Inician cobro a indemnizados por La Pesca; deben devolver el dinero

Las personas que recibieron indemnización por la expropiación de 42 hectáreas de la Playa La Pesca en Soto la Marina, tendrán que devolver el dinero al Estado, ante la cancelación de expropiación del inmueble, aseguró la consejera jurídica gubernamental, Tania Gisella Contreras López.

Lo anterior, al asegurar que el juicio continúa su curso y que el Estado le ganó de nuevo a los empresarios que se quejaron contra la cancelación de la expropiación de las 42 hectáreas de La Pesca.

La encargada de los temas jurídicos del Poder Ejecutivo Estatal,  explicó que en "este juicio en primera instancia concedió una suspensión, pero fue recurrido por el gobierno del Estado y el  (Tribunal) Colegiado revocó esa suspensión. Por tanto, las cancelaciones al acuerdo de expropiación siguen vigentes. Ese es el estatus actual".

Derivado de lo anterior, los dueños de las 42 hectáreas de La Pesca tienen que devolver el dinero que se les pagó por la indemnización de los terrenos efectuado en el 2021, porque dicha expropiación ya fue cancelada.

"Hoy lo que sucede a partir de la cancelación de esa expropiación es que tendrá que solicitarse a aquel propietario que devuelva lo que recibió por ese concepto, en razón de que ya no existe la expropiación", insistió.

Cuando se publicó la expropiación en el 2021 el Estado indemnizó a quienes ostentaban la propiedad, y en el 2022 el Consorcio Empresarial La Pesca, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, cubrió ese pago con 35 millones de pesos. Los beneficiarios deben reponer el dinero que recibieron.

El consorcio está integrado por 32 empresas y particulares, sin embargo, la consejera jurídica dijo desconocer si las personas físicas y morales que conforman este grupo de empresarios fue prestanombres para la adquisición de los terrenos en la Playa La Pesca, que se ubica como uno de los puntos neurálgicos del turismo en Tamaulipas.

"Ellos participaron de un proyecto de adquisición de estos inmuebles, a partir de las irregularidades evidentes, y además contundentes, es que se determinó por parte de un juez de distrito ordenar al Estado a que revocara". Y detalló que no se trata de un capricho de la nueva administración estatal cancelar la expropiación y transacción ejecutada por el sexenio 2016-2022, sino que fue en cumplimiento a una orden de un juez federal: "Quien ordenó la revocación de las inscripciones y el procedimiento de revocación fue un juez federal y también se recurrió en un Tribunal Colegiado y esta fue la determinación de una autoridad federal, ni siquiera del gobierno del Estado".