Nueva ley afectará a Texas

AUSTIN, Texas

Una nueva ley estatal radical destinada a perjudicar a los gobiernos municipales más liberales de Texas entrará en vigencia el 1 de septiembre, esa protección enfrenta una amenaza existencial.

El Proyecto de Ley 2127 (HB 2127) de la Cámara de Representantes –también conocido como el Proyecto de Ley de superpreferencia o la "Ley de la Estrella de la Muerte" entre los opositores– pretende regular muchos aspectos del comercio y el intercambio en las jurisdicciones locales que difieren de las directrices impuestas por el Estado.

Aprobada en mayo durante la 88ª sesión legislativa y convertida en ley por el gobernador de Texas, Greg Abbott, un mes después, la norma de preferencia podría afectar las políticas locales que se ocupan de las ordenanzas –incluidos los códigos de agricultura, seguros, trabajo, recursos naturales y ocupación– que contradicen las estatales.

En 2015, El Paso se convirtió en la segunda ciudad del país en salvaguardar a sus trabajadores al aprobar una ordenanza histórica sobre robo de salarios. 

"El propósito de esta Ley es brindar consistencia regulatoria en todo Texas y devolver los poderes regulatorios exclusivos históricos al estado al que pertenecen esos poderes", dice el proyecto, presentado a la legislatura estatal controlada por los republicanos.

Pero los opositores creen que su objetivo es debilitar las ciudades más azules y la capacidad de algunos condados para regular sus industrias y promulgar políticas progresistas. La oficina de Abbott no respondió a las preguntas de El Paso Matters sobre la necesidad de la HB 2127 o sus beneficios.

"La ley de la Estrella de la Muerte es parte de una tendencia de amplios proyectos de ley de preferencia que vemos en los estados controlados por los republicanos en todo el país, en estados como Michigan, Florida y Tennessee, como parte de un esfuerzo mayor para mantener el poder a nivel estatal y castigar gobiernos locales aprueben políticas que la legislatura estatal no apoya", dijo Local Progress Texas, una red de funcionarios liberales de gobiernos locales, en un comunicado de prensa. 

En julio, las ciudades de Houston y San Antonio presentaron una demanda conjunta contra el estado de Texas, alegando que la ley viola la constitución estatal e infringe los derechos de las ciudades autónomas de aprobar sus propias ordenanzas. Y ahora, 32 funcionarios locales electos en todo Texas, incluso en El Paso, firmaron un informe de amicus curiae en apoyo de las ciudades, presentado por Local Progress y Public Rights Project.

Si bien estos líderes locales dicen que aún no pueden conocer el impacto total de la norma en sus municipios, creen que la ley socavará su capacidad para satisfacer las necesidades de sus electores, anulando una gran cantidad de ordenanzas locales y dejando a los gobiernos vulnerables a los litigios.

Cómo responde El Paso

Laura Cruz-Acosta, vocera de la ciudad de El Paso, dijo que la vaguedad de la ley dificulta que los funcionarios sepan con precisión qué ordenanzas se verán afectadas hasta que un tribunal determine que una política local está en conflicto con una contraparte estatal.

"Esto crea una situación en la que las leyes locales pueden ser anuladas cuando no hay una contraparte regulatoria estatal y, en última instancia, busca la derogación de la autonomía constitucional proporcionada a las ciudades", comentó. "También delega a los tribunales para identificar cuáles de las leyes de la ciudad (si las hay) se anulan, lo que puede ser un proceso costoso y lento".

En El Paso, la ordenanza de no discriminación de la ciudad, que previene la discriminación basada en la raza, la orientación sexual, las acciones de salud reproductiva, el peinado o la textura del cabello con respecto al empleo, la vivienda y el alojamiento público, y la ordenanza de prevención del robo de salarios enfrentan una probable invalidación. Una ordenanza de toque de queda centrada en menores, establecida en 1996 y enmendada en 2006, también podría enfrentar el tajo.

Lo mismo podría ocurrir con las políticas relacionadas con el código de agricultura, las condiciones de sequía, los lotes cubiertos de maleza cuando se trata de insectos y abejas, los préstamos depredadores de negocios en el condado, las lesiones en eventos especiales, el código de seguros y el código de ocupaciones, la seguridad en los festivales al aire libre y eventos deportivos, recursos naturales que se ocupan de las quemas incontroladas, basura y vertido de neumáticos, camiones pesados de petróleo, gas y líneas de propano, señaló el comisionado del condado de El Paso, David Stout.

Stout fue uno de los cuatro funcionarios locales que firmaron el reciente informe amicus curiae a favor de las demandas de Houston y San Antonio. También ha ido a las reuniones del comité de la legislatura estatal para abogar en contra del proyecto de ley. Él cree que HB 2127 atará las manos de los funcionarios electos locales, despojándolos de la capacidad de producir respuestas innovadoras y matizadas a las necesidades distintivas de sus electores.

"Somos elegidos para tratar de proteger a nuestra gente de cosas como desastres naturales, otros tipos de crisis, apoyar a nuestra fuerza laboral, proporcionar viviendas seguras, asegurarnos de que tengamos agua potable limpia y muchas otras cosas" dijo. "Las soluciones a todos esos tipos de problemas se ven diferentes de una ciudad a otra y de un condado a otro".

La ley puede prevalecer no sólo sobre las políticas establecidas por los funcionarios electos, sino también sobre las aprobadas por los votantes. Para Stout, la norma es un acto "agresivo" de supresión de votantes, una medida que, en su opinión, pretende anular las voces de los electores progresistas, pero que puede acabar perjudicando a los municipios y votantes conservadores.

"Las implicaciones de la HB 2127 son realmente de gran alcance... destruyendo la idea de autonomía, destruyendo la idea de control local y, en realidad, la democracia", dijo Stout. "Es la definición misma de interferencia estatal. ¿Por qué un grupo de legisladores que rara vez o nunca ha estado en El Paso debería decirle a mi comunidad qué es lo mejor para nosotros?".

La legislación también eliminaría la inmunidad gubernamental, dejando a los condados y ciudades abiertos a litigios civiles por parte de cualquier miembro del público que crea que sus ordenanzas contradicen las políticas estatales.

"Va a ser costoso de defender y manejar para los gobiernos locales y muchos casos en los que la autoridad expresa del condado para regular no está clara", señaló Stout. "El proyecto de ley podría posiblemente enfriar la voluntad del condado de promulgar una norma de orden por temor a la responsabilidad del condado o del funcionario del condado". 

 (Con información de El Paso Matters)