Sobrevivir a Ciudad Juárez tras vivir calvario

CIUDAD JUÁREZ.- Sólo tres kilómetros separan el centro de Ciudad Juárez de El Paso, Texas, y, sin embargo, cruzar uno de los puentes que unen México y Estados Unidos puede convertirse en un calvario para miles de personas. Especialmente para aquellos que llegan allí después de recorrer 3.000 kilómetros desde Chiapas, en la frontera con Guatemala. Al largo recorrido se suman los secuestros, las extorsiones, las de-

sapariciones y los asesinatos de los que son víctimas. El puente Paso del Norte es la última casilla de una larga carrera de obstáculos que empezó hace meses o años en Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador o, incluso, más lejos. Llegar hasta allí también se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Estados Unidos celebra sus próximas elecciones el 5 de noviembre y el temor a que gane Donald Trump ha hecho que miles de personas aceleren el paso para cruzar el río Bravo cuanto antes.

Sobre el puente, a la espera de cruzar, hacen fila Angie, Douglas y su hijo Moisés. Es una familia de Honduras que ha tardado ocho meses en obtener una cita a través de CBP One, la aplicación de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos para obtener una visa humanitaria en aquel país. “Nos salimos por la seguridad, no hay trabajo y el Gobierno sólo trabaja para ellos mismos, no para el pueblo”, dice la mujer, mientras muestra la cita en su celular. Mientras tanto, han esperado en un albergue de México a que llegara la confirmación. Angie lleva impreso el comprobante en papel, por si algo pudiera fallar. “Nos gustaría que nuestra vida fuera diferente al otro lado, sobre todo una vida mejor para él” y apunta a su hijo de seis años, que sostiene varios dinosaurios de plástico en la mano. “No quiso dejarlos, se los trajo hasta acá”, ríe la madre. Douglas, de 28 años, dice que está dispuesto a trabajar “en lo que venga”, ya sea como albañil, jardinero o como personal de limpieza.

El muro entre México y Estados Unidos es una enorme cicatriz que ocupa un tercio de la frontera. Más de 1.000 kilómetros de altas vallas y alambre de espinos que van desde el océano Pacífico, en Tijuana, y se adentran en el desierto hasta Ciudad Juárez. Después, reaparece hacia el este, en Nuevo Laredo y Reynosa, cerca del Golfo de México. La recta final es el tramo más difícil, especialmente para aquellos que llevan muchos meses caminando a la espera de una nueva oportunidad.

Luis Daniel, cubano de 35 años, lo sabe bien. Lleva siete meses revisando el celular para que esa cita le cambie la vida. Es un día soleado de octubre y hace fila junto a su esposa y sus hijos. A cuestas llevan toda una vida resumida en dos maletas y dos bolsas. “Se siente una emoción grande que ha valido la pena la espera”, asegura. Igual que el resto de otras 40 personas, espera nervioso ante las autoridades migratorias de Estados Unidos que en pocos minutos decidirán el destino de estas personas. El sueño de Luis Daniel, como el de todos los allí presentes, es tener una nueva oportunidad de empezar.

Tanto la llegada de migrantes a la frontera sur de México, como el número de solicitudes de CBP One se han duplicado respecto al año pasado. Primero, por la posibilidad de hacer la cita también desde Chiapas o Tabasco y, segundo, por la proximidad de las elecciones estadounidenses. El fantasma de una posible victoria de Donald Trump supondría un retroceso en las políticas migratorias y un endurecimiento de las medidas ya existentes. Así lo piensa Javier, un venezolano de 37 años, que espera su cita desde Tapachula, en la frontera con Guatemala. “Si gana Donald Trump, se acaba el sueño americano”, dice con resignación.

Alrededor de 800.000 personas llegaron a Estados Unidos de manera regular desde que se implementó la aplicación CBP One, en enero de 2023, de acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Una vez que llega la esperada cita, el caso de cada persona es procesado de manera individual y según el análisis, podrá ser considerado para recibir un permiso humanitario (parole) de hasta dos años, a fin de continuar su proceso migratorio bajo el amparo del Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estos solicitantes también podrán ser elegibles para obtener un documento de autorización de empleo que les permita trabajar.

A seis kilómetros al sur del puente, desde las calles más altas de la colonia Luis Echeverría, se ve el muro y, más allá, los altos edificios de El Paso. Las humildes calles de terracería de un lado contrastan con los muros brillantes de acero y cristal que relucen al sol. A lo lejos, Estados Unidos se parece a la Ciudad Esmeralda de la película El Mago de Oz. Tan cerca y a la vez tan lejos, dos realidades opuestas que conviven en el mismo trozo del planeta. Por un intrincado laberinto de callejuelas estrechas, se llega al albergue El Buen Samaritano, de la iglesia metodista, donde viven decenas de familias migrantes. Algunas llevan ahí casi un año a la espera de que la suerte toque a su puerta. “Estos dos meses hemos tenido más población”, señala el pastor Juan Fierro, director del albergue que aloja a unas 75 personas.

“Hay mucha incertidumbre entre la gente. No saben lo que va a pasar dentro de unas semanas y temen que la aplicación pueda desaparecer si llega Donald Trump, así que muchos están apresurándose para hacer la cita antes de las elecciones”, apunta. El pastor cuenta que antes las resoluciones llegaban en semanas, pero ahora, con la alta demanda, las citas están tardando en salir meses. “Aquí tenemos una familia de Guerrero que lleva esperando 10 meses para que les den cita y, por fin, ya se van mañana”, comenta Fierro.

Esa familia está formada por María, embaraza de cuatro meses, sus sobrinas, su esposo y sus hijos. Seis personas en total. “Estoy muy contenta”, dice la mujer de 26 años. Ella y su familia salieron huyendo de Guerrero cuando el crimen organizado les amenazó con matarles si no pagaban derecho de piso por una frutería que tenían. “Yo siempre digo: aunque sea arrocito con frijol, gloria a Dios. Él siempre nos escucha”, se da ánimos la mujer. “Por fin nos ha llegado la oportunidad y me gustaría que mis hijos tuvieran una carrera para que puedan sobresalir”, dice. “Yo nunca pude ir a la escuela porque éramos muy pobres, pero me gustaría que ellos aprendieran cosas que yo nunca tuve”, afirma.

Ellos son algunos de los más de 8.600 desplazados internos por la violencia que se registraron este año. Entre 2008 y 2023 en México, unas 392.000 personas se han visto obligadas a salir de sus Estados por amenazas del crimen organizado, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés). La mayoría huyen de Guerrero, Zacatecas y Michoacán, pero también, recientemente, se empiezan a ver más personas desplazadas de Chiapas, un Estado que hasta hace poco era tranquilo y que en los últimos años está sufriendo los estragos de la lucha entre los carteles del narcotráfico. Un tercio de las personas en movilidad que llegan a Ciudad Juárez son mexicanos, según datos oficiales.

El incremento de migrantes en la frontera norte obligó a Ciudad Juárez a habilitar más albergues, pasando de dos en 2018 a 35 en la actualidad para dar hospedaje, ropa y comida a quienes lo necesiten. Las imágenes de las ciudades fronterizas saturadas por miles de migrantes dieron paso a pequeños grupos que pueden observarse por el centro de la ciudad, junto a las vías del tren o en las puertas de los albergues. “La llegada de la aplicación permitió una llegada más controlada de estas personas”, señala Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población del Estado de Chihuahua (Coespo). “A quienes pretendan venir, les insistimos que lo hagan a través del medio oficial y que no se dejen engañar por los coyotes y polleros que tratan de venderles la esperanza de cruzar y que, sin embargo, están arriesgando la posibilidad de tener mejores oportunidades en Estados Unidos”, afirma el coordinador.

Coespo trabaja junto a la Oficina Internacional de Migración (OIM) de Naciones Unidas en el Centro de Atención Integral a Migrantes y ofrece servicios de protección y atención humanitaria, canaliza a las personas para recibir apoyos económicos, atención sanitaria o alojamiento en los distintos albergues de la ciudad. También trabaja en conjunto con varias organizaciones como Save the Children, Médicos del Mundo, HIAS o Plan Internacional para brindar apoyo humanitario a estas personas. “Creo que la política migratoria debidamente comunicada es más efectiva que el reforzamiento de seguridad y las vallas. No solo por las decisiones que toma Estados Unidos, sino por las decisiones correlativas que toma el Gobierno de México”, apunta Valenzuela.

En el último sexenio, el Gobierno mexicano reforzó la estrategia de seguridad y dotó a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de facultades de verificación y control migratorio, convirtiéndose en el país latinoamericano que tiene el sistema de detención de migrantes más amplio y reforzado de la región. La estrategia desde entonces ha sido la de contener a los migrantes desde el sur y el centro del país para evitar que las escenas de la frontera llena junto a Estados Unidos se vuelvan a repetir. “Creo que la estrategia ahorita es tratar de cansar a los migrantes y estorbarles”, opina el pastor Juan Fierro.

La securitización migratoria y la militarización de las fronteras desencadenó la organización de caravanas masivas para evitar detenciones. Esta semana cientos de personas salieron en caravana desde Chiapas con el objetivo de llegar caminando hasta Ciudad de México. Muchos de estos migrantes aseguraron a la prensa local que prefieren caminar y arriesgarse al peligro que esperar varios meses a que les llegue la cita. “Frenar a los migrantes en el centro del país es ponerlos más vulnerables porque los ponen a merced de cualquier grupo criminal”, comenta el pastor. “Es mejor que lleguen a un lugar seguro y que el Instituto Nacional de Migración (INM) lleve a cabo este nuevo plan que han anunciado para trasladarlos a la frontera a través de corredores seguros”, agrega. El año pasado 1.148 personas migrantes murieron o desaparecieron en América Latina como consecuencia de la falta de vías seguras o legales para transitar, de acuerdo a la OIM.

CASTIGO DE 5 AÑOS POR ENTRAR DE FORMA ILEGAL

Por su parte, Estados Unidos, desde el 5 de junio de este año, impide que las personas que cruzan irregularmente puedan entregarse a las autoridades para pedir asilo. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden, cualquiera que entre de esta manera podrá ser expulsado y descalificado para entrar al país durante los próximos cinco años. Tanto la Patrulla Fronteriza, la oficina del sheriff de Texas y la Guardia Nacional estadounidense patrullan exhaustivamente el perímetro.

En el cauce seco del río Bravo, conocido como “El Bordo”, pueden verse restos de ropa enganchados en el alambre de espino. En la arena hay balas de goma disparadas por las autoridades estadounidenses para evitar los cruces de personas. Pese a todo, a pocos kilómetros de ahí, bajo un sol que no da tregua, tres chicos lo intentan. No pasan la treintena. Se encaraman a los barrotes en la avenida Rafael Pérez Serna con gran agilidad y trepan velozmente los tres. El primero sube a pulso y muestra el camino a los demás. Un pequeño hueco entre el alambre de espino y el muro les da la oportunidad de saltar al otro lado. En menos de dos minutos lo logran. Lo que pase después, sólo ellos lo saben. El mínimo movimiento o presencia extraña en la zona es monitoreado y vigilado de inmediato, sin embargo, eso no impide que muchas personas sigan tratando de cruzar.