Secretario de Justicia tiene la última palabra

CHICAGO, Illinois

Los críticos del DOJ destacan una división departamental enigmática, la llamada Capital Case Section (Sección de Casos Capitales). Con apenas nueve abogados de carrera y un administrador, la oficina ayuda a las fiscalías de Estados Unidos en los casos de pena capital y desempeña un papel vital asesorando a los comités de revisión del Departamento, que votan sobre recomendar la sentencia de muerte, aunque el secretario de Justicia, Merrick Garland, tiene la última palabra.

A pesar de que muchos fueron contratados durante otros gobiernos, todo el personal actual trabajó en la oficina bajo el presidente Donald Trump, quien supervisó una racha histórica de 13 ejecuciones federales en seis meses. Richard Burns, el líder del equipo, se convirtió en jefe de la Sección durante el mandato de Trump.

Los críticos argumentan que haberlos dejado en la administración de Biden ha contribuido a una continuidad indeseada.

El Departamento ha luchado de igual manera bajo Biden, como lo hizo bajo Trump, para boicotear todos los intentos de unos 40 reclusos en el pabellón federal de sentenciados a muerte en Terre Haute, Indiana, quienes buscan que se anulen sus condenas capitales, alegando prejuicios raciales y otros motivos.

"No creo que sea una sorpresa que, en ausencia de alguna política declarada en la Casa Blanca y teniendo al mismo personal en la Sección de Casos Capitales, no haya cambios a gran escala", explica Robert Dunham, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de Temple y exdirector del Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte).

Monica Foster, defensora federal en jefe en la oficina de los Indiana Federal Community Defenders (Defensores Comunitarios Federales de Indiana), argumenta que la Sección tiene un interés establecido para presionar para dar luz verde a algunos casos de pena capital.

"Sin los casos de pena de muerte, no tienen razón de ser", subraya Foster, quien se ha enfrentado con los abogados de la Sección en los tribunales.

La Sección, dijo, alguna vez solo llevaba documentos a los comités de revisión, pero ahora asume un papel más activo y realiza investigaciones y entrevistas para prepararse para las decisiones de pena capital.

"Pueden terminar dirigiendo el resultado", agrega Foster.

El portavoz del Departamento de Justicia, Scottie Howell, asegura que la afirmación de Foster y otras acusaciones sobre la Sección son falsas y añade que el personal del DOJ "toma todas las decisiones con base en los hechos y la ley, y se apega a los estándares más altos".

¿QUÉ MÁS SE SABE?

Una demanda por discriminación de género presentada en 2016 por una exempleada de la Sección contra el DOJ ofreció más información sobre la reservada Sección de Casos Capitales. Durante el litigio de la demanda, que después fue desestimada, exmiembros del personal aseguraron que la Sección estaba desorganizada y uno acusó a un abogado de la Sección de retener las notas de la entrevista en el caso de Andrew Rogers.

Mientras estaba en una prisión federal, Rogers mató a un compañero de prisión en 2013 en un intento por ser ejecutado y evitar el aburrimiento de una vida tras las rejas. Dijo a los investigadores de homicidios: "Si recibo la pena de muerte, la aceptaré con una sonrisa". El Departamento de Justicia de Obama autorizó que fuera ejecutado.

Foster, quien representó a Rogers en un intento por anular la autorización en 2018, citó las acusaciones hechas en la demanda por discriminación de género. Argumentó que las notas retenidas de las entrevistas con un psicólogo de la prisión y otras habrían demostrado la enfermedad mental de Rogers.

Apenas unos días antes de una audiencia de 2019 en el caso de Rogers para examinar las denuncias de conducta inapropiada de la Sección derivadas de la demanda por discriminación, el Departamento rescindió la autorización de sentencia de muerte.

Foster dijo que lo hizo para evitar una audiencia programada que podría haber probado las acusaciones, y que la defensa estaba obligada a terminar el caso al permitir que Rogers se declarara culpable y recibiera cadena perpetua.

Un expediente del DOJ de 2020 dijo que una investigación de la Office of Professional Responsibility (Oficina de Responsabilidad Profesional, u OPR, por sus siglas en inglés) no encontró irregularidades por parte del abogado de la Sección en el caso de Rogers. El abogado aún trabaja en la Sección. 

Una carta de la OPR del 21 de noviembre de 2022 a Foster —obtenida por la AP— dice que el informe de 114 páginas abordaba, entre otras cosas, si los fiscales del Departamento "realizaron una investigación sesgada para influir indebidamente en el fiscal general" para que autorizara la pena de muerte para Rogers.

La carta dice que el informe concluyó que no hubo "mala conducta profesional" con base en que, al final, la defensa recibió evidencia útil antes de que Rogers se declarara culpable, incluso si se recibió tarde.Sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario sumario