Aprueban fusilamiento
El gobernador republicano de Idaho, Brad Little, sancionó una ley que permite ejecutar a los condenados a muerte mediante pelotón de fusilamiento
Boise, ID.
El gobernador republicano de Idaho, Brad Little, sancionó una ley que permite ejecutar a los condenados a muerte mediante pelotón de fusilamiento, siendo este el estado que más recientemente recurre a viejos métodos de aplicación de la pena capital debido a la escasez de drogas para inyecciones letales en todo el país.
La legislatura aprobó la medida el 20 de marzo por una mayoría a prueba de veto. La ley prevé recurrir al pelotón solamente si el estado no consigue las drogas necesarias para la inyección letal.
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Son cada vez más las empresas farmacéuticas que prohíben el empleo de sus productos para ejecuciones con el argumento de que su intención es salvar vidas. La ejecución de un condenado en Idaho ha sido aplazada reiteradamente debido a la falta de drogas.
Otros estados en años recientes han recurrido a métodos anteriores de ejecución. Mississippi, Utah, Oklahoma y Carolina del Sur han adoptado el fusilamiento si no hay otros métodos disponibles, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La ley de Carolina del Sur está en suspenso debido a un recurso legal.
Algunos estados han refaccionado sus sillas eléctricas por si no se consiguen drogas. Otros han estudiado —y el algunos casos utilizado— métodos de ejecución que no habían sido ensayados. En 2018, Nevada ejecutó a Carey Dean Moore con una combinación inédita que incluía el poderoso opioide sintético fentanilo. Alabama ha construido un dispositivo para ejecutar gente por medio de gas nitrógeno para provocar hipoxia, pero aún no lo ha utilizado.
“Al firmar esta ley, es importante señalar que se puede y debe hacer justicia minimizando el estrés sobre el personal penitenciario”, dijo Little en una carta. “Para los condenados a muerte, un jurado los declaró culpables de crímenes y se los sentenció legalmente a muerte. Es responsabilidad del estado de Idaho aplicar la ley y asegurar que las condenas penales legítimas se cumplan”.