Y ahora... nepotismo electoral

Ciudad de México

Más allá del defenestrado candidato de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio –reemplazado justo en medio de la campaña por su hija, Evelyn Salgado Pineda, que sin experiencia política y con el apelativo de La Torita, resolvió la crisis por la cancelación del registro–, hay casos que se multiplican por todo el país.

Un ejemplo: en Soto La Marina, Tamaulipas, el expresidente municipal Habiel Medina está preso. Enfrenta cargos por un desfalco cercano al millón de pesos perpetrado durante su administración, entre 2015 y 2018. Aún no tiene sentencia, y por eso intentó hacer valer sus derechos políticos y registrarse como candidato otra vez a la presidencia municipal.

En el primer grupo de 39 candidaturas canceladas a Morena destacaron principalmente las del mencionado Salgado Macedonio y la del michoacano, también candidato a gobernador, retirado por orden judicial electoral, Raúl Morón. Pero Habiel Medina iba en la lista.

El reemplazo de Habiel Medina fue su hijo, Luis Antonio Medina Jasso, hoy candidato de Morena al ayuntamiento de Soto La Marina.

Situaciones similares se han presentado en otros partidos, si bien es el partido en el poder, Morena, el que tiene más, también porque son más los candidatos que fueron sancionados principalmente por incumplir en los procesos de fiscalización. 

Apenas el jueves 20 la coalición PRI-PAN-PRD en la elección intermedia de Veracruz anunció que, para reemplazar a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la presidencia municipal del puerto jarocho, sería su esposa, Patricia Lobeira, la elegida y a quien ya se anuncia como Paty de Yunes.

De por sí, el PAN veracruzano es coto familiar de los Yunes desde que Miguel Ángel Yunes Linares dejó el partido en el que fue militante destacado y construyó su trayectoria –el PRI–, para asimilarse al albiazul, por el que fue gobernador en el bienio 2016-2018, pretendiendo heredar el cargo a su hijo homónimo quien, sin embargo, resultó derrotado en las elecciones estatales hace tres años.

Otro caso se presentó en Baja California. Ahí el PES presentó al exmilitar y polémico mando policiaco Julián Leyzaola como candidato a la presidencia municipal de Tijuana. El problema fue que, según el organismo electoral local, el teniente coronel en retiro tiene órdenes de aprehensión en su contra por la tortura de dos policías, de manera que se le considera prófugo.

Para sustituirlo, el PES designó a su hija, Indira Leyzaola, quien el martes 11 vio tambalearse su candidatura por una resolución local relacionada con la paridad de género. Al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y el miércoles 19 la restituyó y pudo regresar a sus tareas proselitistas.

EL CASO COAHUILA

Coahuila se convirtió en la entidad con el mayor número de casos. Ahí, donde un gobernador, Humberto Moreira, entregó la estafeta a su hermano Rubén para sumar 12 años de la misma familia en el poder hasta 2017, el morenismo toma ejemplo. Hay casos de hijos que remplazan al padre que perdió el registro, o bien, padres que relevan a hijos en las candidaturas. 

En Torreón, Luis Fernando Salazar (connotado panista hasta 2017, cuando concluyó su periodo como entusiasta senador del Pacto por México) se convirtió en morenista y consiguió una diputación federal. Próximo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, asumió la candidatura a la presidencia municipal de la ciudad lagunera.

Sin embargo, el mismo problema de fiscalización terminó dejándolo fuera de combate, por lo que, para reemplazarlo, se designó a su padre homónimo, Luis Fernando Salazar Woolfolk, a quien históricamente se ha identificado en la región con grupos de la ultraderecha católica.

En visita a Torreón el pasado jueves 20, Mario Delgado justificó la designación de Salazar padre, diciendo que era una estrategia, que ahora “todos eran Luis Fernando”, considerando que fue una canallada la que hizo el Instituto Nacional Electoral al retirar la candidatura a Salazar hijo. De ahí no se movió, ni siquiera cuando se le expusieron las críticas feroces todavía frescas de Salazar padre a López Obrador.

Los casos de Coahuila más sonados son por las candidaturas canceladas al local partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), una formación política fundada por el extinto dirigente sindical de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola, cuyo liderazgo heredó su hijo Evaristo Lenin Pérez Rivera.

La UDC ha mantenido una conducta similar a la del PVEM en el país: con una base electoral concentrada en Ciudad Acuña y otros municipios cercanos a la frontera, ha construido alianzas en cada proceso electoral dependiendo de las posibilidades de cada partido.

En ese partido, Pérez Rivera se alió en 2018 al PAN y obtuvo una diputación federal.

A lo largo de la Legislatura, Pérez Rivera formó parte de la bancada panista en la Cámara de Diputados, pero este año su alianza fue con Morena y su objetivo, conseguir la reelección.

El litigio se prolongó hasta la segunda semana de mayo, cuando el TEPJF determinó que Lenin Pérez, no podía reelegirse por otro partido. Básicamente nunca acreditó su deslinde del PAN, y si bien no estaba acreditado que fuera militante, tampoco que no lo fuera.

Para garantizar la continuidad personal y familiar, Lenin Pérez anunció el registro de su hijo homónimo como candidato a la diputación federal por el distrito 1 de Coahuila, donde ya realizaba campaña Brígido Moreno como candidato provisional, pues se trata de un colaborador del primero, que aparecerá en la boleta impresa, aunque cede su lugar al hijo del dirigente.

Y fue en su bastión donde también enfrentó complicaciones: la UDC, en su alianza de hecho con Morena, intentó lanzar a Emilio de Hoyos Montemayor como candidato a presidente municipal de Ciudad Acuña, pero perdió también el registro por incumplir las normas de fiscalización. El mismo día que Lenin Pérez anunció a su hijo, De Hoyos anunció a su padre, que lleva el mismo nombre, para reemplazarlo en la candidatura.

EXPERIENCIAS CORTAS

Un común denominador en los reemplazos de candidaturas con familiares cercanos es la escasa o nula experiencia, cuando no la abierta admisión de ser estrategia política para que se elija a uno, pero gobierne otro.

El caso de Evelyn Pineda en Guerrero ha sido ampliamente comentado. Su formación: licenciada en derecho, con cursos de Word y Excel. Asesora de un diputado local 2005-2008; presidenta del DIF (cargo honorario) cuando su padre fue alcalde de Acapulco; delegada regional de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado hasta 2018. Es todo.

Con el caso de Habiel Medina y su hijo Luis Antonio, en Soto La Marina, el candidato es un joven recién egresado de medicina cuya trayectoria se limita a la consulta privada en el último año.

Salazar Woolfolk, el papá que sustituyó a su primogénito en Torreón, ha sido abogado litigante toda su vida, sin paso por el servicio público, y ha escrito a lo largo de los años en medios locales.

En el caso de Indira Leyzaola, no se pudo encontrar documento curricular. En su página de Facebook, creada para su campaña, la candidata expone sobre sí el sentido familiar de su oferta de gobierno:

“Soy Indira Leyzaola, y estoy aquí representando los ideales del teniente coronel Julián Leyzaola, mi padre. Hoy estoy aquí para, a través de mi voz, refrendar el compromiso de los Leyzaola por regresar la seguridad a Tijuana” (sic).

La misma situación con el hijo de Lenin Pérez en Coahuila, cuya experiencia profesional es mínima.

Del otro lado, al menos hay un caso de sustitución con experiencia que remite al sexenio pasado: en Hidalgo, las autoridades electorales cancelaron el registro de Victorino Apodaca García como candidato a diputado federal por el distrito 5, con sede en Tula. En su lugar, la coalición Morena-PT-PVEM postuló a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, un militante y exdirigente verde, quien fue secretario de Turismo y luego de Obras Públicas durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en la entidad, así como subsecretario federal de Medio Ambiente en el de Enrique Peña Nieto.