Atrapados en un vacío de poder

EAGLE PASS, Texas

Hugo y Magali Urbina, quienes compraron Heavenly Farms en abril de 2021, al principio dieron la bienvenida a que el estado pagara la factura de una nueva cerca de tela metálica a través de su propiedad a principios de este año como parte de las medidas enérgicas multimillonarias de Abbott contra los cruces fronterizos a lo largo del Río Grande . Pero luego, un día, encontraron que la puerta principal de la cerca estaba bloqueada inesperadamente.

El candado fue puesto allí, dice la pareja, por las autoridades de Texas que han pasado meses arrestando a miles de inmigrantes por cargos de allanamiento de terrenos privados . Pero los Urbina no querían el candado y tampoco la Patrulla Fronteriza que descubrió que impedía la aplicación de la ley de inmigración de la propia agencia y lo quitó.

• La Guardia Nacional de Texas y la policía estatal construyeron una cerca alrededor de Heavenly Farms y pusieron candado.

Ahora, una sola puerta en la frontera de Texas de 1,200 millas ha abierto una nueva disputa sobre cómo abordar los niveles casi récord de migración en la puerta sur de Estados Unidos, una pelea de la que los Urbina dicen que no quieren participar.

“Increíble”, arremetió Abbott en las redes sociales el mes pasado después de que se quitara el candado. “Mientras Texas asegura la frontera, el gobierno federal permite la inmigración ilegal”.

El sector Del Rio de la Patrulla Fronteriza, que incluye Eagle Pass, donde se encuentra la mayor parte de la granja de casi 470 acres, se está convirtiendo rápidamente en el corredor más activo para los cruces ilegales, con miles de personas que pasan cada semana solo por la granja. Es posible que el sector supere pronto al Valle del Río Grande de Texas, que ha sido el centro de atención durante la última década.

Los Urbina no se oponen a la misión fronteriza masiva de Abbott. Pero en el caso de la cerradura, dicen que fue demasiado lejos. Culparon a lo que ven como la falta de un comando único en un área saturada de policías estatales, miembros de la Guardia Nacional de Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza y autoridades locales, todos los cuales se cruzan constantemente y a menudo trabajan en conjunto.

“Todos están haciendo lo que les dicen”, dijo Magali Urbina. “Realmente no es su culpa, pero no hay nadie corriendo o diciéndoles. No hay jefe”.

NO ES UN CASO AISLADO

En septiembre de 2021, los soldados de Texas les dijeron a los agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que impidieran que los migrantes cruzaran el río hacia un campamento de casi 16,000 predominantemente haitianos en Del Río, aproximadamente a una hora en automóvil al norte de Eagle Pass. Las imágenes de los agentes de la Patrulla Fronteriza haciendo girar las riendas de los migrantes dominados provocaron críticas generalizadas, incluso del presidente Joe Biden.

• Migrantes caminan a lo largo de una alambrada hacia los oficiales de la Patrulla Fronteriza.

DESAFÍOS DE ABBOTT

Abbott, que busca un tercer mandato, lanzó su multimillonaria “Operación Estrella Solitaria” el año pasado, creando una presencia abrumadora en la frontera. El tamaño y el costo de la misión han aumentado en desafío a la administración demócrata en Washington:

• Desde julio, el estado ha recogido a 5,600 inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país en Texas y los devolvió a los puertos de entrada en la frontera, una función que ha sido reservada para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En Eagle Pass, los autobuses estatales dejan a los migrantes durante todo el día en un cruce fronterizo con Piedras Negras, México, hasta donde pueden llegar. CBP los libera, creando un flujo circular.

Desde abril, Texas ha transportado en autobús a más de 7.000 inmigrantes a Washington y Nueva York en viajes gratuitos y voluntarios, en un intento de llamar la atención sobre lo que considera políticas fallidas de Biden. Esta semana, Abbott comenzó a enviar autobuses a Chicago , y el primero llegó el jueves a Union Station. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la medida como una “estragia política”.

• Desde el año pasado, el estado ha acusado a más de 4.800 inmigrantes de allanamiento de morada, un delito menor que conlleva una pena máxima de un año de cárcel.