Un siglo después (I)

Se inicia este día una serie de textos históricos con el propósito de recapitular en el fragoroso devenir nacional a partir de tres eventos de la mayor singularidad, que se fueron transformando al paso del tiempo para convertir al Anáhuac en el fenómeno político que provocó el asombro de los estudiosos más diligentes del planeta: la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y el Artículo 27 constitucional, el más admirable.

La Revolución comenzó como un movimiento armado con propósitos exclusivamente políticos; pero, al paso de los acontecimientos, se transformó en la primera revolución social del siglo XX, marcando un hito que muchas décadas después fue replicado por naciones avanzadas bajo el concepto de la Tercera Vía. De la Revolución emerge la que habría de ser la Constitución Política más avanzada de su tiempo, copiada por muchos.

Dentro de la Constitución del 17, el artículo 27 adquiere un valor jurídico excepcional, porque en él se encuentra implícito el nacionalismo revolucionario; es el pasaje más extenso y se ocupa de diversos temas: la propiedad, poderes de expropiación, régimen agrario, ordenamiento urbano, protección del medio ambiente, riqueza del subsuelo, de los minerales, etc. De la mayor relevancia: "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos", como se verá.

El Art. 27 recoge y amplia el contenido agrario del decreto del 6 de enero de 1915, que fue promulgado por el presidente de la República, Venustiano Carranza: "Art. 1.-Se declaran nulas: I) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes perteneciente a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas".

Además: "II) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el 1º de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades".

Y: "III) Todas las diligencias de apeo o deslinde, practicadas durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades, de los Estados o de la Federación, con las cuales se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades". Ni decreto ni artículo gustaron a los terratenientes de aquí y de allá.

Los latifundistas mexicanos, con el apoyo de simpatizantes del lado americano, dieron el visto bueno a Adolfo de la Huerta para que, junto con los generales sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se levantara contra Carranza proclamando el Plan de Agua Prieta. En los Estados Unidos, el rico magnate de los medios impresos Randolph Hearst, inició una serie de apremios para que su gobierno diera fin a lo que llamaba aventura revolucionaria y, mediante el ejercito ´poner en paz a los revoltosos´.

El presidente Carranza buscó salvar su gobierno y abandonó la Ciudad de México para irse a refugiar en Veracruz, donde esperaba reorganizar al Ejército Constitucionalista; pero, fue asesinado en el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla, mientras dormía en un jacal, por las tropas del Gral. Rodolfo Herrero, en la madrugada del 21 de mayo de 1920.

Con el asesinato de Carranza se declaró el triunfo de la Rebelión de Agua Prieta; el poder Ejecutivo fue ocupado de manera interino por Adolfo de la Huerta el 1º  de junio de 1920. Finalmente, el 1º de diciembre de 1920, el Gral. Álvaro Obregón asumió el cargo de Presidente de la República. Ahí comenzó el gran desafío.

(Continuará)