a solicitudes de acceso a la información y a recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.

Los auditores de la CNBV hicieron dos visitas de inspección. La primera, de julio a agosto de 2007; la segunda, de julio a octubre de 2008. Acomodados en un espacio destinado especialmente para ellos, con mucha paciencia y minuciosidad, produjeron reportes que dieron pie a la multa de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares).

La abundancia de deficiencias e irregularidades encontradas hizo que las autoridades financieras mexicanas llegaran a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”.

Francisco Romo Navarrete, titular de la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, sintetizó los hallazgos en un oficio fechado el 29 de agosto de 2011:

Las ineficiencias detectadas por los auditores en HSBC México “pusieron en riesgo el régimen de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo del sistema financiero nacional, con las consiguientes repercusiones financieras, económicas y políticas”.

Entre las miles de hojas que constan en el expediente obtenido por este equipo de investigación se encuentran las minutas de las sesiones del Comité de Comunicación y Control (CCC) del HSBC México, el máximo órgano interno de ese banco para atender todos los aspectos vinculados al lavado de dinero, clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas, operaciones inusuales y transacciones sospechosas.

Presidido por el titular de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento, en el comité participan representantes de los diversos segmentos de negocio del banco, del área jurídica, así como de los órganos encargados de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Al CCC le han asignado diversas funciones, pero de entre ellas destaca la primordial: evitar que el banco sea un instrumento para lavar las ganancias derivadas de actividades como el narcotráfico.

La revisión y análisis de 20 minutas de las sesiones mensuales del CCC muestran con detalle la manera en que sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades entre junio de 2006 y marzo de 2008, periodo en que casas de cambio y negocios de transferencias electrónicas de fondos usaron a HSBC para lavar recursos provenientes del narcotráfico.

El blanqueo de capitales producto del tráfico de drogas se extendió más allá del periodo revisado en las minutas. Según revelaciones del Departamento de Justicia de EU, la cifra llegó a más de 881 millones de dólares entre 2006 y 2010.

Reinciden

El HSBC México no aprendió del todo la lección. A pesar de la histórica multa que el gobierno mexicano le aplicó en 2012, el banco no ha subsanado por completo las deficiencias que lo llevaron a estar en la mira internacional.

A nivel global, HSBC tampoco ha mostrado seguir las mejores prácticas corporativas. Lejos de eso, las investigaciones periodísticas han exhibido un patrón que lo distancian de la legalidad.

En febrero de 2015, apenas dos años después de que las autoridades de EU le impusieron una multa de mil 900 millones de dólares, HSBC fue el epicentro de un nuevo escándalo financiero internacional: los Swiss Leaks, una investigación realizada por periodistas de más de 100 países, que expuso cómo el banco inglés ayudó a ocultar en su sede en Suiza miles de millones de dólares en cuentas vinculadas con traficantes de armas, dictadores, políticos corruptos y evasores fiscales de todo el planeta.

Coordinada por el Internacional Consortium of Investigative Journalist, la investigación llevó a que las autoridades de Francia y Estados Unidos, entre otras naciones, impusieran multas millonarias a HBSC por ayudar a sus clientes a evadir impuestos.

En México ha mostrado ser un reincidente: entre enero de 2014 y diciembre de 2019, ha recibido 19 sanciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y otras 12 por deficiencias en sus sistemas de control interno.

Las sanciones económicas, la más reciente en 2018, totalizan más de 12 millones y medio de pesos (poco más de 550 mil dólares), según el informe de las multas impuestas por la CNBV.

En la mayor parte de los casos, las razones fueron las mismas que llevaron a que hace ocho años multaran al banco: conceptos asociados al blanqueo de capitales establecidos en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que busca prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda de cualquier especie para la comisión de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y terrorismo.

Una falla recurrente, señalada desde que se aplicó la mega multa y nuevamente motivo de sanción en 2014, es la deficiencia de su sistema automatizado para conservar los registros de operaciones inusuales y ejecutar una serie de alertas que contribuyan a la detección de posibles operaciones sospechosas.

El banco también ha seguido operando sin contar con criterios para reclasificar a sus clientes de acuerdo con el nivel de riesgo, además de que integra de forma deficiente los expedientes de identificación de sus clientes.

En respuesta a una consulta de este equipo de investigación, HSBC México señala que “desde 2012 ha revisado y corregido su habilidad para combatir el delito financiero”, por lo que ha puesto en práctica “sólidas políticas para prevenir el lavado de dinero, con la finalidad de que nuestras operaciones cumplan con elevados estándares, que a menudo están más allá de las exigencias locales”.

El banco, de acuerdo con una declaración escrita entregada a los reporteros, sostiene que “tiene la determinación de impedir que los delincuentes tengan acceso al sistema financiero”, a la vez que reconoce que en 2018 la CNBV le notificó diversas sanciones resultantes de la presentación de ciertos reportes regulatorios. “Ya hemos implementado las medidas correctivas”.

La multa de mayor monto —un millón 675 mil pesos— se aplicó en 2014 porque el banco carecía de siete expedientes de identificación de clientes. Los usuarios realizaban sus operaciones sin que HSBC contara con ningún documento de ellos.

La legislación mexicana establece que el nombre completo, país de procedencia, fecha de nacimiento, ocupación, domicilio y teléfono, entre otros datos, deben conservarse durante la vigencia de la cuenta o contrato y, una vez que éstos finalicen, por un periodo no menor a 10 años.