Pretenden criminalizar, otra vez, la difamación
Enero 17, 2020 - 07:37 a.m.
Pretenden que se castigue con prisión de seis meses a seis años
CIUDAD DE MÉXICO.
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Nuevamente se pretende criminalizar la difamación y con penas más severas de cárcel.
Esta conducta había sido despenalizado en el 2007, pero ahora se busca revivirlo, según señala un proyecto de Código Penal Nacional (CPN), que ha sido atribuido a la Fiscalía General de la República (FGR).
En países como Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China y Myanmar se persigue a los periodistas y se castiga la difamación con cárcel. En América Latina sólo en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, El Salvador y Cuba también castiga penalmente la difamación.
La propuesta al CPN plantea que el artículo 468, fracción V, tipifique como delito contra la cultura cívica la difamación y la castiga con prisión de seis meses a seis años.
"Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización", dice la propuesta de CPN que circuló esta semana.
La difamación merecía un día a dos años de cárcel, hasta que el delito fue derogado en 2007 del código federal y después se fue derogando en los estatales.
Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 advirtió que al revivir el delito de difamación, se pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.
"En la región hay resabios de autoritarismo que se expresa en esta legislación penal que criminaliza la libertad de expresión y es algo que no nos hemos podido sacudir, es muy común en la región que se penalice lo que se conoce como la calumnia", explicó Maldonado.
"Básicamente volvería a poner en un grave riesgo el ejercicio periodístico, máxime que esté en el Código Penal Nacional que será aplicable en todo el territorio, por autoridades del fuero común y del fuero federal".
Recordó que históricamente está comprobado que este tipo de delitos ha sido utilizado como una herramienta del poder para acallar voces críticas, y como ejemplo mencionó la tortura que sufrió Lidia Cacho en Puebla por una acusación de difamación y calumnia.