Ríos de dinero de Sedesol a ‘organizaciones civiles’
Febrero 11, 2019 -
Con Enrique Peña Nieto, el gobierno federal alimentó a sus organizaciones clientelares
Meses después de tomar posesión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el priista mexiquense Luis Enrique Miranda Nava decidió otorgar 374 millones de pesos a la agrupación Antorcha Campesina para 2017; de éstos, 87 millones 200 mil pesos se canalizaron en el Estado de México, que ese año tuvo elecciones.
El año anterior, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, la Sedesol había entregado apenas 16 millones 800 mil pesos a esa organización fundada en 1974 por Aquiles Córdova Morán, quien junto con su familia la dirige de forma clientelar y violenta.
Documentos internos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol, elaborados durante la gestión de Miranda Nava, muestran cómo desde esa área se repartieron por debajo de la mesa decenas de millones de pesos a organizaciones sociales. Lo hicieron a través del Programa de Empleo Temporal (PET), de Opciones Productivas y del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).
Más de la sección
Algunas organizaciones beneficiadas con estos recursos, como Antorcha Campesina o el Congreso Agrario Permanente –integrado entre otros por la Confederación Nacional Campesina (CNC)–, están históricamente relacionadas con el PRI. Los diputados y presidentes municipales de Antorcha Campesina enarbolan las siglas de ese partido y algunos políticos utilizan a sus integrantes como “grupo de choque”.
Pero otras, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón y la Central Campesina Cardenista (CCC) son aliados históricos de la izquierda partidista, primero del PRD y luego de Morena, así como de Andrés Manuel López Obrador. Los líderes de estas tres organizaciones son actualmente diputados o senadores por el partido en el poder.
Los documentos que obtuvo Proceso están desglosados por agrupación. En una tabla aparecen los nombres de cada organización, fotografía y nombre de su representante, así como los montos que se les entregaron en 2016 y los acordados para 2017.
La aportación de fondos públicos a las organizaciones sociales no empezó en la administración de Peña Nieto, pero en la gestión de Miranda Nava se encendieron las alarmas en la Sedesol, pues Antorcha Campesina concentró los “apoyos” destinados a la sociedad civil.
Según los documentos, en 2016 la agrupación de Córdova Morán recibió alrededor de 8 millones de pesos del PET y de Opciones Productivas, pero nada del Inaes. Con Miranda Nava, Antorcha Campesina pactó 100 millones de pesos del Inaes, 174 millones del PET y 100 millones de Opciones Productivas.
Las reglas de operación del PET no incluyen apoyos a organizaciones, sino a individuos, en tanto que el gobierno de Peña Nieto financió a través del Inaes 12 mil 974 proyectos –de empresas e individuos– por un total de 2 mil 148 millones de pesos, según los datos oficiales.
La Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Sedesol fungía como enlace en las negociaciones con los líderes de las organizaciones, pero no participaba en la entrega de los recursos.
DINERO PARA TODOS
Miranda Nava conocía esas organizaciones; como subsecretario de Gobernación se había encargado de negociar con sus representantes cuando cerraban calles en la Ciudad de México.
Antes, en 2010, como secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto en la administración mexiquense, Miranda Nava participó en la inauguración de la sede de Antorcha Campesina en Toluca, y según el portal noticioso Sin Embargo acordó otorgarle predios en las inmediaciones de lo que poco después se designó como la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
De acuerdo con los documentos, la Sedesol les dio 260 millones en 2016 y se comprometió a conseguirles 269 para 2017 a las cuatro organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC), que bloqueó la avenida Reforma la semana pasada: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).
El Congreso Agrario Permanente, entonces conformado por ocho organizaciones vinculadas con el PRI –CNC, CCI, UGOCM, CONSUCC, COUC, ALCANO, CAM y UCD– recibió 157 millones en 2016 y Miranda le prometió un monto similar para 2017.
En cuanto a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dirigida por José Narro Céspedes –actual senador de Morena–, recibió 44 millones de pesos en 2016 y 48 millones el año siguiente; mientras que la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores El Barzón, AC, obtuvo 2 millones 350 mil pesos en 2016. Esta organización la encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador por Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La agrupación El Campo es de Todos (integrada por 14 organizaciones entre las que figura la Central Campesina Cardenista dirigida por el diputado plurinominal morenista Max Agustín Correa Hernández) recibió cerca de 200 millones en 2016 y el año siguiente 59 millones.
El pasado 20 de diciembre el expanista coahuilense Javier López Macías, representante de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) –parte de El Campo es de Todos–, criticó la idea de López Obrador de otorgar los recursos de los programas sociales directamente a los beneficiarios.