Marchan extrabajadores exigiendo justicia laboral

Altamira, Tam.

Dentro del tradicional desfile llevado a efecto en el municipio de Altamira, un grupo de extrabajadores de lo que fuera la empresa del estado, Hules Mexicanos, exigió una vez más que se les pague el 2.5 por ciento que les corresponde de un fideicomiso por la venta de la empresa.

Refirieron que en 1988 el gobierno federal vendió la empresa a la iniciativa privada en 41 millones de dólares, sin embargo, en las cláusulas se obligaba a los compradores a establecer un fideicomiso en apoyo de los trabajadores que fueron despedidos por un porcentaje del 2.5 por ciento del precio de venta.

Refirieron que han pasado los gobiernos federales y nadie les ha hecho caso, incluso en el Gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador.

“Fuimos con la Secretaria del Trabajo Federal y ya conoce de nuestro caso, sin embargo nos dice que este caso ya está cerrado, pero no es así, porque siempre lo hemos exigido y nunca nos han hecho justicia”, explicó Víctor Jiménez.

Señaló que cuando la empresa estatal Hules Mexicanos fue vendida a particulares, el Gobierno Federal dejó una partida para los trabajadores, pero en vez de hacerse acreedores, prefirieron despedirlos sin liquidaciones, pues los obligaron a firmar documentos en blanco con la promesa de que los volverían a contratar.

“Ya han cambiado como 5 veces de nombre, pero eso no importa, porque los patrones actuales se convierten en dueños sucesores, pues un nuevo patrón adquiere derechos, pero también obligaciones”.

También reclaman más de 160 seguros de vida, contratos que los trabajadores establecieron y pagaron con descuentos en nómina, “y éstos aparecen en los contratos colectivo de trabajo y en ninguna viuda le han pagado el seguro de vida”.

Otra de las peticiones, es la entrega de un fideicomiso por fondo de retiro de los trabajadores, el cual tampoco se les fue entregado.

Ahora, buscan que el Gobierno del Estado les apoye para que poco más de 500 trabajadores o sus viudas, se hagan acreedores a esos beneficios que en su momento bajo la ley estipulada, les dejó el gobierno federal al vender esos activos.