Diputada urge a garantizar salud y educación a hijos de reclusas
Abril 20, 2019 - 04:38 p.m.
México.
Por ello propuso que las secretarías de Salud y de Educación Pública federales refuercen la atención y acceso a la salud de los menores de edad y a una enseñanza de calidad, facilitando la validación de los centros de Desarrollo Infantil.
Asimismo, solicitó a la Secretaría del Trabajo formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la de Economía, que impulse medidas de apoyo para que internas reciban capacitación en materia laboral que les permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en reclusión.
La integrante de la Comisión de Igualdad de Género indicó que hay 16 centros femeniles estatales con tres mil 284 mujeres; uno federal que tiene cuatro mil 441 reclusas, y 75 centros mixtos en los que hay cinco mil 264 mujeres, dando un total de nueve mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en 2017, mientras que en 60 centros de Readaptación Social Femenil 444 niños viven con sus madres.
Loya Hernández señaló que la mayoría de las mujeres que cumplen condenas es de “clases bajas y marginales", que podría caracterizarse como una de las razones para que no haya un desarrollo integral en la atención de sus hijos, pues no cuentan con recursos para solventar los gastos que representa su atención.
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Hizo notar que las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de sus derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.
Aclaró que si bien el análisis presentado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sobre los 11 centros de Readaptación Social, no refleja una generalidad, sí es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria.
“Esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias”, aseveró la legisladora de Movimiento Ciudadano.
Consideró que los infantes deben ser atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal, que garanticen, además, los principios del interés superior de la infancia.