General retirado venezolano busca le retiren cargos en EEUU

MIAMI

“Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bastante conocidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijeron los abogados de Alcalá en una carta con fecha de noviembre de 2021 dirigida a los fiscales que acompañaba su moción. “Su oposición al régimen y sus presuntos esfuerzos para derrocarlo fueron informados a los más altos niveles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro”.

Los documentos judiciales plantean nuevas interrogantes sobre lo que el gobierno del expresidente Donald Trump sabía sobre el fallido complot para derrocar a Maduro en el que estaba involucrado Jordan Goudreau, un idealista ex boina verde estadounidense curtido en combate, y numerosos desertores de las fuerzas armadas venezolanas a los que éste ayudaba a Alcalá a entrenar en campamentos secretos en Colombia en la época de su arresto.

Alcalá criticó abiertamente a Maduro casi desde que asumió la presidencia de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Sin embargo, a pesar de la abierta hostilidad hacia Maduro, él y su enemigo jurado fueron imputados juntos en una segunda acusación formal sustitutiva de ser parte de un grupo de oficiales militares y funcionarios de alto rango de Venezuela que trabajaron con rebeldes colombianos para enviar presuntamente 250 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos.

Aunque los letrados no ofrecieron detalles sobre lo que el gobierno estadounidense podría haber sabido sobre los planes de Alcalá, señalaron que creen que sus actividades “fueron comunicadas al más alto nivel a una serie de agencias gubernamentales”, incluyendo la CIA y los departamentos del Tesoro y Justicia, el CNS y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Por ese motivo, buscan documentos e información, mucha de ella clasificada, sobre las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y miembros de la oposición venezolana acerca de Alcalá. Entre los funcionarios están el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exsecretario de Justicia William Barr, así como otros altos cargos de la Casa Blanca y agentes no identificados de la CIA en Colombia.

La CIA no respondió de inmediato a una petición de comentarios el viernes en la noche.

Entre las personas que tendrían conocimiento de las actividades de Alcalá se nombra también a dos aliados del líder opositor, Juan Guaidó — a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Venezuela —, además del estratega político asentado en Miami J.J. Rendon, quien firmó, en nombre de Guaidó, un acuerdo que nunca se ejecutó para que Goudreau lanzase un operativo de secuestro contra Maduro.

“La evidencia de que se ha opuesto abierta y activamente a sus supuestos cómplices durante al menos los últimos ochos años es clara”, afirmaron los abogados en la carta a la fiscalía. “De hecho, su conducta, en apoyo de los ideales democráticos en los que cree, constituyó una traición contra las mismas personas que el gobierno alega que fueron sus cómplices por lo que buscan su detención, encarcelamiento y su vida”.

Según el relato de los abogados de Alcalá, en vísperas de la que habría sido su segunda incursión armada contra Maduro, el exgeneral del recibió la visita de un agente de seguridad estadounidense en su casa de Barranquilla, Colombia, para informarle de que había sido acusado.

“El agente (le) informó de que podía embarcar en un avión privado hacia Nueva York o ser retenido en un penal colombiano donde, sin duda, sería objetivo de los servicios de inteligencia venezolanos para su asesinato”, afirmaron los letrados. “Al no tener más opción, accedió a acompañar al agente de regreso a Estados Unidos”.

Aunque Alcalá quedó fuera de la acción en un penal en Manhattan, un pequeño grupo de aspirantes a combatientes por la libertad siguieron adelante y el 3 de mayo de 2020 — dos días después de que una investigación de The Associated Press destapó los campos clandestinos — lanzó una operación transfronteriza que fue fácilmente neutralizada.

La Operación Gedeón terminó con seis insurgentes muertos y con dos de los excompañeros de Goudreau en las fuerzas especiales presos en Caracas. Además, fue un importante golpe propagandístico de Maduro, que acusa desde hace años a Estados Unidos de querer asesinarlo.

Washington ha negado siempre cualquier implicación en los intentos de derrocar al mandatario venezolano por la fuerza. Sin embargo, el críptico comunicado de Pompeo señalando que Estados Unidos no tuvo “participación directa” en el operativo hizo que algunos observadores se preguntasen qué podía saber la Casa Blanca de la trama en una región en la que la CIA estuvo vinculada a alzamientos en la Guerra Fría.

Las evidencias de que Estados Unidos estaba al tanto de las actividades clandestinas de Alcalá podrían reforzar en un juicio el argumento de su defensa de que, aunque hubiese formado parte de una red de narcotráfico — algo que él niega — tomó medidas para retirarse años antes de ser acusado.

El equipo legal de Alcalá alega además que, pese a haber revisado miles de documentos y grabaciones de video y audio entregadas por la fiscalía, no han podido halla prueba alguna que demuestre que Alcalá estuviera implicado en la supuesta trama de narcotráfico.

El único hecho que vincula a Alcalá con la conspiración en la acusación de 28 páginas es una reunión que mantuvo supuestamente en 2008 con el exjefe del espionaje venezolano con Chávez, Hugo Carvajal, y con el jefe del partido socialista, Diosdado Cabello, en la que se acordó que Alcalá asumiría “funciones adicionales” no especificadas para coordinar el tráfico de drogas.

Alcalá vivía en Colombia desde que huyó de Venezuela en 2018 tras descubrirse que lideraba en secreto un plan que buscaba derrocar a Maduro. Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por su detención cuando Barr anunció, en una conferencia de prensa, las acusaciones contra él, Maduro y otros altos cargos.