De la ineptitud al fracaso

Por Anabel Hernández

La historia del polémico acusador López Nájera y la del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, se empezaron a entrecruzar en 2007.

Roberto López Nájera se decía abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y colaborador de Arturo Beltrán Leyva.

Sergio Villarreal Barragán, El Grande, operador de los Beltrán Leyva, afirmó en una declaración ministerial que López Nájera era conocido en la organización como El 19 y afirmaba estar casado con una hija del general Jesús Gutiérrez Rebollo.

Y uno de los acusados en la Operación Limpieza, que nunca fue detenido, reveló que López Nájera era un abogado de Acapulco, Guerrero, bajo de estatura y moreno, al que contactó tras un ataque sexual contra un familiar.

El 20 de septiembre de ese año el procurador general Eduardo Medina Mora y Ramírez Mandujano fueron advertidos de que los Beltrán Leyva habían infiltrado a la SIEDO cuando se encontraban en la XIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Jiutepec, Morelos.

Por entonces otra protagonista del escándalo, Marisela Morales, estaba fuera de la PGR.

Su último cargo era el de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, que desempeñó de mayo a diciembre de 2005, en el sexenio de Vicente Fox.

A Morales se le vinculaba con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, con quien incluso se afirma que procreó un hijo.

El general De la Concha renunció en abril de 2005 y fue enviado como agregado a la embajada de México en Italia.

Pero en aquel septiembre de 2007 un agente del programa Resolución 6 del FBI, adscrito a la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en la embajada de su país en México y quien usaba el nombre de "Juan de Jesús", buscó a Mario Arzave Trujillo, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO.

Le dijo que se había comunicado por internet con un informante relacionado con los Beltrán Leyva, en aquel tiempo socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Era Roberto López Nájera.

El hombre del FBI dijo que si la SIEDO le mandaba fotos de su personal, dicho informante podía reconocer a los exmilitares y exgafes (miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE) que estaban pasándole información a los narcos.

Arzave le transmitió la propuesta a Ramírez Mandujano y éste pidió que el estadunidense se la planteara directamente a Medina Mora.

Sin indagar más, el procurador ordenó que las fotografías se enviaran enseguida.

Ramírez Mandujano le encargó la tarea al ingeniero Miguel Ángel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO.

Minutos después, el agente del FBI recibió las fotos del personal de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Técnica de la SIEDO, encabezada por el capitán Fernando Rivera Hernández.

En respuesta, López Nájera dijo reconocer plenamente al propio Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como los que informaban a los Beltrán Leyva de los operativos en su contra.

Añadió que

en los días siguientes se reunirían con Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos.

Medina Mora ordenó que el ingeniero Colorado González espiara a los tres elementos señalados para corroborar el señalamiento.

Aunque Colorado era el jefe del capitán Rivera Hernández, éste no se le subordinaba ni le informaba nada; argumentaba que él era el enlace de la PGR con el grupo de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la información podía fugarse.

Medina Mora se quejaba con sus subordinados de que no podía cambiar esa forma de operar, ya que estaba enfrentado con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y si también chocaba con la Sedena, "entre ambos lo harían pedazos".

El procurador tuvo que pedir la autorización del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa, para investigar a los militares imputados.

El secretario dijo que si se comprobaba el dicho del informante, se actuaría conforme a derecho.

Sin embargo, el capitán Rivera Hernández se dio cuenta de que lo seguían y utilizó a la guardia para amenazar al personal de Colorado.

Esto se le informó a Medina Mora.

Ramírez Mandujano le pidió al procurador que cambiara de área a los militares sospechosos para que dejaran de filtrar información mientras se les investigaba.

Medina Mora le prometió trasladarlos al área de trata de personas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia (Cenapi), donde no tendrían información relacionada con el narcotráfico, pero ese cambio nunca se realizó.

INICIATIVA ESTADUNIDENSE

En junio de 2008, nueve meses después de que Jennifer debutara como colaborador de la PGR, la DEA enteró a Medina Mora de que un individuo llamado Alberto Pérez Guerrero, que había trabajado en la Interpol, les estaba filtrando datos a los Beltrán Leyva desde la embajada de Estados Unidos en México.

Era otro soplo de López Nájera.

El director regional de la DEA en la representación diplomática, David Gaddis, propuso a las autoridades mexicanas realizar una investigación conjunta, por lo que Medina Mora no tuvo pretextos.

Ya tenía justificación para actuar contra los intocables de la SIEDO.

Desde el 1 de mayo anterior, Marisela Morales había vuelto a la PGR tras dos años y medio de ausencia.

Medina Mora la nombró jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, el área a donde había pensado trasladar a los exgafes.

En acuerdo con la autoridad mexicana, la DEA llevó a López Nájera y a Pérez Guerrero a Washington.

Medina Mora envió a Marisela Morales a la agregaduría legal dela PGR en la capital estadunidense para que el 2 de julio tomara la primera declaración ministerial de ambos.

Ahí se asignó a Roberto Lópéz Nájera la clave Jennifer- y a Pérez Guerrero la de Felipe.

Morales siguió exprimiendo a Jennifer.

La última cacería orquestada con su participación se inició en mayo de 2012, esta vez contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna.

El testigo los acusó de trabajar para los Beltrán Leyva, pero en la mayoría de los casos no existe más prueba que su dicho.

Supuestamente el caso se basó en declaraciones que Jennifer realizó desde 2010 y en señalamientos que hizo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, también como testigo protegido, con la clave Mateo.

Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, declaró ante el juez que todos ellos fueron presionados y amenazados por la PGR para declarar contra los militares (Proceso 1881).

Tanto Ramírez Mandujano como el general Ángeles Dauahare fueron absueltos y liberados la semana pasada.

El juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, absolvió a Ramírez Mandujano el lunes 15 y por primera vez en un caso de este tipo giró un oficio a la PGR para que se investigue la fabricación de declaraciones y se sancione a los responsables.

De acuerdo con los documentos con que cuenta Proceso y la cronología de los hechos, la exprocuradora Marisela Morales fue pieza clave en la fabricación de los casos.

La mayoría de las declaraciones falsas de Jennifer se realizaron cuando ella encabezaba la SIEDO, es decir que encabezaba directamente la investigación.

Después de cuatro años detenido, el ingeniero Miguel Colorado sigue bajo proceso en prisión, igual que otros funcionarios menores de la PGR.

Cuando aún la dirigía Morales, esta dependencia le cambió a Fernando Rivera Hernández el estatus de testigo protegido y actualmente sigue bajo proceso judicial en un penal de Sonora.

Hace unas semanas también él declaró que fue presionado por la SIEDO para inculpar a los militares.

Cilia Pérez, García García y Alberto Pérez Guerrero, tres de los funcionarios acusados con los que arrancó la Operación Limpieza y reconocieron su culpabilidad, nunca pisaron la cárcel.

Gozan de impunidad y libertad gracias al programa de testigos protegidos de la SIEDO.

Al revisar el juicio contra Ramírez Mandujano afloró el dato de que Pérez Guerrero ya no está en prisión, pues no aparece su nombre en los registros de las cortes ni en las prisiones de Estados Unidos.

Jennifer se encuentra refugiado en aquel país, bajo el resguardo de la DEA.

En recientes diligencias vinculadas al caso de los militares acusados junto con el general Ángeles Dauahare, la PGR encabezada por Jesús Murillo Karam comunicó que no puede presentarlo por falta de personal.

Al concluir el gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales buscó empleo en el gobierno de Estados Unidos.

La respuesta fue que ni siquiera sabe hablar inglés, no hay nada para ella.

Medina Mora es el embajador de México en Estados Unidos, país con el que el jueves 18 Enrique Peña Nieto firmó una nueva etapa del Plan Mérida, justo el contexto que permitió a los gobiernos de los dos países ensuciarse con la Operación Limpieza.