Planea Trump burlar el pacto migratorio del Congreso con la declaración de emergencia nacional
El líder republicano en el Senado afirma que el presidente firmará la legislación pactada con los demócratas, pero recurrirá a los fondos para catástrofes naturales para construir el muro con México
Donald Trump planea firmar el pacto de financiación que legisladores demócratas y republicanos han logrado y que no cumple con su gran exigencia -5.700 millones para empezar a construir el polémico muro en la frontera con México- pero acto seguido declarará una emergencia nacional, lo que le permitiría construir el muro con fondos para combatir catástrofes naturales. Así lo anunció este jueves por la tarde el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. De esta forma, el presidente evita la gran factura política que le supondría otro cierre parcial del Gobierno -por falta de consenso sobre la financiación- y evita otra de cara a sus bases: la claudicación respecto a la promesa estelar de esa barrera.
Una vez se vote en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo que está previsto para este jueves, y luego lo firme Trump, se habrá evitado otro cierre. Pero se abre un nuevo frente. La declaración de emergencia nacional, de confirmarse, puede provocar una batalla en los tribunales sobre su justificación. Trump arguye una situación de crisis por el flujo migratorio que no se sostiene con las cifras. La Constitución de EE UU establece que ningún dinero puede desviarse desde el Tesoro si no es con una ley del Congreso, pero el presidente puede recurrir a sus poderes especiales en casos de crisis.
La consecución del acuerdo de los legisladores, sobre uno de los asuntos más peliagudos de la actualidad política, había abonado la esperanza de una mayor colaboración bipartita, pese a lo polarizado de la situación política. Ha habido otras señales recientemente: el martes el Senado aprobó con mayoría casi absoluta el mayor plan de protección de zonas naturales en una década, que supone crear más de 1,3 millones de acres (526.000 hectáreas) de suelo protegido, y en diciembre salió adelante la reforma de justicia más relevante en décadas también con abrumadora mayoría. El riesgo, sin embargo, se encuentra ahora en la Casa Blanca.
El acuerdo del Congreso queda a años luz de lo que Trump exigía respecto a su tan traído y llevado muro con México. El coste global de construirlo es de unos 25.000 millones de dólares (unos 22.100 millones de euros) y lo que el presidente republicano reclamaba en este paquete legislativo era una partida de 5.700 millones para empezar. Al final, lo que ha quedado negro sobre blanco son 1.375 millones de dólares para 88 kilómetros de “vallas” y “barreras”, pero sin mención alguna a la muralla de hormigón que prometió.
La búsqueda de vencedores y vencidos en esta batalla puede convertirse en un asunto de léxico, si esos millones en vallado pueden considerarse una primera pieza de ese muro, pero estos ya figuraban en la oferta del pasado diciembre, que los republicanos y Trump rechazaron de plano.
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El martes, recién conocidas las líneas maestras del acuerdo, Trump se mostró derrotado. “No puedo decir que esté contento”, dijo a la prensa en la Casa Blanca. Por la noche, sin embargo, recondujo la situación, pese a no confirmar si firmaría o vetaría el pacto. “Me acaba de exponer el concepto y los parámetros del acuerdo de seguridad fronteriza el muy trabajador senador Richard Shelby. Mirando todos los aspectos y sabiendo que a esto se le enganchará mucho dinero de otras fuentes, tendremos casi 23.000 millones de dólares para seguridad fronteriza. Independientemente del dinero para el muro, está siendo construido mientras hablamos”, escribió en Twitter. Pero con el paso de las horas, y las críticas del sectores más duros del trumpismo, parece convencido de recurrir a la emergencia nacional.
Más allá de los 1.375 millones en vallas, el plan prevé mejoras en la vigilancia en la frontera, más agentes para patrullar y ayuda para los indocumentados detenidos. Además, mantiene la policía de inmigración, que los más progresistas entre los demócratas quieren abolir, aunque contiene su presupuesto, en un intento de reducir el número de retenidos.