Tlatlaya, ¿acusación que exonera?

Con un peligroso entusiasmo de absolución tras el anuncio de que un juez federal (cuyo nombre no se ha hecho público) ordenó la liberación de cuatro de los siete militares acusados de “abatir” a 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, varios periodistas aclamaron la inocencia de los integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente implicados en el caso. 

Los festejos para asumir la vocería de la reivindicación militar pudieron ser más cautelosos y respetuosos de las víctimas, incluso pudieron plantear preguntas dignas de un periodista que indaga. Pero desafortunadamente se lanzaron fuegos artificiales sin que el caso esté concluido, ya que todavía tres de los militares siguen implicados. 

No deja de ser preocupante que en su celebración, opiniones como la de Ricardo Alemán, recurran a desprestigiar a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegurando sin prueba alguna que el trabajo de sus investigadores y profesionistas responde a instrucciones de Emilio Álvarez Icaza, mexicano que actualmente preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya trayectoria ha sido intachable. Desde el punto de vista del señor Alemán, Álvarez Icaza no tiene interés en la defensa imparcial de las víctimas, sino que sus intenciones están puestas en desprestigiar al Ejército. Así que una vez que asegura que la organización está dirigida de facto por el secretario ejecutivo de la CIDH, descalifica el trabajo de ambos y suelta una hipótesis muy aventurada: Aquellos que implican a integrantes del Ejército en la violación de derechos humanos, buscan dañar a la institución. 

¿La verdad lastima a una institución o la libera? ¿Fortalece al Ejército el hecho de que sus dirigentes impidan que integrantes sospechosos de delitos sean interrogados y en su caso juzgados? ¿Individuos u organizaciones que denuncian la violación de derechos humanos a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas son necesariamente enemigos del orden y la paz? 

Me atrevo a suponer que si hay interesados en fortalecer la imagen, la legitimidad, la confianza y la responsabilidad social del Ejército son justamente los defensores de derechos humanos. Dudar, investigar, advertir sobre la posibilidad de que la institución haya sido permeada hasta cierto nivel por el crimen, suponer que entre sus filas hay quienes cometen errores o quienes actúan premeditadamente para eliminar a delincuentes sin los debidos protocolos de derechos humanos es una responsabilidad muy riesgosa pero definitivamente necesaria, si se trata de limpiar y fortalecer a nuestras instituciones. 

Entre los argumentos que eximen de responsabilidad a estos miembros del Ejército quizá podrían tener mayor fuerza los que insisten en la falta de pruebas, sin embargo no se establece quiénes son los responsables de documentarlas y presentarlas. ¿Es el Centro Agustín Prodh el responsable de integrar y acumular pruebas contra integrantes del Ejército? ¿Está facultado para ello? ¿Si alguna organización de derechos humanos pretendiera integrar pruebas, tendría acceso a entrevistar integrantes de las Fuerzas Armadas, visitar con peritos especializados el lugar del “abatimiento de personas”? 

La PGR mantiene abierta la averiguación previa a fin de determinar las responsabilidades correspondientes. ¿Acusaríamos entonces a la procuradora de intentar lastimar a la institución castrense al permitir que se investigue si alguno de los militares violó los protocolos de derechos humanos al atentar contra varias personas sin un juicio previo que demostrara su culpabilidad? 

El caso Tlatlaya, independientemente de lo que los jueces dictaminen, será un referente para entender que las instituciones no se debilitan cuando son cuestionadas, sino cuando desde su dirección se impide cualquier tipo de duda, se cierran puertas a cualquier pregunta y se determina que ningún integrante sea interrogado. No olvidemos que la opacidad y la impunidad encuentran terreno fértil en donde la verdad es esquivada.