Justicia bajo sospecha: Mitad de tamaulipecos mantiene sus reservas sobre fallos

Cd. Victoria, Tam.- En medio de una de las reformas más grandes al Poder Judicial de México para cambiar la forma de elegir a los jueces, magistrados y ministros, el 53% de las personas mayores de 18 años en Tamaulipas creen que la justicia está manchada por la corrupción.

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI señalan que a pesar de ser objeto de diversos delitos, los tamaulipecos prefieren no denunciarlo porque desconfían en los jueces.

En el 2023 el 18.4% de los hogares en el estado de Tamaulipas tuvo, al menos, una víctima de delito, que representa un universo de 209 mil 679 hogares, pero dejan pasar el hecho, ya que las autoridades no detienen a los presuntos culpables, y menos se les dicta una sentencia.

¿EN QUÉ CONFÍAN?

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia en el estado de Tamaulipas, 89.7% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo de confianza, mientras que el nivel de confianza en los jueces es del 69.6%.

Y aunque es superior a la confianza que se les tiene a nivel nacional, que se ubica en 59.1%, en Tamaulipas es de las figuras de autoridad con menos confianza por parte de los ciudadanos. 

Así mismo, 53 de cada 100 entrevistados respondieron que los jueces son corruptos o han cometido actos de corrupción al aprovechar su cargo o jerarquía, pues son quienes emiten sentencias en contra de las personas vinculadas a proceso.

ELECCIÓN DE JUECES

La medición se da luego de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que apoyará la reforma judicial para cambiar a todos los jueces federales a partir del 2025. La misma reforma plantea que los congresos locales deben adecuar sus constituciones para que también se elija a los jueces estatales por el voto directo.

En Tamaulipas, una vez aprobada la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, surtirá efecto en 129 jueces de carácter familiar, civil, penal, de justicia penal para adolescentes, laboral, así como de aquellas otras que pudieran corresponderle, de los cuales 75 son hombres y 43 mujeres.

La Constitución local establece en su artículo 106 que los magistrados y jueces "serán nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica".

En el caso de los magistrados, que en Tamaulipas son 11, el artículo 109 constitucional señala que serán nombrados o ratificados a propuesta del Gobernador del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso".  

Una vez recibida la propuesta, el Congreso tiene 30 días naturales para ratificarlo, en caso de no obtener el respaldo, el Gobernador hará una nueva propuesta, debiendo resolver el Congreso dentro de los quince días naturales siguientes, pero si no lo hace dentro de ese período o la persona no obtiene la mayoría necesaria, el Ejecutivo hará la designación de Magistrado con carácter provisional y formulará una nueva propuesta en el siguiente periodo legislativo.

Mientras que los jueces integrantes del Poder Judicial serán nombrados por el Pleno del Supremo

Tribunal de Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura, según el artículo 118 constitucional.

¿QUÉ HACEN LOS JUECES?

Son la primera instancia en la resolución de controversias en materias civil, penal o administrativa, así como en juicios de amparo indirecto. 

Encabezan los juzgados de distrito y trabajan con secretarios, actuarios y empleados. En síntesis, son los  encargados de dictar sentencias en primera instancia sobre casos penales, civiles, laborales, entre otros.

¿Y LOS MAGISTRADOS?

Los magistrados ejercen su función en los Tribunales Colegiados de Circuito. Son responsables de la segunda instancia del poder judicial y manejan juicios de amparo directos y recursos de revisión contra las resoluciones de los jueces de distrito.

Así como controversias constitucionales locales promovidas por los Poderes del Estado, los organismos autónomos y los municipios, para impugnar actos o normas generales estatales o municipales que invadan su competencia.

Y las controversias constitucionales contra las normas aprobadas por el Congreso local o por un ayuntamiento, contrarias a la Constitución Estatal.