Veta proyecto de ley fronteriza

Arizona

A La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha vetado un proyecto de ley que habría tipificado como delito la entrada de extranjeros al estado desde México por cualquier punto que no fuera un puerto de entrada.

La legislatura, de mayoría republicana, aprobó la medida a finales del mes pasado. Arizona se ha posicionado como una zona popular para cruces ilegales de la frontera, y el proyecto de ley habría permitido a las agencias de policía locales detener a ciudadanos no estadounidenses que entraran al estado desde cualquier lugar que no fuera un punto de entrada legal. Una infracción sería un delito menor de primer nivel, o un delito grave de bajo nivel en caso de reincidencia.

En una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, Hobbs dijo que la medida planteaba problemáticas constitucionales y que habría llevado a costosos litigios.

“Este proyecto de ley no protege nuestra frontera, será dañino para las comunidades y las empresas de nuestro estado, y oneroso para el personal encargado de hacer cumplir la ley y para el sistema judicial del estado”, escribió Hobbs.

La medida se adoptó en un contexto en el que los republicanos de varios estados —en particular de Texas— pregonan políticas de inmigración estrictas en vísperas de las elecciones presidenciales de este año.

La promotora del proyecto de ley, la senadora republicana Janae Shamp, dijo en un comunicado que el veto “es un claro ejemplo del caos que Hobbs está desatando en nuestro estado a la vez que perpetúa esta crisis de fronteras abiertas como cómplice de Biden”.

La ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos de Arizona y Texas dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente y que necesitan facultades estatales más amplias.

No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar a los migrantes que no están autorizados a estar en el país.

Cuando la legislatura de Arizona aprobó su histórica ley migratoria en 2010, consideró ampliar la ley estatal de invasión de propiedad privada para penalizar la presencia de migrantes e impuso sanciones penales.

Pero la sección sobre invasión de propiedad privada fue borrada y reemplazada por el requisito de que los policías, al aplicar otras leyes, interrogaran a las personas sobre su situación migratoria si se creía que se encontraban ilegalmente en el país.