No conocen su ciudad en México migrantes que sean expulsados

El temor de Isabel es también el que siente Tomasa, que también limpia casas y oficinas en Nueva Jersey. "Tenemos hijos aquí, tenemos miedo, somos una base fundamental de este país, pero a él no le importa", explica. Su mayor preocupación son sus hijos de 13 y 16 años, que ven las noticias y le preguntan qué va a pasar con ellos. "No conocen México, tenemos nuestra vida aquí, la escuela y todo lo demás", subraya. Al igual que Isabel, está juntando los documentos para elaborar un kit con información en caso de ser deportados. "Nos estamos preparando mentalmente. Cuando él tome posesión del cargo, veremos lo que pasa los primeros días y buscaremos un plan B", añade, pero todavía no sabe cuál es.

Tanto Isabel como Tomasa, así como Óscar, Quitzel y Teresa, envían dinero a las familias que les queda en México. La mayoría está en comunidades rurales que dependen de ese ingreso en su día a día. Economistas, académicos y expertos han advertido de que la deportación masiva que promete Trump tendría consecuencias devastadoras para la economía estadounidense, pero el golpe se sentiría con más fuerza en las familias mexicanas que reciben remesas. 

En México, también hay planes para una posible deportación en masa.

Flor, que prefiere no dar su apellido, usa los 40.000 pesos mensuales que le envía su marido desde Denver trabajando como taquero para poder construir una casa que dejarle a su descendencia. Ella tendría que trabajar tres veces para llegar a ese dinero. "Si lo deportan, yo seguiría trabajando, él buscaría trabajo aquí en Toluca para sobrevivir a la crisis", dice. Lo mismo le ocurre a María de los Ángeles Arreola, en Guerrero, quien recibe el dinero de dos hijos en Estados Unidos para comprar un terreno y construir un hogar. "Ellos están con la incertidumbre de qué va a pasar. Le están poniendo todo lo que ganan, como está la duda, le están echando ganas para pagar el terreno antes", explica.

Tanto Teresa Vivar como Isabel Hernández de la Cruz señalan una responsabilidad del Gobierno de México a la hora de elaborar un plan de contingencia en caso de que empiecen a llegar deportados a la frontera.