Exigen explicación por malbaratar viejo avión presidencial
Junio 12, 2021 - 06:02 p.m.
La senadora Xóchitl Gálvez y la diputada Verónica Juárez exigieron que haya una explicación de por qué se vendió tan barato
La senadora Xóchitl Gálvez y la diputada Verónica Juárez exigieron que haya una explicación de por qué se vendió tan barato el viejo avión presidencial en tan sólo 65 millones de pesos.
La senadora panista advirtió que puede haber actos de corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque parece un precio pactado con el comprador para lograr un moche a cambio.
Dijo que es sospechoso que se haya entregado el avión por un cuarto de su valor comercial.
"Que enseñen los avalúos del avión, no es posible que se vendan tan baratos los bienes de la Nación, esto puede ser un daño al erario público.
"Esta venta tendría que ser investigada por la Secretaría de la Función Pública, pero ya sabemos que Irma Eréndira Sandoval es la tapadera del Gobierno, pero sí se tiene que aclarar por qué se vendió a ese precio tan bajo de 65 millones", señaló la senadora Xóchitl Gálvez.
Más de la sección
Agregó que el Instituto tiene fama de operaciones de corrupción, que ahí desmantelan joyas y que falta transparencia.
"Este daño al erario puede venir de un pacto en el precio, por eso se tendría que saber a quién se vendió y por qué por 65 millones", subrayó.
La diputada del PRD Verónica Juárez también consideró que el Gobierno federal debe explicar las razones por las cuales vendió el avión "Presidente Benito Juárez" a un precio mucho menor de su valor real.
"Debe el Gobierno informar, con total transparencia, en qué se utilizarán los 65 millones de pesos que se obtuvieron.
"Los bienes que está vendiendo el Gobierno federal son propiedad de la Nación y malbaratarlos perjudica al erario público", sostuvo.
La perredista puntualizó que, con el pretexto de la austeridad y el falso combate a la corrupción, López Obrador está disponiendo de bienes que le pertenecen a todas y todos los mexicanos, y los recursos obtenidos se utilizan en programas clientelares, megaproyectos inviables o políticas públicas fallidas, como el Insabi, que no termina de concretarse.